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sábado, 4 de octubre de 2025
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Gabriel Cifuentes Ghidini

Gabriel Cifuentes Ghidini

Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

El careo entre las madres de Soacha y varios militares responsables de falsos positivos, es un hecho histórico de inmensa relevancia. Es, quizás, la noticia más importante que se ha registrado en los últimos años. Por primera vez un grupo de oficiales y sub oficiales del ejército, no solo reconoce, sino que también le pide disculpas a un grupo de madres que vieron cómo les arrebataron a sus hijos para hacerlos pasar como muertos en combate.

Los relatos fueron desgarradores; la pincelada de un capítulo doloroso de una guerra que nos valió nuestra misma humanidad colectiva. El acto de reconocimiento y de perdón se llevó a cabo a instancias de los procesos que adelanta actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante más de 12 horas, los militares relataron en detalle cómo retuvieron y asesinaron a más de 100 ciudadanos para obtener los beneficios que les otorgaba una política que premiaba las bajas en combate. Política que, a su vez, según las mismas cifras de la JEP, habría sido la causante de más de 6.402 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.


Además del valor humano del encuentro, en donde ninguna de las partes contuvo sus lágrimas en un genuino acto de catarsis y de redención, la importancia de la audiencia radica en que, por primera vez, se evidencia en el marco de un proceso judicial, la sistematicidad de una política que diferentes sectores han pretendido desmentir. Hoy Colombia no duda de que existió una práctica reiterada, producto de los perversos incentivos y presiones de la alta comandancia para dar resultados operacionales en desarrollo del conflicto armado. Ya fuera por órdenes dirigidas a producir litros de sangre, o vacaciones o cualquier otra prebenda, el ejército, que constitucionalmente tiene la función de defender la vida y la honra de los colombianos, en muchas regiones se convirtió en el verdugo de jóvenes pobres.

Por más de que el mismo presidente de la República insista en que dichos hechos corresponden a situaciones aisladas en cabeza de unas cuantas “manzanas podridas”, lo que queda claro es que, al interior de las fuerzas armadas, o por lo menos en algunas de sus brigadas y batallones, se fraguó una perversa política de muerte que le costó miles de vidas a las madres colombianas.

La verdad es dolorosa, pero es el único camino para cimentar la paz y la reconciliación en nuestro país. Es histórico, acá y en cualquier lugar del mundo donde se haya adelantado un proceso de justicia transicional, que las mismas fuerzas militares reconozcan y pidan perdón por hechos tan oprobiosos y que durante mucho tiempo fueron ocultados por los sectores políticos más retardatarios.

Lo que resulta paradójico es que mientras éramos testigos de la desgarradora audiencia de las madres de Soacha, en el país las fuerzas militares y su ministro protagonizaban sendos escándalos. Por un lado, el comandante Zapateiro, violando abiertamente la Constitución, participaba en política atacando a uno de los candidatos presidenciales bajo la impávida y complaciente mirada del presidente Duque. Por el otro lado, el ministro de la defensa, defendía a capa y espada una operación en Putumayo en donde habrían muerto menores y que le costó el llamado a un debate de control político y una moción de censura.

Y digo que es paradójico porque si algo hemos tenido que aprender de la audiencia sobre los falsos positivos es que no deberíamos usar el prisma político para evaluar y juzgar las acciones de las fuerzas militares. Ha hecho carrera en Colombia un peligroso fetiche que ha capitalizado el sector político que nos gobierna. Hablar de falsos positivos, o de excesos de fuerza o incluso del incumplimiento de estándares de derechos humanos en algunas operaciones militares, equivale automáticamente a mancillar el honor de las fuerzas militares. Advertir el peligro de que haya desvíos en su interior se ha convertido en un sacrilegio. Como si fuera imposible reconciliar la importancia constitucional de las fuerzas militares con el hecho de que, como cualquier institución, pueda tener fallas que merezcan ser atendidas y corregidas.


Si algo ha debido enseñarnos la histórica audiencia de las madres de Soacha es la importancia de reconocer con humanidad y humildad que incluso en el seno de las fuerzas armadas se han cometido fatales errores. Y que es justamente por la importancia que éstas tienen en nuestro ordenamiento constitucional, que resulta trascendental dejar de ensuciar la verdad por meros cálculos políticos.

Lo verdaderamente histórico es conocer la verdad para poder corregir; conocer la verdad para pedir perdón; conocer la verdad para dignificar a las víctimas. Lo histórico es sentar el primer paso para derrumbar los fetiches del negacionismo.