Impuesto mínimo global: fracturas, desafíos y el futuro de la cooperación fiscal internacional
El acuerdo de la OCDE que fijó un impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales fue celebrado como histórico, pero rápidamente se convirtió en símbolo de una cooperación vacía.
Las presiones geopolíticas de Estados Unidos y las resistencias europeas han puesto en evidencia un modelo en crisis que requiere una transformación profunda hacia una auténtica justicia fiscal global.
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El impuesto mínimo global del 15%: un acuerdo que nació debilitado
El acuerdo alcanzado por 136 países en el seno de la OCDE en 2021 estableció una tasa mínima de tributación para las corporaciones multinacionales del 15%. Sin embargo, la cifra fue el resultado de un compromiso a la baja, que sacrificó las propuestas más ambiciosas en nombre del consenso.
Durante las negociaciones, Estados Unidos propuso una tasa del 21%, mientras que la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), liderada por economistas como José Antonio Ocampo y Ricardo Martner, defendió una tasa del 25%, equivalente al promedio de los países de altos ingresos de la OCDE.
La oposición de países europeos con regímenes fiscales favorables —como Irlanda, Países Bajos o Luxemburgo— terminó imponiéndose. El resultado: un acuerdo considerado insuficiente por economistas como Joseph Stiglitz, quien afirmó que “los gobiernos han antepuesto los intereses de las multinacionales a los de los ciudadanos comunes”.
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El papel de Estados Unidos: de garante a saboteador
La actuación de Estados Unidos ha sido determinante para explicar el estancamiento actual de la reforma fiscal internacional. Si bien la administración Biden firmó el acuerdo global, la administración Trump logró vaciarlo de contenido mediante tácticas de presión.
Uno de los episodios más controvertidos fue la introducción de la llamada “sección 899”, una disposición que buscaba gravar con un 20% los ingresos de residentes extranjeros provenientes de países con “fiscalidad desleal” hacia las empresas estadounidenses. Bajo amenaza de sanciones, el G7 terminó cediendo: las multinacionales estadounidenses quedaron exentas del impuesto mínimo global.
Para Markus Meinzer, de Tax Justice Network, la concesión significó la derrota del acuerdo: “Un barco con un agujero del tamaño del Estado estadounidense no puede flotar”. El precedente tuvo efectos inmediatos. Canadá, tras recibir amenazas arancelarias de Trump, renunció a aplicar impuestos a las actividades digitales de las tecnológicas de EE. UU.
La disputa institucional: ¿OCDE o Naciones Unidas?
Más allá de los porcentajes, el debate sobre la reforma fiscal internacional gira en torno a dónde debe tomarse la decisión. Economistas como Thomas Piketty sostienen que la OCDE actúa como un “club de países ricos” que protege sus intereses y excluye al Sur Global.
El nuevo consenso entre académicos y líderes políticos apunta hacia una convención fiscal global bajo el marco de la ONU, donde participen todos los países en igualdad de condiciones. El objetivo no sería solo recaudar más impuestos en las economías avanzadas, sino redistribuir los ingresos hacia las naciones más vulnerables, en función de su población, necesidades sociales y exposición al cambio climático.
Esta visión convertiría la fiscalidad global en un instrumento de justicia y reparación: un mecanismo que financie el desarrollo sostenible y las transiciones climáticas del Sur Global, en lugar de perpetuar su dependencia.
Hacia una justicia fiscal global: propuestas y estrategias
Los defensores de una justicia fiscal global plantean un cambio estructural en el orden económico. Entre sus principios figuran:
- Evitar la regresividad fiscal: asegurar que los grandes patrimonios y las corporaciones paguen al menos lo mismo que la clase media o las pymes.
- Financiar el desarrollo sostenible: destinar los recursos a educación, energía limpia, infraestructura y mitigación climática.
- Coaliciones de voluntad: formar alianzas entre países dispuestos a actuar sin unanimidad, incluso sin EE. UU.
- Sanciones a los no cooperantes: imponer medidas comerciales y financieras a los países que bloqueen la cooperación fiscal.
- Reforma sistémica integrada: vincular la fiscalidad global con la reforma del sistema monetario y comercial, incluyendo el uso de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI para financiar el clima.
El cambio implicaría que los países de ingresos medios y bajos tengan voz decisiva en la distribución de los beneficios tributarios generados por las multinacionales.
Desafíos técnicos: gravar la economía transfronteriza
Una de las mayores dificultades de la reforma fiscal internacional es la tributación de la economía digital y de servicios transfronterizos.
El economista José Antonio Ocampo advierte que el debate no puede centrarse solo en las empresas digitales, que representan menos del 20% del comercio de servicios. El reto consiste en gravar actividades sin presencia física, pero con una presencia económica significativa en un país.
Para los países en desarrollo, Ocampo propone una fórmula simplificada: tomar los ingresos brutos generados localmente, aplicar la tasa media global de beneficio de la empresa y calcular así la base imponible. En el caso de empresas como Google o Meta, el desafío mayor es valorar los beneficios obtenidos de los datos de los usuarios, un recurso intangible que requiere reglas globales de asignación.
Un sistema en crisis: el fin del dominio fiscal estadounidense
La crisis del impuesto mínimo global simboliza un cambio más profundo: el declive de la hegemonía estadounidense. Su peso en el PIB mundial ha caído del 40% tras la Segunda Guerra Mundial a menos del 20% hoy, y podría caer por debajo del 10% para 2050.
Según Thomas Piketty, esta pérdida de influencia explica la agresividad de Washington frente a los intentos de crear un orden económico más democrático. Sin embargo, el debilitamiento de su poder abre una oportunidad para avanzar hacia un sistema fiscal internacional más equitativo.
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Como resume Joseph Stiglitz, “es inaceptable que los gobiernos renuncien a ingresos públicos precisamente de los actores más poderosos”. La justicia fiscal global, más que una aspiración moral, se ha vuelto una condición necesaria para financiar el desarrollo, reducir las desigualdades y enfrentar la crisis climática.
