Impuestos saludables en Colombia: Impacto en el cambio alimentario y la salud pública
El cambio alimentario en Colombia ha impulsado el debate sobre los impuestos saludables y su impacto en la economía, la salud pública y el consumo de ultraprocesados.
El cambio alimentario, también llamado transición alimentaria o nutricional, se refiere a los cambios en los hábitos de consumo y en las características alimentarias de una población, generalmente asociados al desarrollo económico, la urbanización y la globalización. Este proceso implica una transformación en la dieta y en los niveles de actividad física, lo que conlleva impactos en la salud pública. Es ahí donde surgen los impuestos saludables.
En medio de este contexto de aumento del consumo de productos procesados y ultraprocesados, una de las soluciones que se han implementado han sido los impuestos saludables, que en Colombia han estado enmarcados en un debate interminable.
Mientras algunos sectores aseguran que tienen un impacto positivo en la transformación de los hábitos alimentarios, otros piensan que, dado el contexto de pobreza y de regresividad tributaria, estos impuestos causan perjuicios en la economía.
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Cambio alimentario en Colombia
De acuerdo con un estudio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Colombia, los cambios en el sistema alimentario han estado influenciados por diversos factores estructurales, intermedios y singulares. Entre ellos está una variabilidad climática más extrema en comparación con el pasado.
Además, el acceso al agua limpia, que antes era abundante, se ha visto afectado por la contaminación, la sequía y el racionamiento. Factores como la minería, el uso de petróleo y la tala de árboles han degradado los ecosistemas, alterando los ciclos del agua.
Otro aspecto clave de los cambios estructurales es el uso del suelo. En el pasado, las zonas rurales se dedicaban al cultivo de alimentos, mientras que en la actualidad, muchas tierras han pasado a tener una vocación diferente. Actualmente, de la frontera agrícola calculada en 43 millones de hectáreas, se siembran apenas el 14% (UPRA).
Esta situación es producto en buena medida de los Tratados de Libre Comercio y la importación de alimentos, que alcanza a cubrir el 30% de la demanda con 15 millones de toneladas de comida comprada de otros países, de acuerdo con datos revelados por la exministra de Agricultura Cecilia López.
Así, varios municipios han dejado de ser despensas de alimentos y los precios han quedado cada vez más expuestos a las volatilidades del mercado internacional. Ante este panorama, los impuestos saludables han sido propuestos como una herramienta para mitigar los efectos negativos de la globalización alimentaria y fomentar el consumo de productos locales menos procesados.
Cambios demográficos
Al mismo tiempo, la participación de la mujer en el mercado laboral ha aumentado, en contraste con la baja inclusión laboral femenina de décadas anteriores. Paralelamente, el envejecimiento de la población rural se ha acentuado debido a la migración de los jóvenes hacia las ciudades en busca de oportunidades económicas. Esto ha llevado a una disminución del número de hijos en los hogares.
Determinantes intermedios
Desde un punto de vista intermedio, las ayudas del Estado han cambiado su enfoque. Antes, se entregaban subsidios en especie, como alimentos, semillas y animales, lo que incentivaba la producción agrícola local. Actualmente, el modelo ha migrado hacia subsidios en dinero, lo que ha impulsado la creación de dependencias económicas.
En muchos casos, el dinero recibido no se invierte en alimentos, sino en otros bienes y servicios. Esta tendencia ha reforzado el consumo de productos ultraprocesados, lo que ha llevado a gobiernos de distintos países a implementar los impuestos saludables como estrategia para corregir el impacto negativo de estos cambios en la alimentación de la población.
Cambios singulares
En términos de hábitos de consumo y prácticas alimentarias, las cocinas han cambiado significativamente. En el pasado, los espacios de cocina eran amplios y favorecían la preparación de alimentos caseros y naturales. Sin embargo, hoy en día, las cocinas más pequeñas limitan la preparación de alimentos, lo que ha llevado a un mayor consumo de productos industrializados y comidas fuera del hogar. También se ha incrementado la oferta de alimentos ultraprocesados y de domicilios de comida rápida, lo que ha transformado los patrones de alimentación de los colombianos.
Además, las familias han disminuido su tamaño en comparación con generaciones anteriores, lo que ha afectado las dinámicas de preparación y consumo de alimentos en el hogar. Como respuesta a esta realidad, se han promovido políticas públicas que buscan modificar estos hábitos, entre ellas los impuestos saludables, con el objetivo de desincentivar el consumo de productos que contribuyen a enfermedades no transmisibles.
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Cambio alimentario y aumento de enfermedades
La transición alimentaria ha llevado a un incremento en el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, lo que ha repercutido negativamente en la salud pública. Estos productos, caracterizados por su alto contenido en azúcares refinados, grasas saturadas y sodio, contribuyen al desarrollo de diversas enfermedades crónicas tales como la obesidad y sobrepeso, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, cáncer y problemas de salud mental.
La rápida adopción de dietas basadas en productos ultraprocesados, especialmente en países en desarrollo, ha generado una «doble carga» de malnutrición, donde coexisten la desnutrición y la obesidad, junto con las enfermedades crónicas asociadas. Para reducir estos efectos, los impuestos saludables han sido implementados en distintos países, demostrando en algunos casos una reducción en el consumo de bebidas azucaradas y productos con alto contenido calórico.
Impuestos saludables
A raíz de la situación del aumento del consumo de ultraprocesados y su efecto en la prevalencia de enfermedades no transmisibles, desde 2015, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han promovido la implementación de estos impuestos.
Actualmente, alrededor de 74 países han adoptado estas medidas, con resultados mixtos en cuanto a su efectividad para disminuir el consumo y mejorar la salud pública. Entre los cuales se encuentra Colombia, que lo empezó a aplicar desde noviembre de 2023, y hasta diciembre de 2024 generaron 2,2 billones de recaudo.
La aplicación de estos impuestos en Colombia ha generado polémica, pues los tenderos y los consumidores se han visto afectados. Además, por ser un impuesto indirecto, expertos aseguran que se suma a la regresividad del sistema tributario, que se caracteriza, de acuerdo con datos del Centro de Estudios del Trabajo, porque cerca de la mitad de los impuestos son indirectos (regresivos). A pesar de estos cuestionamientos, defensores de los impuestos saludables argumentan que, a largo plazo, pueden reducir el gasto público en atención médica y fomentar hábitos más saludables.
Impuestos saludables en el contexto colombiano
El debate de los impuestos saludables continúa. Según una investigación de Sapien Labs en 2023, Colombia ocupa el quinto lugar en consumo de alimentos ultraprocesados en Latinoamérica. En 2023, la pobreza monetaria en Colombia se situó en el 33%, lo que equivale a 16.708.153 personas en situación de pobreza monetaria. Durante el mismo año, la tasa de incidencia de pobreza multidimensional a nivel nacional fue del 12,1%.
En 2024, se reportó que 19,2 millones de colombianos enfrentaron insuficiencia alimentaria, indicando que una parte significativa de la población aún tiene dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Para garantizar la seguridad alimentaria en Colombia y reducir la dependencia de importaciones, es fundamental fortalecer el sistema agroindustrial, impulsando la producción local y generando cadenas de valor que favorezcan a los productores nacionales.
Además, es necesario transformar las relaciones comerciales para disminuir la importación masiva de alimentos y fomentar el consumo de productos nacionales, promoviendo así la soberanía alimentaria. El fortalecimiento de programas públicos como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) es fundamental para garantizar una nutrición adecuada en la infancia y combatir la desnutrición desde una etapa temprana.
Asimismo, la inversión en prevención en salud y en programas de recreación y deporte es esencial para incentivar hábitos alimenticios saludables y reducir la prevalencia de enfermedades asociadas a una mala alimentación, como la obesidad y la diabetes.
