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Inequidades en acceso a las vacunas y el poder de Pfizer

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Bernardo Useche
Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, PHD en Sexualidad Humana del IASHS de San Francisco, CA y PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston.

Mientras escribo esta columna, se encuentra reunido en Roma el grupo de los 20 países con las economías más desarrolladas en el mundo. En medio de una agenda complicada y sin la presencia de los líderes de China y Rusia, los mandatarios del G20 debieron recibir una carta abierta firmada por el director de la Organización Mundial de la salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el director de la Oficina Internacional de Migraciones.  La carta es un mensaje de urgencia para que se tomen medidas que garanticen el acceso de vacunas en los países más pobres y por quienes la pobreza continúa expulsando de sus propios países. Otra carta en el mismo sentido fue enviada por dirigentes de países africanos.

Al interior de cada país, la pandemia no ha afectado a todos los habitantes por igual, dadas las enormes desigualdades económicas existentes. En Colombia, el mayor número de personas infectadas y el mayor número de fallecimientos ha ocurrido entre los más pobres. A su vez, la estrategia de salud pública global que busca proteger al 70% o más, de la población en cada país mediante la vacunación, no deja de ser una ilusión.  Los 30 países más pobres del mundo no han vacunado todavía al 2% de sus habitantes. En la carta enviada al G20 se lee: los países ricos, por cada 100 habitantes han administrado 133 dosis; en los países pobres, por cada 100 habitantes se han aplicado únicamente 4 dosis.

El problema de fondo reside en las normas de propiedad intelectual de los productos farmacéuticos, establecidos en la Organización Mundial del Comercio, normas que otorgan, mediante patentes, el monopolio del negocio de las vacunas, en virtud del cual, unas cuantas empresas trasnacionales establecen precios impagables por los países de las economías más débiles y que incrementará significativamente la deuda externa de los países de medianos ingresos. La magnitud de la pandemia y el monopolio otorgó a las compañías productoras y comercializadoras de las vacunas un poder político aún mayor al que tenían previamente y las ubicó en una posición que les ha permitido imponer condiciones onerosas en los contratos que negocian con los distintos gobiernos. 

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“El poder de Pfizer” es el título de un informe publicado el pasado 19 de octubre por la organización norteamericana Public Citizen en el que se analizan los condicionamientos impuestos por Pfizer al Reino Unido, la Unión Europea, Brasil, Perú, Estados Unidos, Chile, Albania y Colombia (puede ver el informe aquí).

En estos contratos se imponen a los gobiernos compradores entre otras arbitrariedades, un total hermetismo sobre los términos de la negociación y las cláusulas acordadas. Se prohíbe hacer donaciones de las vacunas compradas y en el caso de Brasil, recibir donaciones de vacunas Pfizer compradas por otros países. Colombia ya recibió donaciones de Estados Unidos, pero no de vacunas Pfizer. 

En particular el gobierno colombiano aceptó: Eximir a Pfizer de responsabilidad por problemas que pudiera causar su vacuna o por incumplimientos en los tiempos de entrega; renunciar a la soberanía jurídica y tramitar cualquier disputa en tribunales privados de la jurisdicción de Nueva york; pagar las decisiones de esos tribunales con activos del Estado que pueden incluir cuentas bancarias en el exterior o empresas estatales. 

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Pfizer, que al parecer se reserva el derecho de producir vacunas haciendo uso de información de otras casas farmacéuticas, acordó además con Colombia que, si otro fabricante de vacunas demanda a Pfizer por violar normas de propiedad intelectual, Colombia debe responsabilizarse de defender a Pfizer y pagar por la demanda. 

Lo curioso es que tanto Pfizer como el gobierno de Colombia se han opuesto a la solicitud de suspender en la Organización Mundial del Comercio, las normas de propiedad intelectual para medicamentos y vacunas al menos durante la pandemia.  Solo así, sin las patentes y sin las restricciones vigentes, otras compañías y otros países podrían producir vacunas y reducir los precios durante la pandemia. Sin duda se beneficiaría la población mundial pues a más personas en cualquier lugar del mundo sin vacunar, mayor transmisibilidad del virus a nivel global. La suspensión, así fuera temporal, de las patentes, sería la solución más efectiva a las inequidades existentes en el acceso a las vacunas entre países ricos y países pobres. ¿Se atreverán las economías más fuertes representadas en el G20 a ir más allá de proponer el aumento de donaciones a países más necesitados?

Bernardo Useche e1623693783743
Bernardo Useche
Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, PHD en Sexualidad Humana del IASHS de San Francisco, CA y PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston.

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