La desigualdad persiste pese a la reducción de la pobreza en Colombia
La pobreza en Colombia disminuye, pero la desigualdad persiste y se agudiza con la crisis fiscal y el presupuesto de 2026.
En los últimos años, Colombia ha mostrado una leve mejoría en los indicadores de pobreza monetaria. Según el DANE, en 2024 esta se redujo a 31,8%, la cifra más baja en trece años. Sin embargo, este avance no garantiza equidad ni bienestar general, pues más de 16 millones de personas siguen viviendo en condiciones de pobreza y la desigualdad continúa marcando profundamente la realidad social.
El contraste entre el crecimiento económico y el estancamiento en la movilidad social evidencia un problema estructural que se agrava con la crisis fiscal y las discusiones sobre el presupuesto de Colombia 2026. Esta brecha resalta que el progreso económico no siempre se traduce en oportunidades reales para todos y pone de relieve la necesidad de políticas públicas más inclusivas y efectivas.
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Pobreza en Colombia: mejora estadística sin transformación profunda
La reducción de la pobreza monetaria se explica en parte por transferencias estatales y subsidios que protegieron a muchos hogares durante los últimos años. Sin embargo, este progreso es frágil. El 30,5% de la población es vulnerable y corre el riesgo de caer en pobreza ante cualquier crisis. En el área rural, casi la mitad de los habitantes está en esa situación, lo que refleja la debilidad de las oportunidades económicas en el campo.
Además, la pobreza en Colombia medida de manera multidimensional (que considera factores como acceso a salud, educación, empleo digno y vivienda) sigue rondando el 11,5%. Esa cifra muestra que las condiciones de vida apenas han cambiado y que muchos hogares no cuentan con los medios para una movilidad social sostenible.
La desigualdad social en Colombia: un muro difícil de superar
La reducción de la pobreza no ha resuelto el problema más profundo como la desigualdad social en Colombia. Mientras que departamentos como Chocó y La Guajira registran tasas de pobreza superiores al 65%, en zonas más desarrolladas como Cundinamarca y Caldas, las cifras son tres veces menores. Este contraste evidencia una fractura territorial que el crecimiento económico no ha logrado cerrar.
Las brechas se extienden también a la calidad de la educación, la cobertura de servicios básicos y las oportunidades laborales. En las ciudades principales, un trabajador con educación superior tiene mayor probabilidad de acceder a empleos formales, mientras que en regiones apartadas gran parte de la población depende de la economía informal y de actividades de baja productividad. En este sentido, la desigualdad no solo es de ingresos, sino también de oportunidades para progresar.
Subsidios y gasto social: logros dependientes de apoyos estatales
Los avances en la pobreza en Colombia han dependido de transferencias monetarias, programas sociales y gasto contracíclico. Sin estos apoyos, la pobreza sería mucho más alta. Eso significa que, en lugar de un cambio estructural en el mercado laboral, lo que sostiene la reducción son subsidios que alivian de manera temporal la situación de millones de familias.
Este modelo, aunque útil en el corto plazo, es insostenible si el Estado no logra generar ingresos suficientes y si la economía no produce empleos formales de calidad. Aquí surge un riesgo enorme: la crisis fiscal en Colombia amenaza con limitar los recursos disponibles para continuar financiando los programas sociales que amortiguan la pobreza.
Crisis fiscal en Colombia: un obstáculo para la equidad
Colombia atraviesa en 2025 una crisis fiscal histórica. El déficit del gobierno central supera el 6% del PIB y la deuda pública ronda el 63%, muy cerca del límite internacional recomendado. Esta situación compromete la capacidad del Estado para sostener un gasto social amplio y sostenido.
El presupuesto proyectado para 2026 asciende a $546 billones, una cifra récord, pero está altamente desfinanciado. La mayor parte de los recursos se destina al gasto de funcionamiento, que creció mucho más rápido que los ingresos. Mientras tanto, rubros claves como inversión social y obra pública corren el riesgo de recortes, justo en un momento en el que millones de colombianos aún dependen de ayudas estatales para sobrevivir.
El presupuesto de Colombia 2026, más que un instrumento de desarrollo, se convierte en un campo de batalla fiscal, cómo equilibrar las cuentas sin desmantelar el apoyo social que mantiene a millones de personas fuera de la pobreza extrema.
Impacto en educación, salud y regiones
Uno de los efectos más visibles de la crisis fiscal será la presión sobre sectores estratégicos. Educación y salud, pilares de la movilidad social, podrían ver reducida la inversión, con consecuencias directas en cobertura, calidad y acceso. Asimismo, gobernaciones y alcaldías ya enfrentan la obligación de asumir responsabilidades que antes correspondían al nivel nacional, lo que limita su capacidad de invertir en infraestructura y servicios locales.
Las regiones más rezagadas, donde la pobreza es más alta, serán las más afectadas. Si no llegan recursos suficientes, se ampliará la brecha entre territorios, profundizando la desigualdad y haciendo aún más difícil romper el ciclo de la pobreza.
La pobreza en Colombia muestra avances en las cifras, pero la desigualdad social permanece como un obstáculo central. El crecimiento económico en Colombia, aunque positivo, no se ha traducido en empleos formales ni en ingresos sostenibles para la mayoría. La reducción de la pobreza depende en gran medida de subsidios, lo que plantea un riesgo ante la crisis fiscal en Colombia y las restricciones del presupuesto 2026.
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El país enfrenta un serio problema o logra diseñar políticas que fortalezcan el empleo digno y la equidad regional, o corre el riesgo de retroceder en los logros sociales recientes. La verdadera medida del desarrollo no será la reducción estadística de la pobreza, sino la capacidad de superar la desigualdad que sigue limitando el futuro de millones de colombianos.
