Las matrículas de colegios en Colombia se desploman: ¿por qué 800 colegios ya cerraron y cuántos más desaparecerán?
Bogotá ya suma 35 cierres en 2025, sobre todo en estratos 1, 2 y 3. Caen las matrículas de colegios.
Las matrículas de colegios en Colombia están dando forma a una crisis silenciosa que ya transforma el mapa educativo del país: la caída sostenida en el sector privado y el cierre acelerado de instituciones, un fenómeno que golpea con mayor fuerza a los colegios que atienden a los sectores populares y de clase media.
Lo que durante años se leyó como un ajuste posterior a la pandemia hoy tiene rasgos de reordenamiento estructural, con colegios que desaparecen, familias que migran de sector y un Estado que aún no logra responder al nuevo escenario.
La señal más clara está en Bogotá. Cifras de la Asociación de Colegios Privados de Colombia (Acopricol) indican que 35 establecimientos cerraron durante 2025, y el impacto se concentra en instituciones que atienden estratos 1, 2 y 3.
No es un dato marginal: ese segmento representa entre el 87% y el 90% de la oferta privada del país. Es decir, el cierre no golpea principalmente a colegios de élite, sino a los que sostienen la educación privada popular y de clase media.
A este escenario se suma una alerta que ya proyecta tensiones hacia 2026. El aumento del salario mínimo encendió las alarmas del sector, porque muchos colegios enfrentan un incremento fuerte de costos mientras sus ingresos siguen contenidos por la regulación oficial.
Matriculas colegios Colombia: una caída que ya no es coyuntural
Hablar de esta tendencia como un fenómeno coyuntural se queda corto. Los datos muestran un cambio de fondo. Menos nacimientos, migración hacia la educación oficial y pérdida de poder adquisitivo de los hogares han reducido de manera sostenida las matrículas de colegios privados en las principales ciudades.
Bogotá ilustra con claridad este proceso. La matrícula privada pasó de 536.109 estudiantes en 2017 a 431.138 en 2024, una pérdida cercana a 105.000 alumnos en siete años, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Básica y Media. La cifra no solo explica cierres. También da cuenta de fusiones, reducción de jornadas, recortes de personal y la reconversión de colegios en jardines infantiles u otros servicios educativos de menor escala.
El impacto no es homogéneo. Los más golpeados son los colegios pequeños y medianos, especialmente aquellos que dependen de pensiones relativamente bajas para ser accesibles a familias de ingresos medios y populares.
En ese contexto, perder 20 o 30 estudiantes puede marcar la diferencia entre sostener la nómina o entrar en déficit, haciendo cada vez más frágil la sostenibilidad de las matrículas de colegios privados.
El cierre de colegios una crisis que rompe comunidades y deja vacíos educativos
El cierre de un colegio suele narrarse como un fracaso empresarial, pero esa lectura resulta incompleta. Una institución educativa no es solo una unidad económica: es empleo formal, tejido comunitario y una pieza clave del sistema de cuidado cotidiano para miles de familias.
Cuando un colegio cierra, no solo desaparece un servicio educativo. Se pierden puestos de trabajo, se rompen vínculos pedagógicos y se desarticulan rutinas familiares. En barrios y periferias urbanas, donde muchas de estas instituciones operan, la educación privada ha venido cubriendo vacíos de cobertura que el sistema público no siempre logra resolver con rapidez, amortiguando durante años la presión sobre las matrículas de colegios oficiales.
Inflación, poder adquisitivo y costos operativos: la presión real en los colegios
La crisis no se explica sólo por factores demográficos. También responde a la economía cotidiana de los hogares. Con una inflación persistente, las familias han visto erosionado su ingreso disponible y han tenido que reordenar gastos. En ese ajuste, la educación privada se vuelve cada vez más difícil de sostener.
Al mismo tiempo, los colegios enfrentan costos que crecen incluso por encima del IPC. Suben los servicios públicos, los arriendos, los insumos y los gastos asociados a la operación. El principal rubro, la nómina, se encarece aún más cuando el salario mínimo aumenta de manera significativa, profundizando el desbalance entre ingresos y matrículas de colegios efectivamente pagadas.
Salario mínimo sube más de 23% y matrículas topadas: el choque que viene en 2026
Aquí se concentra la tensión central del debate público. El Ministerio de Educación fija topes máximos para el incremento de matrículas y pensiones en colegios privados. Para 2026, el aumento parte del IPC interanual y puede sumar puntos adicionales por criterios como educación inclusiva o reconocimiento salarial docente, lo que llevaría el techo total a alrededor de 9,1% en algunos casos.
La lógica es proteger la capacidad de pago de las familias. El problema es que, en paralelo, los colegios enfrentan aumentos mucho más altos en sus costos laborales, especialmente por el ajuste del salario mínimo. El resultado es un sistema atrapado entre dos riesgos: expulsar estudiantes si se encarece la educación o empujar al cierre a instituciones cuya viabilidad depende de sostener las matrículas de colegios en niveles mínimos.
Estratos 1, 2 y 3: el cierre que profundiza desigualdades
Los cierres se concentran en instituciones que atienden estratos 1, 2 y 3, precisamente donde la educación privada funciona como una alternativa de cercanía y continuidad para familias trabajadoras. Cuando un colegio de este segmento desaparece, las consecuencias no se limitan a cambiar de institución.
Muchas familias enfrentan mayores tiempos de desplazamiento, costos indirectos más altos y cambios en rutinas de cuidado. En algunos casos, el traslado implica pasar a servicios educativos con menor supervisión o a cupos oficiales que no siempre crecen al ritmo de la demanda, tensionando aún más las matrículas de colegios públicos.
¿Cuántos más podrían desaparecer? La pregunta incómoda para 2026
Si el mercado educativo privado popular ya venía debilitado por la baja natalidad y la pérdida de poder adquisitivo, 2026 podría acelerar el ajuste. Con costos laborales creciendo por encima de los ingresos regulados, muchos colegios quedarán atrapados entre sostener su operación o recortar su funcionamiento, justo cuando las matrículas de colegios siguen mostrando una tendencia descendente.
Las salidas que aparecen no son alentadoras: reducción de personal y sobrecarga docente, recorte de servicios que sostienen la calidad educativa o migración hacia esquemas informales para sobrevivir. Todas deterioran derechos laborales, aprendizajes y bienestar estudiantil. Y lo más grave es que un colegio que cierra rara vez logra reabrir con la misma comunidad y continuidad pedagógica.
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El problema, además, expone una fragilidad más amplia. La educación oficial depende en gran medida del Sistema General de Participaciones, cuyos recursos se concentran en nómina y funcionamiento, con márgenes limitados para expandir cupos e infraestructura al ritmo que exigen los territorios. Cuando la matrícula se desplaza del sector privado al público, muchas entidades territoriales no pueden responder de inmediato.
El resultado es previsible: más presión sobre el sistema, aulas más llenas y una experiencia educativa más desigual, justo cuando el país debería estar cerrando brechas. La evolución de las matrículas de colegios se convierte así en una señal de alerta sobre la sostenibilidad del modelo educativo y sobre quiénes terminan asumiendo el costo del ajuste.
