En los territorios más alejados del país, donde la institucionalidad enfrenta grandes retos para garantizar derechos y oportunidades, la participación ciudadana adquiere un valor aún mayor. En Leticia, las juventudes organizadas han venido desarrollando un proceso sostenido de incidencia y veeduría, que demuestra que la democracia no es solo un principio constitucional, sino una práctica que se construye desde la acción ciudadana.

En Colombia, la participación juvenil cuenta con un marco jurídico claro. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil, establecido en la Ley 1622 de 2013 y fortalecido por la Ley 1885 de 2018, reconoce a las juventudes como sujetos de derechos y establece mecanismos institucionales para que puedan incidir en las decisiones públicas que afectan sus vidas y sus territorios.

Estas normas no se limitan a declaraciones gaseosas. La ley establece espacios concretos de diálogo entre los gobiernos locales e instancias del sistema de participación juvenil. Estos mecanismos buscan garantizar que la voz de las juventudes sea escuchada en la formulación y seguimiento de las políticas públicas. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con lo que establece la ley.

Años sin cumplir la ley

En Leticia, la juventud organizada ha tenido que insistir reiteradamente en el cumplimiento de estas disposiciones. Durante los últimos dos años, diferentes mecanismos previstos en la Ley de Juventud no se habían implementado plenamente. Entre ellos, la sesión del Consejo Municipal de Política Social relacionada con juventudes, las sesiones conjuntas entre el Consejo Municipal de Juventud y el Concejo Municipal, y la sesión del Consejo de Gobierno del Alcalde con el Subsistema de Participación de Juventudes.

Ante esta situación, las organizaciones juveniles decidieron acudir a instrumentos constitucionales de participación ciudadana, como el derecho de petición y la acción de tutela. A través de solicitudes formales dirigidas a la Alcaldía, se pidió información sobre el cumplimiento de estas obligaciones y sobre el funcionamiento de las instancias de participación juvenil.

Las respuestas recibidas permitieron evidenciar vacíos importantes. Pero también dejaron claro que la insistencia jurídica y ciudadana de la juventud empezó a generar reacciones positivas. Adicionalmente, se evidenció que en estos dos años no se ejecutaron recursos destinados a emprendimientos juveniles desde el municipio y, en cambio, sí despilfarraron recursos en presuntos actos de nepotismo con recursos de la juventud.

La incidencia juvenil empieza a dar resultados en Leticia

De hecho, fue a partir de estos derechos de petición reiterados que la Alcaldía de Leticia mostró disposición de avanzar durante el año 2026 -luego de dos años- en el cumplimiento de varios de los espacios previstos en la Ley de Juventud. En otras palabras, la voluntad institucional comenzó a aparecer solo después de que la juventud ejerciera sus derechos ciudadanos y exigiera explicaciones formales sobre el cumplimiento de la ley. El papel del Ministerio público también ha sido fundamental en estos avances con sus coadyudancias.

Otro resultado concreto de este proceso de incidencia ha sido la apertura de nuevos espacios de participación. Gracias a las gestiones adelantadas por la Plataforma Juvenil de Leticia, se incorporará un puesto con voz y voto para el Consejo Municipal de Juventudes dentro del Consejo Municipal de Política Social. Este avance permitirá que haya más voces de la juventud en uno de los escenarios más importantes de articulación de las políticas sociales del municipio.

La organización como método para incidir en decisiones

Este proceso tampoco ha surgido de manera aislada. Durante los años 2024 y 2025, la Plataforma Juvenil de Leticia, junto con la Plataforma Departamental de Juventudes, el delegado en la Plataforma Nacional de Juventudes y la Presidenta del Consejo Municipal de Juventudes, sostuvo distintos espacios de diálogo con la Gobernación del Amazonas y con diversas autoridades del territorio. Estas conversaciones permitieron visibilizar problemáticas que afectan a las juventudes, especialmente en instituciones educativas, y abrir canales para buscar soluciones desde la articulación institucional. 

Un aspecto especialmente valioso de este proceso ha sido la participación de los gobiernos escolares liderado por la Organización Colombiana de Estudiantes, que han contribuido a ampliar el diálogo entre estudiantes, organizaciones juveniles, instituciones educativas y autoridades públicas. La experiencia reciente demuestra que cuando las juventudes se organizan, investigan, dialogan y participan de manera responsable, pueden contribuir de manera significativa al fortalecimiento institucional.

La incidencia juvenil no debe entenderse como confrontación con las instituciones. Por el contrario, es una forma legítima de participación democrática y de control ciudadano orientada a mejorar la gestión pública y garantizar que las normas que el propio Estado ha creado realmente se cumplan. El desafío es seguir organizando a la juventud del municipio y del departamento, consolidar los espacios democráticos de participación y continuar insistiendo -con respeto, argumentos y compromiso- en el cumplimiento de la ley.

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