Ley de Financiamiento: el pulso por 8 billones en impuestos al consumo
El Observatorio Fiscal advierte que los 8 billones proyectados por la Ley de Financiamiento corresponden a impuestos territoriales, mientras el Gobierno insiste en que se destinarán a salud sin afectar recursos de los departamentos.
El Gobierno radicó la Ley de Financiamiento 2025 para cubrir parte del déficit del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, que asciende a $557 billones. De esa cifra, $26,3 billones (equivalentes al 1,4 % del PIB) dependen de nuevas medidas tributarias.
Casi una tercera parte de esos ingresos provendrían del incremento en los impuestos al consumo de alcohol y tabaco, un rubro con impacto directo en las finanzas regionales y en la política de salud pública.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana alertó que el Gobierno está contando como ingresos nacionales lo que en realidad son recursos territoriales. Según sus cálculos, los $7,8 billones adicionales proyectados para 2026 corresponden a rentas cedidas de manera permanente a los departamentos y al Distrito Capital desde la Ley 223 de 1995, ajustadas por la Ley 1816 de 2016.
Estos tributos hoy financian salud, educación y deporte en las regiones, y en algunos departamentos de baja capacidad fiscal, como Chocó, Vichada o La Guajira, son el pilar del presupuesto.
El peso de los impuestos territoriales
En 2024, el recaudo por consumo de alcohol y tabaco fue de $6,1 billones, de los cuales $5,4 billones quedaron en manos de los departamentos, representando el 43% de sus ingresos propios, y $700.000 millones se destinaron a Bogotá. La Ley de Financiamiento plantea más que duplicar este recaudo en los próximos años, pero lo presenta como si se tratara de ingresos nacionales.
El Observatorio advierte que esta interpretación desconoce la naturaleza descentralizada de los tributos y puede ser un error técnico. Contar como nacionales esos recursos no solucionaría la desfinanciación del PGN, porque nunca entrarían a la caja central.
Además, el organismo alertó sobre el riesgo de incentivar el contrabando con incrementos abruptos en los gravámenes, en especial en regiones fronterizas donde el control estatal es débil.
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Argumentos de salud pública y la defensa del Gobierno
Desde el Ejecutivo, la justificación se centra en la necesidad de enfrentar los graves problemas de salud asociados al consumo de alcohol y tabaco. En la exposición de motivos, el Ministerio de Hacienda argumentó que subir estos impuestos es una herramienta costo–efectiva para reducir la ingesta de productos nocivos y, al mismo tiempo, generar más recursos para el sistema de salud.
El Gobierno, a través de un comunicado en redes sociales, precisó que en los artículos 36, 37 y 38 del proyecto se establece que los ingresos adicionales derivados del aumento de estos impuestos se destinarán exclusivamente a financiar el aseguramiento en salud.
De este modo, afirmó, no se afectarán los recursos que hoy reciben los departamentos y municipios. Según el Ministerio, la medida busca aliviar la presión de gasto del Gobierno Nacional Central, manteniendo intacta la destinación territorial vigente.
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Una reforma con efectos múltiples
La propuesta plantea cambios profundos en el diseño tributario. En el caso de las bebidas alcohólicas, el impuesto se unificaría con base en el precio al consumidor certificado por el DANE, el componente ad valorem subiría al 30% y se fijaría un cobro de mil pesos por grado alcohólico por litro.
El IVA también se incrementaría del 5% al 19%. En las cervezas, la reforma ampliaría el hecho generador para incluir las versiones sin alcohol y aplicaría una tarifa específica de $330 por grado alcohólico en una unidad de 330 cc, además del mismo ad valorem del 30%.
En el caso del tabaco y derivados, la cajetilla de 20 unidades pasaría de $4.068 a $11.200, el tabaco suelto de $324 a $891 por gramo y los vapeadores líquidos tendrían un nuevo cobro de $2.000 por mililitro, junto con un ad valorem del 30%.
Para el Gobierno, estos cambios no solo tienen un efecto fiscal, sino que responden a una estrategia de salud pública. Sin embargo, para el Observatorio Fiscal, el canal adecuado no debería ser la Ley de Financiamiento (diseñada para equilibrar el PGN con tributos nacionales) sino una reforma tributaria territorial, discutida de manera explícita con las entidades regionales.
Más allá de las cifras: un pulso político
El debate no es solo contable. La inclusión de los $7,8 billones como ingresos nacionales puede tener un trasfondo político en un año preelectoral. El Observatorio Fiscal advierte que presentar las cifras de manera poco clara resta transparencia al debate y aumenta la incertidumbre sobre la magnitud real del déficit.
El trasfondo revela una tensión histórica: mientras los departamentos defienden su autonomía fiscal y la destinación de recursos a servicios esenciales como salud y educación, el Gobierno busca ampliar el margen de maniobra para financiar el gasto nacional.
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En el centro del pulso están los ciudadanos, pues cualquier desequilibrio puede repercutir en el acceso a servicios de salud o en la eficacia de las políticas de control al consumo de alcohol y tabaco.
