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Los dueños de la vida

Victoria
Victoria E. González M.
Comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia y PhD en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) de la ciudad de Buenos Aires.

El debate sobre la eutanasia no tiene ni tendrá fin jamás, siempre estará presente mientras haya humanidad. Desde el argumento o desde la reacción meramente emocional, saldrán a debatir defensores y detractores que plantearán la discusión desde perspectivas legales, médicas o religiosas. Mi propósito en este espacio de opinión no es apoyar una u otra posición porque no creo que resulte relevante para nadie conocer tal cosa. En realidad, mi interés está puesto en el tratamiento que se le ha dado al caso particular de la señora Martha Sepúlveda, quien manifestó públicamente, mediante nota periodística en el noticiero Caracol del pasado 3 de octubre, que estaba llevando a cabo el procedimiento legal para practicarse la eutanasia, debido a que padece esclerosis lateral amiotrófica.

El 22 de junio de este año, el mismo noticiero en voz del mismo periodista, Juan David Laverde, presentó una nota similar sobre la señora Yolanda Chaparro, quien también padecía esta enfermedad, por lo cual, había decidido optar por la eutanasia. En las dos notas vimos entonces elementos narrativos similares, tales como la protagonista hablando de su enfermedad o explicando lo que había sido su vida y el periodista mostrando algunos momentos con las respectivas familias etc. Dos días después de la nota de junio supimos, por cuenta del informativo, que gracias a un procedimiento “sobrio y breve”, doña Yolanda había cumplido su objetivo.  

Entonces ¿qué pasó después? ¿Por qué pocas horas antes del procedimiento de doña Martha el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad decidió cancelarlo argumentando que no se cumplía con el criterio de terminalidad, a pesar de que en primera instancia lo había aprobado? ¿Por qué la señora Chaparro pudo morir y doña Martha no? 

Voces a favor de la eutanasia salieron en redes sociales a culpar al noticiero por lo sucedido, argumentando que había habido demasiada publicidad e incluso falta de ética por la presentación del caso en televisión. Entre tanto, algunos “defensores de la vida” consideraron que todo hacía parte de un show mediático en busca de rating porque doña Martha no estaba enferma, ya que, en la nota citada, se reía, tomaba cerveza y comía patacones. Así las cosas ¿Culpamos al noticiero de incidir en la decisión del comité? o ¿A doña Martha, por parecer serena, convencida, e incluso, feliz por su decisión? A mi modo de ver, el elemento diferenciador de estos dos casos está muy claro. Mientras doña Yolanda dijo que era atea, doña Martha expresó que creía en dios y que practicaba la religión católica. La primera era un caso perdido para la iglesia, un alma condenada sin remedio. La segunda, un alma que aún podía ser “salvada”. Por ello, casi de inmediato apareció, con amplio despliegue mediático, la Conferencia Episcopal de Colombia representada por el obispo de Riohacha, a conminar a doña Martha, en nombre de sus creencias, a cambiar de decisión y a pedir para que: “el Señor, quien asumió el dolor hasta la muerte y una muerte de cruz, le dé el valor de acompañarlo, hasta la misma cruz”.

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El concluyente mensaje religioso, el despliegue, y más aún, el inexplicable cambio de decisión del Comité para Morir con Dignidad, me sacuden con mucha fuerza porque me enfrentan a la realidad del inmenso poder que aún tiene la iglesia católica sobre la vida o la muerte de las personas. Obviamente, no se trata de un descubrimiento novedoso, todos los días vemos la impunidad con la que se mueven muchos de los miembros de la Iglesia Católica y la aquiescencia de sus seguidores, pero enfrentar algo como lo ocurrido a doña Martha es muy fuerte: la dueña de una vida no puede disponer de ella, porque los que se creen los dueños de las vidas ajenas no lo permiten. 

Victoria
Victoria E. González M.
Comunicadora social y periodista de la Universidad Externado de Colombia y PhD en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) de la ciudad de Buenos Aires.

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