TLC en Colombia: más de una década de impactos regresivos para las mujeres

Hace trece años, Colombia firmó su primer Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, apostando por abrir su economía al mundo con la promesa de impulsar el crecimiento, generar empleo formal y diversificar la producción, hoy el balance de ese TLC en Colombia es insatisfactorio para el país. 

Los beneficios prometidos con el TLC entre Colombia y Estados Unidos nunca llegaron. Antes de que entrara en vigencia, entre 2000 y 2012, Colombia tenía una balanza comercial positiva con Estados Unidos: el país exportaba más de lo que importaba, con un superávit promedio de 3.900 millones de dólares al año. Pero después del TLC, entre 2012 y 2024, esa relación se dio la vuelta. Colombia empezó a importar más de lo que exportaba y acumuló un déficit promedio anual de 463 millones de dólares.

Esto refleja un modelo económico que debilitó la industria nacional, aumentó la dependencia del exterior y deterioró el empleo. Detrás de este cambio está la forma en que se ha organizado la economía, una reprimarización productiva, es decir, una creciente concentración en la exportación de materias primas, sectores que además están altamente masculinizados.

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TLC en Colombia: exportaciones concentradas y pérdida industrial, graves afectadas las mujeres

El comercio entre Colombia y Estados Unidos revela una preocupante dependencia de productos básicos en las exportaciones nacionales. Según cifras recientes, el 78% de los bienes que Colombia vende al mercado estadounidense corresponden a materias primas como petróleo, carbón, oro, café, flores y banano. 

A la par, la economía colombiana ha experimentado un proceso continuo de desindustrialización. Sectores manufactureros que históricamente generaban empleo formal y valor agregado —y que representaban una oportunidad clave para la inserción laboral de las mujeres— han sido desplazados por importaciones más competitivas, muchas de ellas subsidiadas por el gobierno estadounidense.

Esta tendencia se refleja en el peso cada vez menor de la industria manufacturera en el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, en 2007 representaba el 15,2%, pero para 2022 había caído al 12,1%. Durante los dos primeros años del actual gobierno de Gustavo Petro, esa cifra descendió aún más, alcanzando un 11,1%.

La caída del sector feminizado de confecciones refleja el estancamiento de la industria manufacturera

El sector de confección de prendas de vestir, históricamente uno de los pilares de la industria manufacturera colombiana y con alta participación de mujeres, ha visto reducida su presencia en el comercio exterior. Entre los años recientes, su participación en las exportaciones manufactureras hacia Estados Unidos cayó del 8,42% al 3,39%, reflejo de una pérdida de competitividad frente a mercados con costos de producción más bajos y políticas de subsidios más agresivas.

En 2024, la participación femenina en la industria manufacturera colombiana se estima en un 28,6%, una cifra que refleja tanto la persistencia de barreras estructurales de acceso como el impacto de la desindustrialización en sectores con alta presencia de mujeres. Uno de los casos más ilustrativos es el de la confección de prendas de vestir, donde históricamente las mujeres han representado entre el 70% y el 80% de la fuerza laboral, impulsadas por la tradición del trabajo textil y la naturaleza intensiva en mano de obra del sector.

El retroceso de esta industria ha significado una pérdida importante de empleos para mujeres formales, en un contexto donde la informalidad y los bajos salarios ya eran la norma. La reconfiguración del modelo productivo ha tenido un costo social significativo para las trabajadoras, especialmente aquellas vinculadas a talleres familiares o microempresas sin protección laboral.

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Menos ingresos públicos, menos servicios para las mujeres

La eliminación o reducción de aranceles ha mermado una fuente importante de ingresos fiscales, afectando la capacidad del país para financiar servicios públicos esenciales como educación, salud, agua potable, saneamiento e infraestructura social. Compensar esta pérdida con impuestos indirectos al consumo es regresiva para las mujeres ya que tiende a recaer de manera desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos, donde ellas asumen mayoritariamente las tareas de cuidado no remunerado.

Colombia enfrenta una crisis fiscal, con un déficit del 6,8% del PIB —el más alto en veinte años—, agravado por la caída en el recaudo y el fracaso de la reforma tributaria que buscaba financiar el gasto público. El Gobierno recortó el Presupuesto General de la Nación para 2025 en 12 billones de pesos, afectando de forma directa la inversión pública, que se redujo en un 17,4%. 

Sectores clave como la educación superior enfrentan recortes drásticos, con una disminución del 37%. Esta situación refleja las limitaciones estructurales del modelo fiscal actual, que compromete la capacidad del Estado para sostener políticas sociales y de desarrollo en un contexto de creciente desigualdad.

Una carga fiscal que recae sobre los hombros de las mujeres

En Colombia, la estructura tributaria sigue descansando en gran medida sobre impuestos indirectos como el IVA y la retención en la fuente, que en conjunto representan más del 65% del recaudo nacional. Esta dependencia del consumo como base tributaria tiene implicaciones regresivas y de género.

Al no considerar la capacidad de pago, estos impuestos afectan más a quienes destinan una mayor proporción de su ingreso al consumo, como es el caso de las mujeres de bajos ingresos. Ellas, además de enfrentar mayores niveles de pobreza y precariedad laboral, son las principales responsables del gasto en productos esenciales para el cuidado del hogar y la salud, lo que profundiza la desigualdad.