Desde su creación, el Ministerio de Igualdad y Equidad fue presentado como la apuesta social más ambiciosa del gobierno de Gustavo Petro. La promesa inicial era histórica: una institución que articularia programas dispersos en torno a la equidad, con el foco puesto en garantizar derechos a las mujeres. De hecho, en su concepción original, este iba a ser el Ministerio de la Mujer.

Con el tiempo, sin embargo, el diseño se amplió a 14 grupos poblacionales, con la idea de convertirse en un motor para erradicar desigualdades estructurales en Colombia. No era solo una nueva cartera, sino un símbolo de transformación en un país profundamente desigual.

Pero las expectativas pronto chocaron con la realidad. Problemas de diseño institucional, falta de claridad financiera y dificultades para coordinar competencias con otras entidades frenaron su arranque. A esto se sumó un golpe jurídico: la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley que le dio origen por falta de aval fiscal, aunque permitió que siguiera funcionando de manera transitoria. Ahora, el Congreso tiene plazo hasta junio de 2026 para aprobar una nueva norma que asegure su continuidad.

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Mínima ejecución del presupuesto: números que preocupan

Mientras tanto, la ejecución presupuestal se convirtió en su mayor talón de Aquiles. En 2024 fue apenas del 2,4%, y a julio de 2025 alcanzaba solo el 1,9% de un presupuesto superior a 1,2 billones de pesos. De esos recursos, cerca de 800.000 millones estaban destinados a funcionamiento y unos 500.000 millones a inversión, lo que refuerza la crítica de que el Ministerio ha gastado más en sostener su estructura que en transformar la vida de la población.

Algo importante a resaltar es que contó con muy pocos recursos propios, gran parte provenía de programas como Jóvenes en Paz, lo que hacía aún más urgente demostrar capacidad de gestión. La crisis no terminó ahí. Denuncias de acoso laboral, racismo y hostigamiento se cruzaron con el incumplimiento de la Ley de Cuotas en la designación de altos cargos, lo que terminó por minar la confianza pública. La cartera, llamada a liderar transformaciones, quedó atrapada entre burocracia, clientelismo y escándalos internos.

Hoy, mientras el gobierno impulsa un nuevo proyecto de ley para revivir al Ministerio de Igualdad y Equidad, la pregunta es inevitable: ¿un ministerio así realmente le sirve a Colombia? Al final, la discusión de fondo no es solo si este ministerio debe existir, sino cómo garantizar que cumpla la misión que justificó su creación.

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Escándalos internos: de la promesa a la crisis de legitimidad

La crisis no terminó ahí. En 2025 estallaron escándalos internos que golpearon con fuerza la legitimidad de la entidad. Más de 20 funcionarias denunciaron por acoso laboral y racismo a la entonces viceministra de Mujeres, Tamara Ospina, quien terminó renunciando. A esto se sumó la denuncia por acoso sexual contra el viceministro Nelson Lemus, interpuesta por Sandra Milena Cobos, funcionaria del mismo ministerio.

El Ministerio de Igualdad y Equidad tampoco ha logrado consolidar estabilidad en su dirección. Desde su creación ha tenido tres ministros en menos de dos años: la renuncia inicial de Francia Márquez, la llegada de Luis Ernesto Rosero y, más recientemente, el nombramiento de Juan Carlos Florián. Esta rotación constante debilitó la continuidad de las políticas y dejó la sensación de una entidad más preocupada por sobrevivir a las crisis que por ejecutar su misión.

El caso más polémico fue, sin duda, el de Florián. Su designación fue cuestionada por el presunto incumplimiento de la Ley de Cuotas, que exige paridad de género en los altos cargos del gabinete. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo suspendió de manera provisional, aunque el gobierno defendió su nombramiento alegando que él se identifica como persona de género fluido, lo que abriría un debate sobre cómo debe contarse en la cuota. 

Tras semanas de controversia, Florián regresó al cargo, pero lo hizo con una legitimidad fracturada para muchos, su permanencia simboliza el retroceso de un ministerio que nació para garantizar la igualdad y hoy parece contradecirla en su propia estructura.

En paralelo, otra controversia golpeó la credibilidad de la cartera, la de Juliana Guerrero, cercana al círculo político del presidente Petro, quien fue impulsada para ocupar el Viceministerio de Juventudes pese a no contar con la formación exigida. La Fundación Universitaria San José anunció que anulará su título de contadora pública por irregularidades en el proceso académico y la ausencia del examen obligatorio Saber Pro. El intento de ubicarla en un cargo clave, pese a estas falencias, fue leído como un caso de clientelismo político y minó aún más la confianza en la cartera.

Todo esto alimenta la percepción de que el Ministerio ha funcionado más como escenario de favores políticos y disputas internas que como un verdadero motor de transformación social. Incluso sectores sociales que inicialmente lo respaldaron (como colectivos feministas y organizaciones LGBTIQ+) hoy expresan desconfianza frente a una institución atrapada en clientelismo, burocracia y escándalos.

Política social en riesgo: lo que está en juego

A pesar de la tormenta política y administrativa, el Ministerio de Igualdad y Equidad intenta mostrar avances en algunos frentes. En territorios como La Guajira, por ejemplo, ha liderado intervenciones relacionadas con acceso a agua y programas de apoyo a mujeres wayuu, mientras que en otras regiones ha impulsado planes de choque para atender casos de violencias basadas en género. También se han puesto en marcha acciones puntuales para respaldar a comunidades con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, aunque su alcance ha sido limitado.

Sin embargo, la eficacia de estas iniciativas sigue en entredicho. El éxito del Ministerio depende de tres factores que hoy están debilitados: financiación estable, continuidad jurídica y legitimidad política. Sin recursos propios suficientes, con un marco legal aún pendiente de definición en el Congreso y con una confianza pública erosionada por escándalos internos, la cartera corre el riesgo de quedar reducida a un actor meramente simbólico, más presente en la narrativa política que en la vida real de las comunidades.

El riesgo no es menor. Si el Congreso no garantiza su permanencia o si la ejecución presupuestal continúa en mínimos, poblaciones históricamente excluidas quedarán sin respaldo institucional en un momento clave. Colombia atraviesa un debate de fondo sobre el alcance de su Estado social de derecho, y la desaparición de este ministerio, sin alternativas claras, dejaría un vacío en la agenda de igualdad que difícilmente podría cubrirse con programas dispersos en otras entidades.

El Ministerio de Igualdad y Equidad seguirá siendo un caballo de batalla político, y ahora más que nunca en temporada electoral. De un lado, sectores conservadores insisten en su eliminación bajo el argumento de ineficiencia y despilfarro; del otro, el gobierno lo defiende como un símbolo de justicia social. Sin embargo, conviene recordar que gran parte de los países de la región ya cuentan con ministerios similares, pensados sobre todo para garantizar derechos a las mujeres, con resultados en su mayoría relevantes. 

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La idea de esta entidad sigue siendo interesante por lo que podría significar para los sectores sociales más vulnerables, pero no en las condiciones actuales, entre clientelismo, corrupción e inestabilidad, el ministerio ha funcionado más como fuente de empleo para unos pocos que como motor de transformación, y su impacto real sigue siendo limitado.