Aprobado el aumento, pero la negociación empleados públicos 2025 aún tiene cuentas pendientes

La negociación empleados públicos 2025 avanza con resultados parciales. El presidente de la CUT celebró la aprobación del incremento salarial del 7% para este año, con retroactividad al 1 de enero, y del IPC más 1,9% para 2026, como un logro importante para los trabajadores del sector público.

Sin embargo, otros dirigentes sindicales han manifestado que, aunque se dio un primer paso, aún falta mucho por resolver en el marco de la negociación. Persisten reclamos sobre el incumplimiento de acuerdos anteriores y sobre la falta de propuestas claras por parte del Gobierno en temas clave de la agenda.

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Negociación empleados públicos 2025: Gobierno sin propuesta económica tras el aumento

En el marco de la negociación estatal de este año, los sindicatos que representan a empleados públicos lograron un acuerdo con el Gobierno nacional para definir el incremento salarial, fijado en 7% para 2025 con retroactividad al 1 de enero, y del IPC más 1,9% para 2026. Sin embargo, los avances no ocultan las tensiones que atraviesa la Mesa Nacional Estatal. Así lo advierte Timoteo Romero, ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUP Nacional) e integrante de la mesa, quien señala que tras la aprobación del incremento, el Gobierno no presentó la propuesta económica correspondiente al siguiente punto de la agenda, lo que generó preocupación entre las organizaciones negociadoras.

Cuatro mesas técnicas y persistencia de incumplimientos

“La primera sorpresa de la semana fue que el Gobierno no presentó la propuesta económica que era el siguiente tema a tratar”, afirmó Romero desde Bogotá. Como respuesta, las partes acordaron avanzar en paralelo en cuatro mesas técnicas: formación y bienestar, garantías sindicales, enfoque de género y acuerdos sindicales incumplidos, esta última bajo coordinación del propio Romero.

Según el dirigente sindical, en la mesa de seguimiento a acuerdos pasados se encontró que, si bien algunos puntos han sido ejecutados, una gran mayoría siguen sin cumplirse. “Por ejemplo, hay intenciones de cumplir algunos acuerdos que terminan en la creación de mesas de estudio o comisiones paralelas, pero cuando se va a evaluar, entidades como la Fiscalía, la Oficina Pública o el Congreso no aprueban el punto. Esto hace que, aunque en el papel pareciera que el 80 o 90% de los acuerdos están cumplidos, en realidad no es así”, aseguró.

La redacción de los acuerdos, un problema de fondo

Romero subrayó que estas prácticas obligan a revisar con mayor detalle la redacción y aprobación de los compromisos suscritos con el Ejecutivo. La falta de cumplimiento real ha generado desconfianza en el proceso y una creciente presión para establecer mecanismos más vinculantes.

Estatuto del Trabajo, una promesa abierta sin avances

Otro tema que continúa sin resolverse es el del Estatuto del Trabajo. Pese a su importancia y a ser uno de los temas estructurales planteados por el movimiento sindical, las partes decidieron dejarlo “abierto”, lo cual, en la práctica, implica que no se alcanzará un acuerdo durante el actual Gobierno. “Este fue el único punto que ni ha sido cumplido ni incumplido, simplemente se dejó en un término abierto, lo que quiere decir que en este gobierno no hay y no va a haber Estatuto del Trabajo”, enfatizó Romero, recordando que las reformas laborales impulsadas por el Ejecutivo se encuentran estancadas en el Congreso.

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Cuatro ejes centrales del pliego sindical 

Estas declaraciones se suman al balance crítico que los negociadores sindicales han hecho sobre el proceso. Desde el inicio del diálogo, las centrales obreras han insistido en la necesidad de que el Gobierno no solo firme, sino que cumpla los compromisos adquiridos en mesas anteriores. Además del incremento salarial, las organizaciones han planteado exigencias en materia de formalización laboral, condiciones de bienestar, libertad sindical y participación en políticas públicas.

El pliego presentado este año consta de aproximadamente 70 puntos, pero se estructura en torno a cuatro ejes principales:

1. Cumplimiento de acuerdos anteriores, con la exigencia de establecer un cronograma de ejecución con fechas y responsables para cada punto pendiente.
2. Ampliación de la planta de personal en las entidades públicas, con la meta de formalizar al menos el 30% de los contratos precarios en los próximos dos años, evitando que la figura de las plantas temporales siga sustituyendo la estabilidad laboral.
3. Revisión del Decreto 243 de 2024, que regula la negociación colectiva en el sector público. Las centrales piden restablecer los fueros sindicales, permitir tribunales de arbitramento y eliminar restricciones que limitan la capacidad de negociación en niveles territoriales y sectoriales.
4. Incremento salarial de IPC más cinco puntos porcentuales para cada año de vigencia del acuerdo, una propuesta que busca superar los aumentos históricamente bajos otorgados por el Gobierno.

Además, el pliego incluye temas como la protección de las primas territoriales, el restablecimiento de los permisos sindicales recortados tras la expedición del Decreto 720, y la necesidad de reglamentar el derecho a la huelga en el sector público para evitar represiones como las ocurridas durante la reciente huelga en el Ministerio del Trabajo.

Incumplimientos y mesas paralelas generan escepticismo

A pesar de las dificultades, la negociación empleados públicos 2025 sigue en curso y se espera que en las próximas semanas se presenten avances en las mesas técnicas. No obstante, el clima de desconfianza persiste, y los sindicatos alertan que, sin un compromiso real del Gobierno y sin una mayor incidencia sobre las entidades estatales que bloquean acuerdos, el proceso puede terminar con un balance insuficiente frente a las expectativas del movimiento sindical estatal.