Noruega se presenta como defensora de la paz, los derechos humanos y la solidaridad internacional. Sin embargo, su fondo soberano invierte en más de 7.000 empresas de todo el mundo, incluidas cientos de corporaciones cuyas operaciones o cadenas de suministro están vinculadas a la explotación y al trabajo infantil.

El Fondo Global de Pensiones del Gobierno, con activos por valor de 2,3 billones de dólares estadounidenses, gestionado por Norges Bank Investment Management (NBIM), otorga a Noruega una extraordinaria influencia financiera. Esa influencia conlleva la responsabilidad sobre las condiciones en las que las empresas producen bienes y generan beneficios.

La cuestión no se limita a los rendimientos de las inversiones. Se trata de determinar si la riqueza pública se beneficia de modelos de negocio crueles y explotadores que privan a los niños de educación, salud y dignidad, y si Noruega utiliza su poder como accionista para prevenir y remediar esos abusos.

Pruebas: la magnitud y las consecuencias del trabajo infantil

La Organización Internacional del Trabajo y UNICEF estimaron que aproximadamente 138 millones de niños se encontraban en situación de trabajo infantil en todo el mundo en 2024. Las investigaciones de Guilherme Lichand y Sharon Wolf sugieren que el número de niños trabajadores de entre 7 y 14 años podría acercarse a los 400 millones, lo que indica que las estimaciones convencionales podrían no reflejar todas las formas de trabajo infantil.

Estas cifras utilizan definiciones y métodos diferentes, pero ambas demuestran la magnitud de la crisis. Los niños trabajan en la agricultura, incluida la producción de frutas, verduras, café, cacao y azúcar, así como en la minería, la industria manufacturera y otros sectores vinculados a las cadenas de suministro internacionales.

La carga recae principalmente sobre niños de comunidades más pobres y predominantemente no blancas, mientras que los consumidores, las corporaciones y los inversores de las sociedades más ricas se benefician de unos costes de producción más bajos. Esto convierte el trabajo infantil no solo en una cuestión de derechos laborales, sino también en un problema de injusticia racial y económica.

Martin Luther King Jr., al recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo el 10 de diciembre de 1964, expresó su convicción de que todas las personas, en cualquier lugar, deberían tener «tres comidas al día para sus cuerpos, educación y cultura para sus mentes, y dignidad, igualdad y libertad para sus espíritus».

Un niño que trabaja en lugar de asistir a la escuela se ve privado precisamente de esas oportunidades. Noruega no puede honrar el legado de King mientras trata esas consecuencias como si fueran ajenas a sus decisiones de inversión.

Rendición de cuentas: la responsabilidad de Noruega

La responsabilidad de Noruega no depende de demostrar que todos los políticos, funcionarios públicos o inversores tenían la intención de apoyar el trabajo infantil. Surge de las consecuencias previsibles de la inversión pública y de la capacidad del Estado para influir en la conducta empresarial.

NBIM debe exigir a las empresas que:

• identifiquen el trabajo infantil en todas sus cadenas de suministro;
• publiquen información significativa al respecto y sobre las medidas adoptadas para combatirlo;
• establezcan mecanismos sólidos de trazabilidad y supervisión independiente;
• consulten a las comunidades afectadas y a los trabajadores;
• proporcionen reparación efectiva a los niños perjudicados por la actividad empresarial; y
• exijan responsabilidades a los altos directivos y a los consejos de administración por sus incumplimientos y complicidad.

Las promesas voluntarias son insuficientes. Las empresas no deberían poder presentarse como líderes éticos sin demostrar que no se explota a niños hambrientos para producir sus bienes.

Desmond Tutu advirtió: «Si eres neutral ante situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor». Para Noruega, la neutralidad no puede significar proteger a los altos ejecutivos de las grandes corporaciones ni los intereses financieros mientras los niños siguen sin una protección efectiva. Tampoco pueden las empresas eludir su responsabilidad atribuyendo los abusos exclusivamente a sus proveedores cuando se benefician de los productos resultantes y de sus bajos precios.

Las consecuencias raciales también requieren una atención explícita. Cuando las inversiones públicas se benefician de estructuras económicas que imponen un coste humano desproporcionado a los niños no blancos, Noruega debe evaluar y abordar esa desigualdad. Hablar de racismo de Estado describe las consecuencias discriminatorias de la política, no una acusación de que todas las personas implicadas tengan intenciones racistas.

Salvaguardias institucionales y supervisión política

La responsabilidad recae tanto en las instituciones políticas noruegas como en NBIM. Estas establecen las normas que rigen el fondo y deben garantizar que las salvaguardias éticas sean independientes, cuenten con recursos suficientes y puedan producir consecuencias reales.

En noviembre de 2025, una amplia mayoría parlamentaria respaldó una revisión del marco ético del fondo. Durante esa revisión, la capacidad del Consejo de Ética para recomendar que determinadas empresas fueran sometidas a observación o excluidas quedó temporalmente suspendida en virtud de disposiciones transitorias. El Consejo continuó supervisando a las empresas, pero su capacidad para recomendar medidas cambió.

La supervisión y las recomendaciones del Consejo no han reducido el hecho de que las inversiones de Noruega se beneficien del trabajo infantil. Esto plantea interrogantes sobre su autoridad, sus recursos, el respaldo político que recibe y su capacidad para conseguir cambios empresariales significativos.

El primer ministro Jonas Gahr Støre, el ministro de Finanzas Jens Stoltenberg, el director ejecutivo de NBIM Nicolai Tangen y la gobernadora de Norges Bank Ida Wolden Bache deberían explicar cómo garantizará Noruega que sus inversiones no sigan beneficiándose del trabajo infantil y cómo podrán obtener reparación los niños afectados.

Las contribuciones de Noruega al desarrollo internacional y a la labor de las Naciones Unidas no la eximen del escrutinio. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y los relatores especiales pertinentes deben examinar, investigar y denunciar a Noruega.

El papel y la complicidad de los medios noruegos

Los medios noruegos deberían investigar las consecuencias humanas de las políticas de inversión del país, en lugar de permitir que la reputación de Noruega en materia de derechos humanos permanezca prácticamente incuestionada. Cuando los medios de comunicación repiten declaraciones oficiales sobre inversión ética sin examinar las empresas de las carteras, las decisiones de los accionistas y las comunidades afectadas, se vuelven cómplices de ocultar las consecuencias de la inversión pública.

Esta complicidad puede ser institucional, en lugar de intencionada. Puede surgir del silencio, de una supervisión insuficiente, de la dependencia de declaraciones oficiales, de una cobertura limitada de las comunidades situadas fuera de Noruega y de la falta de seguimiento de los vínculos financieros entre las instituciones noruegas y los abusos cometidos en el extranjero. Al tratar el trabajo infantil como un problema lejano de las cadenas de suministro, en lugar de una cuestión vinculada a la riqueza pública noruega, los medios pueden contribuir a normalizar precisamente el sistema que deberían investigar.

Los periodistas noruegos deberían examinar:

• las cientos de empresas de la cartera del fondo que utilizan trabajo infantil;
• qué sabía NBIM y cuándo lo supo;
• cómo votó en las juntas de accionistas;
• si su intervención produjo mejoras cuantificables;
• si el Consejo de Ética tenía la voluntad, la autoridad y los recursos para actuar;
• qué políticos e instituciones noruegas aprobaron o defendieron las políticas pertinentes; y
• quién se beneficia y quién soporta los costes.

El periodismo independiente es esencial porque las decisiones de inversión pueden hacer invisibles los abusos empresariales. El escrutinio público debe seguir el rastro del dinero y contrastar la reputación de Noruega en materia de derechos humanos con la conducta de las empresas en las que invierte. Los medios noruegos tienen el deber de interés público de revelar, no ocultar, la relación entre la prosperidad nacional, la inversión institucional y la explotación infantil.

Recomendaciones específicas

Noruega debería:

1. Exigir una diligencia debida integral en materia de derechos humanos y trabajo infantil para todas las participaciones pertinentes, incluidos los proveedores indirectos y de niveles inferiores.
2. Publicar información específica sobre las empresas, los riesgos identificados, los objetivos de intervención, las decisiones de voto y los resultados, respetando los límites legítimos de confidencialidad.
3. Reforzar la independencia, la autoridad, los recursos y la capacidad del Consejo de Ética para recomendar que determinadas empresas sean sometidas a observación o excluidas, sin interferencias políticas.
4. Establecer plazos cuantificables para que las empresas adopten medidas correctivas y revelar cuándo incumplen esos plazos.
5. Utilizar resoluciones de accionistas, votos en contra de los consejeros y otras herramientas de gobernanza cuando las empresas no aborden abusos graves.
6. Establecer mecanismos accesibles de denuncia y reparación para los niños y las comunidades afectados por las empresas de la cartera.
7. Considerar la exclusión cuando la intervención no dé resultados, los abusos sean graves o las empresas rechacen la transparencia y las medidas correctivas.
8. Exigir una revisión parlamentaria periódica del desempeño del fondo en materia de derechos humanos, incluidos sus efectos raciales y distributivos.
9. Apoyar la cooperación internacional y el escrutinio independiente de la ONU sobre los fondos públicos de inversión vinculados a abusos empresariales contra los derechos humanos.
10. Garantizar que la política de inversión sea coherente con la Constitución de Noruega y con sus compromisos internacionales en materia de derechos de la infancia, trabajo decente, educación e igualdad.
11. Exigir a los medios de servicio público noruegos y a los financiados con fondos públicos que revelen e investiguen los conflictos de intereses, las omisiones editoriales y las relaciones institucionales que puedan limitar el escrutinio de las inversiones del fondo.
12. Apoyar el periodismo de investigación sostenido, incluida la cobertura desde las comunidades afectadas y la colaboración con periodistas internacionales y organizaciones de la sociedad civil que investigan el trabajo infantil en las cadenas de suministro mundiales.

Estas medidas no eliminarían por sí solas el trabajo infantil. Los gobiernos, las empresas, los consumidores y las instituciones internacionales tienen responsabilidades. Pero el poder financiero de Noruega le impone un deber particular de actuar, y los medios noruegos tienen el deber correspondiente de garantizar que ese poder no quede protegido del escrutinio público.

Una prueba de los valores de Noruega

Nelson Mandela, Desmond Tutu, Navi Pillay, Kailash Satyarthi y Malala Yousafzai representan distintas luchas por la igualdad, la rendición de cuentas y los derechos de la infancia. Sus legados plantean una pregunta directa: ¿qué valor tiene honrar a quienes defienden la dignidad humana si la política de inversión no protege a los niños cuyo trabajo contribuye a los beneficios empresariales?

La explotación infantil en las cadenas de suministro mundiales no es idéntica al apartheid. Pero el principio es el mismo: la dignidad humana no debe sacrificarse en aras de la ventaja económica, y la injusticia no puede justificarse porque instituciones poderosas se beneficien de ella.

Un Premio Nobel de la Paz es un honor. Proteger a los niños es una obligación. Noruega debe ser juzgada no por sus declaraciones, sino por las pruebas, las salvaguardias y las medidas de reparación vinculadas a la riqueza que invierte, y por si sus medios de comunicación investigan u ocultan las consecuencias.

Noruega debe rendir cuentas por la forma en que invierte su riqueza y por si utiliza su poder financiero para acabar con el trabajo infantil o se beneficia de él.