Cultivos ilícitos: la apuesta del gobierno Petro que revive la sombra del glifosato y de Monsanto

Durante su campaña presidencial, Gustavo Petro prometió romper con el modelo militarizado de la lucha antidrogas. “En el gobierno del Pacto Histórico no habrá una sola gota de glifosato sobre las tierras de nuestra patria”, aseguró.

Tres años después, el mandatario ha pedido a la Corte Constitucional reconsiderar la prohibición de la fumigación aérea con el herbicida para erradicar cultivos ilícitos, mientras su ministro de Defensa anunció su uso terrestre.

La medida, presentada como respuesta al avance del narcotráfico y los ataques contra la Fuerza Pública, reabre una controversia que parecía superada: la tensión entre seguridad, salud y coherencia ambiental.

El glifosato, un viejo protagonista de la guerra contra los cultivos ilícitos

El glifosato ha sido el eje químico de la política antidrogas en Colombia durante más de tres décadas. Utilizado para destruir los cultivos de coca, se convirtió en símbolo del Plan Colombia y en una parte determinante en la relación con Estados Unidos.

La historia de este herbicida está marcada por su origen corporativo. Desarrollado por Monsanto en los años 70 y comercializado bajo la marca Roundup, revolucionó la agricultura industrial y luego fue adoptado como arma química en la erradicación aérea de coca.

Con el tiempo, su uso se extendió tanto que llegó a ser el herbicida más empleado del planeta. Pero también el más cuestionado: la OMS, a través de la IARC, lo clasificó en 2015 como “probablemente cancerígeno para los humanos”, y decenas de miles de personas demandaron a Monsanto por sus efectos en la salud.

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El nacimiento del imperio del glifosato

Monsanto, fundada en 1901 en Misuri, comenzó fabricando sacarina, pero su expansión hacia los herbicidas y las semillas transgénicas cambió para siempre la agricultura. En 1945 lanzó el 2,4-D, y tres décadas después el glifosato, principio activo del Roundup.

Su éxito radicaba en eliminar malezas sin dañar cultivos modificados genéticamente, lo que impulsó el auge de la agricultura industrial. Pero el costo ambiental y humano fue enorme. En Vietnam, el “Agente Naranja”, una mezcla de herbicidas de Monsanto, provocó millones de víctimas.

Años más tarde, el glifosato repetiría el ciclo de promesas, litigios y daños colaterales, esta vez en los campos de América Latina.

Las demandas y el intento de borrar el pasado

En 2018, Bayer compró Monsanto por 63.000 millones de dólares, eliminando su nombre pero no su legado. Las demandas por cáncer y contaminación superaron las 100.000 en Estados Unidos.

Aunque la multinacional insiste en la seguridad del producto, tribunales de California y otros estados le han ordenado pagar miles de millones de dólares a trabajadores agrícolas expuestos al glifosato.

Pese a ello, el herbicida sigue siendo el pilar de los programas de erradicación de cultivos ilícitos en varios países, incluida Colombia, donde los impactos sociales y ambientales del modelo son bien documentados.

El giro de Gustavo Petro frente a los cultivos ilícitos

En 2022, desde la ONU, Petro calificó de “hipócritas” a los gobiernos que arrojan glifosato “mientras dicen salvar la selva”. Hoy, su propio gobierno lo reivindica como herramienta estratégica ante el aumento de los cultivos ilícitos, que según Naciones Unidas superan las 260.000 hectáreas.

La decisión, sin embargo, llega en un contexto de presión diplomática. El gobierno estadounidense descertificó a Colombia en la lucha antidrogas, e incluyó a Petro en la Lista Clinton. La reactivación del glifosato, aun si se presenta como “temporal y controlada”, parece responder tanto a las tensiones internas como a los compromisos externos.

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Debate jurídico y científico: entre la Corte y la contradicción

El exministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre recordó que la Corte Constitucional mantiene vigente la prohibición aérea por el principio de precaución: no se puede usar el químico mientras exista evidencia de riesgo para la salud y el ambiente.

“Colombia no puede volver al glifosato como política generalizada”, advirtió. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en reinterpretar la jurisprudencia, lo que ha generado fisuras dentro del propio gabinete. La contradicción es evidente: un gobierno que se autoproclama ambientalista hoy defiende una práctica que su propio líder condenó como símbolo del fracaso de la guerra contra las drogas.

La paradoja ambiental y la lógica del control

El argumento oficial de “erradicar cultivos ilícitos” mediante químicos ignora que la fumigación ha demostrado baja efectividad y alto costo social. Según informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), más del 60 % de las áreas fumigadas fueron resembradas en menos de un año.

Además, las comunidades campesinas e indígenas en regiones como el Catatumbo, el Cauca o el Putumayo sufrieron pérdidas agrícolas, contaminación de fuentes hídricas y afectaciones de salud.

Un modelo en crisis

El debate sobre el glifosato y los cultivos ilícitos no solo enfrenta a Petro con sus promesas electorales, sino también con la historia reciente del país. El fracaso de la erradicación forzosa y la dependencia de las exportaciones ilegales son síntomas de un modelo que ni la izquierda ni la derecha han podido transformar.

En medio de la presión de Washington y las demandas internas por resultados, el retorno del glifosato no es una estrategia ambiental: es la confesión de que el país sigue atrapado entre la selva, la dependencia y el pragmatismo político.la Constitución.

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