Pobreza en Colombia 2025: ¿Por qué el ingreso no basta para medirla?

Más Allá del ingreso: ¿Qué es Realmente la Pobreza?

La pobreza en Colombia sigue siendo un fenómeno estructural profundamente enraizado, pese a las mejoras observadas en la última década. De acuerdo con datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2022 el 36,6% de la población vivía en condiciones de pobreza monetaria y el 12,9% en pobreza multidimensional. Si bien estas cifras muestran una tendencia decreciente, la realidad económica y social del país revela que millones de colombianos aún viven en condiciones de privación severa.

Durante décadas, la pobreza en Colombia —y en gran parte de América Latina— fue medida exclusivamente a través del ingreso monetario, bajo el supuesto de que este representaba adecuadamente el nivel de bienestar de una persona o familia. Sin embargo, esta visión reduccionista ha demostrado ser insuficiente para captar la complejidad del fenómeno de la pobreza.

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El bienestar humano no puede entenderse únicamente desde la óptica del dinero disponible, ya que personas con ingresos similares pueden experimentar condiciones de vida radicalmente distintas. La exclusión del acceso a salud, educación, empleo digno, vivienda adecuada o servicios básicos, así como la discriminación estructural por razones de género, etnia o territorio, son dimensiones fundamentales del empobrecimiento que el indicador monetario no refleja.

Es por eso que organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han promovido un enfoque multidimensional, basado tanto en las capacidades como en los derechos, que reconoce la pobreza como una situación de privaciones múltiples que impiden a las personas ejercer plenamente su ciudadanía y dignidad humana. 

Como señala la CEPAL (2022), «la pobreza monetaria no logra capturar necesidades satisfechas sin gasto, ni las desigualdades dentro del hogar, ni las vivencias sociales de exclusión y vulnerabilidad». Además, depender exclusivamente del ingreso puede conducir a errores de exclusión en el diseño de políticas públicas, especialmente en zonas rurales, donde el acceso a servicios es más determinante que el ingreso mismo. Superar la pobreza, por tanto, requiere una mirada integral y crítica que aborde no solo cuánto tienen los hogares, sino también qué pueden hacer con ello, y qué derechos pueden ejercer en su entorno social.

Precarización laboral

Uno de los principales obstáculos para superar la pobreza en Colombia es la precariedad del mercado laboral. A pesar de que el país ha mostrado cifras de crecimiento económico moderado, este no se ha traducido en empleo digno y sostenible. Según el DANE, entre junio y agosto de 2024, el 56% de los trabajadores ocupados estaban en condiciones de informalidad, lo que equivale a casi 13 millones de personas. En las zonas rurales, esta cifra es aún más alarmante: 84,1% de informalidad. Esta situación genera bajos ingresos, inestabilidad y nula protección social, impidiendo que millones de trabajadores salgan de la pobreza estructural, aun teniendo empleo.

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El poder adquisitivo de los hogares colombianos ha sido duramente golpeado por la inflación acumulada en los últimos años. Aunque en 2024 el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 5,2%, la inflación de alimentos y servicios básicos como el transporte y la energía sigue siendo desproporcionadamente alta para los hogares más pobres. El aumento del salario mínimo en un 9,5% no ha sido suficiente para compensar el incremento de la canasta básica, especialmente en regiones periféricas. Esta pérdida del poder de compra impide que los ingresos laborales cubran las necesidades mínimas, perpetuando la vulnerabilidad.

Las cifras nacionales de pobreza tienden a invisibilizar las desigualdades históricas y territoriales. Mientras algunas ciudades como Manizales o Medellín registran niveles relativamente bajos de pobreza monetaria (cerca del 20%), regiones como Chocó, La Guajira y el sur del país muestran tasas que superan el 40%, particularmente en indicadores de pobreza multidimensional. Estas regiones también concentran gran parte de la población indígena y afrodescendiente, quienes enfrentan tasas más elevadas de privación en salud, educación, empleo y acceso a servicios básicos.

Desfinanciamiento del Estado 

En un contexto de ajuste fiscal constante, el Estado colombiano ha visto recortada su capacidad para sostener las políticas sociales. Sectores clave como salud, educación y vivienda han sido afectados por la reducción de la inversión pública. A esto se suma la alta dependencia del presupuesto nacional de fuentes volátiles, como los ingresos petroleros o el endeudamiento externo. Esta fragilidad limita la sostenibilidad de los avances logrados en reducción de pobreza y evidencia la necesidad de una reforma fiscal estructural que garantice ingresos progresivos, estables y suficientes para sostener el Estado social de derecho.

Colombia ha logrado avances innegables en la reducción de ciertos indicadores de pobreza, pero estos progresos son frágiles si no se abordan las causas estructurales. La alta informalidad laboral, el deterioro del poder adquisitivo, las desigualdades territoriales y étnicas, y la debilidad fiscal del Estado son síntomas de un modelo económico basado en la extracción de productos básicos, sin generación de riqueza y con una muy limitada capacidad redistributiva.

Superar la pobreza en Colombia no es solo una cuestión de transferencias monetarias o programas asistencialistas. Es un reto de transformación estructural del modelo de desarrollo, que debe basarse en creación de riqueza, empleo digno, equidad territorial, justicia fiscal y un Estado social robusto. Solo así será posible cerrar las brechas históricas y garantizar una vida digna para todos los ciudadanos.