lunes, 6 de febrero de 2023
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Por qué son caras las tarifas de energía eléctrica en Colombia

Ramiro Rueda, Columnista, Más Colombia

Ramiro Rueda

Ingeniero eléctrico con MBA y 40 años de experiencia en el sector energético público y privado.

Costosa no es solo la prestación del servicio de energía eléctrica. Es un patrón en los servicios públicos por razones coyunturales, como la inflación y la devaluación que incrementan el IPP y el IPC, indicadores con los cuales se ajustan las tarifas al alza mensualmente. 


Sin embargo, existen otras causas más importantes que las temporales, que han permitido alcanzar los exagerados costos en las tarifas: las estructurales. Estas son consecuencia de la regulación sistemática en favor de las empresas que integran la cadena de valor de cada servicio y en contra de los usuarios indefensos, ante la ausencia por cooptación, de las Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y de Industria, e incluso de la CREG. 

Anunciar una reducción en la tarifa eléctrica del orden del 6-8% con bombos y platillos por el gobierno, y ofrecida con cínica y sibilina generosidad por los actores del negocio, no solo es ridícula sino ofensiva para los usuarios, pues el Costo Unitario (CU) en los últimos 5 años, un periodo tarifario completo, ha aumentado en cerca del 60%. 

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Y es peor si desagregamos los incrementos en la Generación (G), de 83.5%; en la Transmisión (T), de 35%; en la Distribución (D), de 37%; en la Comercialización (C), de 43%, y en las Pérdidas (Pr), de 88%, mientras que el IPC acumulado en el mismo periodo es de 23.5% y la devaluación de un 38%.


Peso e incremento por negocio
Fuente: Elaboración propia

Es urgente reducir las tarifas de energía eléctrica a niveles competitivos, mínimo en un 30% (aplicación ídem para los otros servicios públicos domiciliarios), dado que la energía eléctrica es el principal soporte para el desarrollo industrial de un país. Además, su grado de utilización es una medida del avance de su progreso y crecimiento y, así mismo, es un costo esencial para los procesos productivos. En muchos casos, alcanza un peso del 10-20% de los gastos de producción, transformándose en un factor crítico de éxito para la calidad y la competitividad esencial del país.

Colombia es uno de los países de la OCDE con menor consumo per cápita, si no el menor, entre otras razones por el valor de sus tarifas tanto por unidad de consumo, Costo Unitario (CU) del kilovatio hora, como al ponderar su participación con respecto a los ingresos y los gastos. 

Si se pretende sinceramente reactivar aceleradamente el sector productivo industrial, hay que tomar correctivos que equiparen las tarifas locales con costos competitivos a nivel internacional, bien sea con referencia a los países competencia o a los de la OCDE. Algunas opciones a revisar son:

1. Incorporar en la metodología de reconocimiento de las tasas de rentabilidad del capital reconocido a las inversiones en T, D y Pr, WACC (Weighted Average Cost of Capital), valores similares a los de nuestros países competencia o a los de la OCDE, alrededor del 7%, incluyendo la revisión real de los valores de las tasas de riesgo país, de cartera y de demanda para ajustarlos en los cálculos financieros a los niveles actuales reales.


2. Eliminar de la Base de Remuneración de Activos Eléctricos, BRAE, el reconocimiento anticipado de inversiones en proyectos futuros. Igualmente, exigir que se incorporen en ella los activos con valores reales de mercado, incluida su depreciación lineal por vida útil declarada y cumplida, eliminando de esa base los activos cuya vida útil real ya se cumplió.

3. Regresar a la fórmula tarifaria que reconocía las pérdidas en la Res 031/97 con una senda de pérdidas reconocidas, eliminando el actual Pr como reconocimiento adicional de inversiones independientes. Modelo de pérdidas razonable, justo, transparente y rentable per se dado que cada punto recuperado representa ingresos anuales vitalicios de $USD 6-8 Mills.

4. Ajustar los cálculos de los costos de Administración, Operación y Mantenimiento, AOM, con las tarifas efectivas de renta, 7-8% según Juan Ricardo Ortega, o 3.77% según Garay y Espitia, en reemplazo de las tasas nominales del 30-35%.

5. Indexar anualmente, no mensualmente, todos los factores que afectan el Costo Unitario del kilovatio hora con el menor de los índices entre IPC e IPP. Se debe eliminar el ajuste mensual de hoy si las variaciones de alguno de estos son superiores al 3%.


6. Modificar los criterios que definieron el cargo por confiabilidad con sus costos asociados y su forma de remuneración y aplicación anticipada, dado que va en contravía del principio de suficiencia financiera de la Ley.

7. Promover la desintegración vertical entre los diferentes negocios de la cadena, de tal manera que no sean propiedad de los mismos grupos empresariales en ninguna proporción, dado que es evidente que generan distorsiones en los precios del mercado por concentración de poder. Monopolio, Oligopolio o cartelización.

8. Fomentar la verdadera competencia en cada uno de estos negocios libres e independientes donde el monopolio natural no sea necesario.

9. Modificar el esquema de generación por restricciones, eliminándolo del factor costo unitario e incorporándolo como costo a su precio de oferta en función de la demanda de la zona.


10. Revisar el modelo de despacho, el precio de bolsa, la proyección de la demanda y el reconocimiento a todos los generadores que venden en bolsa no a su tarifa ofertada sino a la tarifa más costosa, precio de escasez. 

11. Propender por eliminar los vacíos regulatorios y las asimetrías de información y estabilizar su normativa durante períodos mínimos de 8 años con ajustes anuales.

12. Fortalecer las actividades de regulación, supervisión y control mediante la incorporación de personal preparado en el tema específico con un alto nivel de conocimiento del negocio, tanto en la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos y la de Industria y Comercio incorporando miembros expertos que representen a los usuarios por cada región del país.

13. Implementar sistemas de información únicos y públicos, dónde esté toda la información del negocio como la BRAE, los indicadores de calidad de servicio, los balances de energía, los catastros e inventarios de infraestructura, el vínculo cliente red, el censo de clientes, etc.; de tal manera que los usuarios puedan auditar en tiempo real. Sistemas Únicos de información Públicos y administrados por el Estado exclusivamente.


14. Recuperar los perfiles de los expertos en Regulación, Supervisión y Control y duplicar los periodos de inhabilidad para funcionarios que provengan de las empresas reguladas y vigiladas.

15. Revisar a fondo y hacer los ajustes urgentes necesarios de las Resoluciones 078, 079 de 2021 y otras para el Caribe Colombiano.

16. Desarrollar aleatoriamente y en cualquier momento, con el apoyo de los usuarios, una revisión técnica de la eficiencia de la infraestructura en relación con su demanda.

17. Facilitar y promover las condiciones para la incorporación de más actores en la autogeneración y la generación distribuida, eliminando las barreras de entrada.  


18. Acelerar la entrada oportuna de Hidroituango en condiciones técnicas garantizadas y promover proyectos, hoy escasos, con los grandes jugadores de la generación, para minimizar el riesgo de crear restricciones de muy alto costo, como hoy ocurre por las demoras en entradas en operación.

19. Desmontar cualquier sobretasa que distorsiona el precio, la calidad y la competitividad del servicio. Deben ser tributos que provengan de otras fuentes. 

20. Revisar las tarifas de comercialización y de pérdidas por kilovatio/hora dado que es evidente que están sobredimensionadas, verbigracia en el Caribe donde son 3 veces superiores a las de transmisión, el 90% de las de distribución o el 50% de las de Generación, a pesar de demandar inversiones de capital y gastos de operación miles de veces inferiores a esos otros negocios de la cadena. En las demás zonas del país la desproporción es similar, pero en una menor proporción.