Protestas en Ecuador: el fin del subsidio al diésel desata paro nacional y agudiza la tensión política
La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador desató un paro nacional que se suma al pulso entre Daniel Noboa y la Corte Constitucional.
Ecuador enfrenta una semana marcada por protestas sociales y una creciente tensión institucional. El detonante fue la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa, que elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón.
La medida busca un ahorro fiscal estimado en USD $1.100 millones y responde a un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) que exige reducir un déficit del 5% del PIB. Forma parte de un paquete de austeridad que ya incluyó la eliminación de subsidios a las gasolinas, el aumento del IVA, la reducción de ministerios de 19 a 14 y el despido de unos 5.000 funcionarios.
El alza del diésel desató un paro nacional indefinido encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con apoyo de sindicatos y estudiantes, mientras Noboa libra al mismo tiempo un enfrentamiento con la Corte Constitucional, que ha bloqueado varios de sus decretos y leyes de seguridad.
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El detonante: el fin del subsidio al diésel
La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador fue formalizada el 12 de septiembre de 2025 mediante decreto presidencial. El incremento inmediato del precio golpeó con fuerza a transportistas, campesinos y comunidades indígenas.
El gobierno justifica la decisión con dos argumentos centrales:
- Económico: el ahorro fiscal estimado es de USD $1.100 millones, dentro de un programa del FMI para reducir un déficit que equivale al 5% del PIB.
- De seguridad: según el Ejecutivo, los subsidios han financiado economías ilegales como el contrabando de combustibles, la minería ilegal y el narcotráfico.
Como medida de mitigación, se han entregado compensaciones a transportistas y subsidios directos a sectores vulnerables, aunque los beneficiarios denuncian que la cobertura es insuficiente.
La respuesta social: protestas y paro nacional
La CONAIE, protagonista de levantamientos previos en 2019 y 2022, convocó un paro nacional indefinido. La acompañan sindicatos como el FUT y organizaciones estudiantiles.
Las principales demandas son:
- Derogar el decreto que elimina el subsidio al diésel.
- Reducir el IVA del 15% al 12%.
- Mejorar la seguridad ciudadana.
- Detener el extractivismo minero.
- Garantizar acceso a salud pública de calidad.
En provincias andinas como Carchi, Imbabura y Pichincha se registraron bloqueos de carreteras, despejados con intervención policial. En Quito, las marchas derivaron en choques con la fuerza pública y gases lacrimógenos. Aunque las primeras jornadas no fueron masivas, los líderes sociales anuncian una escalada con una gran movilización prevista para el 23 de septiembre.
La oposición política, por su parte, propone alternativas como cobrar impuestos atrasados a grandes empresas (USD $2.300 millones), reinstaurar el Impuesto a la Salida de Divisas (USD $1.300 millones anuales) y renegociar contratos petroleros y de telefonía para aumentar ingresos.
La reacción del gobierno de Noboa
El presidente Noboa declaró que la eliminación del subsidio es “irreversible” y descartó cualquier negociación. Aunque afirma estar abierto al diálogo, advirtió que será “muy firme” frente a actos de presión o violencia.
Entre las medidas adoptadas destacan:
- Estado de excepción en al menos siete provincias.
- Toque de queda nocturno en cinco de ellas.
- Traslado temporal del Ejecutivo a Latacunga, bajo fuerte custodia militar.
El discurso oficial endureció el tono: se amenaza con acusar de terrorismo a quienes bloqueen carreteras, con penas de hasta 30 años de cárcel. Al mismo tiempo, se han organizado contramarchas en ciudades como Guayaquil y Latacunga para mostrar apoyo al gobierno bajo consignas de “paz y seguridad”.
El pulso institucional con la Corte Constitucional
La crisis social se combina con un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.
La Asamblea Constituyente en disputa
Noboa intentó convocar por decreto un referéndum para convocar una Asamblea Constituyente, sin control previo del tribunal. La Corte suspendió el decreto y analiza la constitucionalidad del proceso.
Suspensión de leyes de seguridad
La Corte también frenó artículos clave de las leyes de seguridad:
- La posibilidad de otorgar indultos anticipados a policías y militares procesados.
- Disposiciones que permitían a agentes de inteligencia usar identidades falsas y requerir información a empresas telefónicas sin orden judicial.
Esta tensión refleja un choque de poderes en medio de una situación de inseguridad marcada por el avance del crimen organizado. Mientras Noboa acusa a la Corte de obstaculizar su lucha contra el narcotráfico, juristas y organizaciones civiles advierten riesgos de concentración de poder y vulneración de derechos fundamentales.
Una sociedad polarizada y en alerta
Ecuador vive hoy una polarización creciente. De un lado, sectores que respaldan al presidente y exigen medidas firmes contra la delincuencia; del otro, comunidades indígenas, sindicatos y opositores que ven en sus políticas un giro autoritario y regresivo en lo social.
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La incertidumbre es alta: el paro podría escalar en los próximos días y el pulso con la Corte Constitucional amenaza con desencadenar una crisis institucional más profunda. En un país golpeado por la violencia del narcotráfico y un déficit fiscal elevado, la capacidad de Noboa para equilibrar la estabilidad política con la contención social será puesta a prueba en el corto plazo.
