¿Por qué grandes compañías están abandonando proyectos de transición energética en Colombia?
La transición energética en Colombia enfrenta obstáculos críticos como demoras regulatorias, conflictos sociales e incertidumbre fiscal, mientras Ecopetrol, sin mayores estudios, apuesta por proyectos renovables que otros abandonan.
La transición energética en Colombia, pilar del discurso oficial hacia un modelo económico descarbonizado, enfrenta una creciente crisis silenciosa. En los últimos meses, varias empresas han suspendido o abandonado proyectos clave de energía solar y eólica debido a múltiples obstáculos: demoras regulatorias, conflictos sociales, incertidumbre fiscal y condiciones macroeconómicas adversas.
En contraste con este panorama, Ecopetrol, la empresa estatal colombiana, ha decidido la adquisición de activos de energías renovables. El 20 de mayo de 2025, Ecopetrol anunció la compra de un portafolio de nueve proyectos solares y eólicos a la noruega Statkraft, distribuidos en diez compañías ubicadas en los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba, Caldas y Magdalena. Estos proyectos suman una capacidad potencial de hasta 1,3 gigavatios (GW), destinados al autoconsumo del grupo, con el objetivo de reducir su dependencia de compras externas de energía.
Aunque solo uno de los proyectos está actualmente en operación, se prevé que algunos inicien entre 2026 y 2027, y otros tienen fechas por definir. Esta adquisición marca la salida de Statkraft del mercado colombiano, alineándose con su estrategia de concentrar inversiones en mercados prioritarios. Este movimiento, sin embargo, también refleja los desafíos que enfrenta la transición energética en Colombia en su intento por consolidarse como una opción real y rentable.
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EDF Renewables: obstáculos regulatorios y caída en rentabilidad
Uno de los casos más emblemáticos es el de EDF Renewables, la multinacional francesa que decidió retirarse del proyecto solar Pubenza 2, ubicado en Girardot, Cundinamarca. Este parque fotovoltaico tenía una capacidad proyectada de 50 megavatios (MW), pero formaba parte de una adjudicación mayor por 145 MWp ganada en subasta. La decisión de retiro fue motivada por una serie de dificultades estructurales que, según la compañía, hicieron inviable el proyecto.
La empresa denunció que la corporación autónoma regional encargada de otorgar los permisos ambientales incumplió los plazos establecidos por el Decreto 1076 de 2015, generando retrasos críticos. Además, EDF señaló que los cambios fiscales y regulatorios introducidos tras la subasta, particularmente con la reforma tributaria de 2022, afectaron negativamente la rentabilidad esperada.
El entorno macroeconómico también jugó un papel clave: tasas de interés elevadas, volatilidad del dólar y la instrucción de XM de ejecutar garantías por más de $4.600 millones —pese a un fallo del Consejo de Estado que anuló la subasta por inconstitucionalidad— fueron elementos que terminaron por sellar la salida de EDF.
A juicio de expertos del sector, la empresa asumió riesgos elevados al buscar un punto de conexión sin tener asegurada la licencia ambiental, exponiéndose al pago de garantías millonarias si no cumplía los plazos. Una apuesta que, claramente, no resultó favorable.
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Enel Colombia: tres parques eólicos en pausa indefinida
Otra señal de alerta es la decisión de Enel Colombia de suspender indefinidamente la construcción del parque eólico Windpeshi (205 MW) en La Guajira, junto con otros dos proyectos: Tumawind y Chemeski. La razón principal: la imposibilidad de avanzar por bloqueos comunitarios que detuvieron hasta el 60 % de las jornadas laborales en los últimos tres años.
La suspensión implica no solo el congelamiento de las obras, sino también la evaluación sobre la venta de los proyectos.
Enel no es la única que enfrenta este panorama. AES Colombia y Begonia Power también reportan importantes retrasos, aunque sin suspensiones definitivas. En todos los casos, la conflictividad social, la lentitud en licencias ambientales y las consultas previas aparecen como los principales cuellos de botella. Estos factores se han convertido en barreras estructurales para consolidar la transición energética en Colombia, especialmente en regiones con alto potencial de generación.
Efecto dominó: desconfianza inversora y alerta por la confiabilidad energética
La salida o pausa de estos proyectos no es un hecho aislado. La situación ha encendido las alarmas sobre la viabilidad de la transición energética en Colombia. Según Brookfield Corporation, accionista mayoritario de Isagén, una resolución en discusión en la CREG podría limitar la remuneración a generadores, afectando el retorno esperado y poniendo en riesgo la confiabilidad de la matriz energética.
A esto se suma la advertencia de XM, operador del sistema energético, sobre una posible crisis financiera que impactaría a 36 comercializadoras, que representan el 38,7 % de la demanda nacional, con un posible hueco financiero de hasta $827.000 millones.
EDF Renewables fue contundente: “Ninguno de los proyectos eólicos o solares adjudicados en Colombia se encuentra actualmente en operación”.
De los cerca de 2 GW de capacidad asignada, ni uno solo ha entrado en funcionamiento efectivo, lo que pone a Colombia en desventaja regional frente a países como Chile o Brasil.
Problemas estructurales: puntos de conexión, licencias y costos
Uno de los factores técnicos más señalados es la especulación en la reserva de puntos de conexión para nuevos proyectos. Según expertos, estos puntos pueden costar hasta US$10.000 por megavatio por año, pero deben ser asegurados con todas las licencias ambientales ya aprobadas, algo difícil de lograr ante la lentitud institucional.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, advierte que la “tasa de mortalidad” de los proyectos de generación ha pasado de 40% antes de 2019 a casi 60% en la actualidad, debido principalmente a la conflictividad social. A esto se suman los atrasos en infraestructura de transmisión, que impiden conectar nuevas plantas al sistema.
Amylkar Acosta, exministro de Minas, lo resume así: “La lentitud de las licencias y las trabas en las consultas previas están ahogando al sector”.
Estas condiciones amenazan directamente la continuidad y el éxito de la transición energética en Colombia, que necesita inversiones ágiles y entornos propicios para su despliegue.
Ecopetrol apuesta por lo que otros abandonan
En contraste con esta ola de suspensiones, Ecopetrol ha optado por la adquisición de activos renovables. La petrolera estatal firmó un acuerdo con Statkraft para adquirir nueve proyectos solares y eólicos (con potencial de 1,3 GW), y está en negociaciones para comprar uno de los proyectos suspendidos de Enel.
Asimismo, Ecopetrol compró el 49% del clúster eólico Jemeiwaa Ka’I de AES Colombia, como parte de su estrategia para reducir su huella de carbono y depender menos del mercado mayorista para abastecerse de energía. Estas acciones, no pueden por sí solas resolver los múltiples cuellos de botella que enfrenta la transición energética en Colombia.
¿Hacia dónde va la transición energética en Colombia?
El panorama actual plantea un dilema crítico: mientras el gobierno promueve la energía renovable como eje del desarrollo sostenible, las condiciones institucionales, regulatorias y sociales no ofrecen el terreno fértil que requiere el sector. La falta de claridad normativa, los retrasos burocráticos y el conflicto con comunidades ponen en duda la viabilidad del plan energético nacional.
Aunque Ecopetrol avanza con adquisiciones, la salida de empresas como EDF Renewables, el congelamiento de proyectos de Enel y la advertencia de Brookfield demuestran que la inversión privada se está frenando peligrosamente. La transición energética en Colombia, lejos de consolidarse, atraviesa una etapa crítica que exige respuestas urgentes desde el Estado.
El problema no radica en la necesaria ampliación de la generación de energías renovables, sino en que desde el gobierno se plantea un reemplazo de la expansión petrolera por ellas, renunciando de una u otra manera al fortalecimiento de Ecopetrol.
