Cuando iniciaron las negociaciones del TLC con Estados Unidos, Álvaro Uribe expresó que ese acuerdo era una alianza para el progreso con la súper potencia, citó a Simón Bolívar y agregó: “Muchos se oponen a estos tratados mientras están en la oposición, pero cuando llegan al gobierno se convierten en sus mayores auspiciadores” (May.18.2004).

Cuánta coincidencia con las maneras de actuar de Gustavo Petro, quien como candidato de la oposición a Duque dijo que renegociaría los TLC, pero ya como Presidente mandó a su vocero, el ministro Umaña, a decir: “No, no se va a renegociar”.

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Después Petro, al igual que Uribe, invitó al presidente norteamericano, Joe Biden, a hacer una alianza para que los intereses de EE. UU. progresen en Latinoamérica, ese pueblo al sur de Estados Unidos, como dice la canción.

Durante la discusión sobre los impactos del TLC se ha hecho referencia a las palabras libertad, igualdad, equidad y bienestar. Más nunca se menciona que ese contrato es para reglar y legalizar la competencia desleal, luchar por los mercados y conquistar negocios y filones de acumulación, aún a costa de la calidad de vida, los ingresos y la riqueza acumulada en un país, un territorio o por un grupo de la población.

Hoy, después de una década de ese Tratado, sigue vigente la reflexión de Stiglitz, quien, hablando de esas alianzas de tigre con burro amarrado, dijo que ese TLC no era libre comercio y sí mucho más que libre comercio.

Al iniciar la implementación del TLC era evidente que Estados Unidos ganaría más que Colombia en materia comercial, porque aquí el arancel promedio (impuesto cobrado a las importaciones) bajaba de 12,5% a 0%, mientras el de allá lo hacía de 3% a 0%. Situación que, como motor principal, empujo al déficit al balance del intercambio comercial entre las dos naciones, que pasó de 39.146 millones de dólares (2002-2012) a -23.085 millones de dólares (2013-2022), un cambio de calidad.

Aunque en ese desbalance estructural juega un papel el precio del petróleo que, sumado con los altos precios internacionales del café, el oro y el carbón, no contrarrestó el avance de las importaciones provenientes de USA, las cuales crecen más rápido que el PIB y las exportaciones.

La tasa de crecimiento más acelerada en la variable importaciones, la cual supera la de las exportaciones (demanda externa) y el PIB (gasto, ahorro-inversión internos), implica que las compras al extranjero ganen peso en la economía llevando a que una parte creciente del gasto (consumos básicos y masivos) y de la inversión (maquinaria, tecnología, edificaciones y vías, y equipos) sea la vía para la sustracción de rentas desde la economía nacional hacia la de EE.UU. 

Además, en materia de exportaciones no ha habido diversificación. En 2022, se exportaron el mismo número de productos que en 2007 y el 74% de las exportaciones siguen siendo cuatro productos: petróleo, flores, café y oro.

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Respecto a las importaciones, el 75% de estas son bienes intermedios industriales, en cuya producción está la base de la industrialización de cualquier país. Y el 87% de lo importado no se produce en Colombia generando una creciente dependencia de USA. Estas compras nos resultan cada vez más caras.

Entre 2020 y 2022, por ejemplo, el valor de la tonelada importada desde USA a Bogotá subió en 69% y, entre 2015 y 2022, lo hizo en 76%. La población colombiana se quedó esperando la promesa de las cosas más baratas. ¡Cuentos! Y mientras Colombia representa menos del 1% de lo comprado por la potencia, lo importado desde allá es la cuarta parte de lo comprado por nuestra nación.

En renglones estratégicos como los combustibles, la proteína animal, los aparatos médicos, etc., los norteamericanos mandan, es decir, hay cadenas de valor dependientes en provisión de materias primas y capital de allá creándose una economía política donde ese país es el que manda. ¿Será que este poder no lo emplea para someternos como nación? Este es el verdadero salto de calidad.

El déficit comercial tiene, entre otras consecuencias, la necesidad de financiación proveniente de los Estados Unidos, que después vuelve a reforzarse con más importaciones, porque cada nuevo dólar que llega en forma de inversión es dinamizador de las compras externas.

En vigencia del TLC, la posición de los inversionistas norteamericanos ha mejorado. En 2012, el stock de la inversión norteamericana era de 6,6% del PIB nacional. A 2022, este subió a 14,3%, duplicándose el poder de EE.UU. aquí.

Ese stock pasó de 24.500 millones de dólares a 49.220 millones de dólares, recursos que casi siempre arriban, como se da con el caso de Cargill (que es un ejemplo que sintetiza), a comprar empresas maduras en mercados oligopólicos. Ahí entran al juego, entonces, los capítulos de inversiones y de solución de controversias que dan plenas garantías para que las empresas norteamericanas nos vendan más costoso. 

Según las autoridades norteamericanas, el TLC garantiza “un marco legal estable para los inversionistas estadounidenses”, cubriendo “todas las formas inversión… incluyendo empresas, deuda, concesiones y contratos similares, y propiedad intelectual” (2012). Esos beneficios se expresan en la prohibición de requisitos de desempeño, la expropiación indirecta y la libertad de movimiento de los capitales, y posibilitan dominar parcial o totalmente el mercado colombiano.

Miremos el caso de la energía: más de la tercera parte del consumo nacional de gasolina y la quinta parte del diésel se proveen con importaciones norteamericanas. Además, dos empresas con inversión estadounidense (Enel y AES) dominan la cuarta parte de la oferta de electricidad, con lo cual Estados Unidos controla el 17% de la energía consumida en Colombia, un gran poder.

Ese poder de mercado se paga. AES, multinacional norteamericana con ingresos globales de 12.600 millones de dólares, vende electricidad en Indiana −territorio con ingreso por habitante de 68.000 dólares− a $557 el kw-h, mientras aquí, en cadenas con su participación, se coloca a entre 776-852.

Y Enel, la segunda empresa eléctrica del mundo y donde los inversionistas norteamericanos son dueños del 43%, participa en el negocio de la electricidad en Texas –ingreso por habitante de 78.000 dólares−, estado de USA en el que la electricidad se cobra a $606 kw-h, pero aquí, a los y las bogotanas, la vende a $776, ciudad en la que el ingreso por habitante es de 10.200 dólares −sietes veces menos que el de los lugares donde esas dos multinacionales venden menos costosa la electricidad−.

El TLC es una alianza para el retroceso. Nuestro país depende del dólar, haciendo que el ciclo de financiación de la industria y el movimiento económico nacional esté controlado por esa moneda.

De esta forma, USA domina el ciclo económico nacional, las reservas internacionales, los pasivos externos, la financiación del déficit comercial y de la cuenta corriente, la provisión de comida, el cierre de la financiación de la inversión interna ante la caída del ahorro nacional, el acceso de una parte importante de la energía, la provisión de bienes de mediana y alta tecnología de capital y las materias primas para el funcionamiento industrial, etc. En fin, con el TLC, USA nos usa.