La Defensoría pide reabrir el registro de damnificados del terremoto para las familias que quedaron fuera: hay 486.917 inscritos
Solo admite correcciones formales pedidas por las alcaldías. Sin estar inscrito, un hogar no puede pedir el apoyo de vivienda de hasta $1.050.543 al mes durante tres meses.
La Defensoría del Pueblo pidió reabrir el registro de damnificados del terremoto del 10 de agosto. «Reiteramos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la necesidad de reabrir el Registro y ampliar la atención en los municipios afectados», dice su comunicado del sábado 10 de octubre, al cumplirse dos meses del sismo.
La razón que da es que hay afectados a los que no les llega la ayuda: «es urgente superar las barreras» que les impiden acceder a la asistencia institucional. El Registro Único de Damnificados (RUD), que habilita la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se cerró el 4 de septiembre, y la UNGRD no había respondido públicamente a la petición al cierre de esta nota.
El corte más reciente del registro lo publicó la Presidencia de la República en un comunicado del 9 de octubre. En el RUD figuran 486.917 personas y 303.934 familias afectadas, y el terremoto deja 335 muertos.
¿Por qué el registro de damnificados ya no recibe inscripciones?
Porque la UNGRD lo cerró de forma «definitiva y permanente». La Circular 076 del 26 de agosto reabrió el registro, que había cerrado el 24 de agosto, hasta el 4 de septiembre a las 11:59 p. m., y advirtió que, vencido ese plazo, no se volvería a abrir para este terremoto. Esa segunda ventana tampoco aplicó a los municipios que ya habían consolidado su lista.
Desde entonces, la información solo puede cambiarse por errores de digitación, de transcripción o de omisión de palabras, y a pedido de la alcaldía. El registro se habilita para cada municipio y son las alcaldías las que certifican su cierre ante la UNGRD; la herramienta existe desde la Resolución 1256 de 2013.
La alerta no es nueva. En su balance del 11 de septiembre, la Defensoría ya había puesto entre las necesidades urgentes «la inclusión de la población rural dispersa en los registros de damnificados».
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¿Qué pierde una familia que no quedó inscrita?
Pierde la puerta de entrada al apoyo económico de vivienda de la UNGRD, que se paga durante tres meses a los hogares cuya casa quedó destruida o inhabitable. Según la nota de la UNGRD del 2 de septiembre, el jefe de hogar tiene que estar inscrito en el RUD del sismo del 10 de agosto, probar ante la alcaldía que vivía en el municipio y tener su casa registrada como destruida o no habitable.
El monto depende de la categoría del municipio y se paga por hogar, no por persona. Son $1.050.543 al mes en municipios de categorías 1 y 2 y distritos especiales; $875.452,50 en categorías 3 y 4, y $787.907,25 en categorías 5 y 6, hasta $3.151.629 en los tres meses.
La alcaldía presenta la solicitud y certifica los hogares, y la UNGRD cruza los nombres con la Registraduría. Para el primer mes, la entidad destinó $42.754 millones, según su balance del 10 de septiembre.
La UNGRD advirtió que circulan correos falsos que anuncian giros a damnificados con su logo y el de SuperGiros: no hay que responderlos, abrir sus enlaces ni entregar datos.
¿Cuál es el balance a dos meses del terremoto?
El corte del 9 de octubre suma 4.516 heridos, 103 desaparecidos y 364 personas rescatadas. Hay 36.478 viviendas destruidas y 206.931 averiadas, 243.409 en total, en 500 municipios de 16 departamentos.
Un mes antes, el 10 de septiembre, la UNGRD contaba 331 muertos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos. En cuatro semanas, los muertos pasaron de 331 a 335 y los desaparecidos bajaron de 111 a 103. Ese día había 4.720 personas en 35 alojamientos temporales de Caldas, Quindío, Chocó y Valle del Cauca.
¿Qué sigue para la reconstrucción?
El miércoles 14 de octubre se decide el plan. La UNGRD terminó la versión preliminar del Plan de Acción Específico (PAE) para la recuperación y la presentará ese día al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para su aprobación, según su nota del 7 de octubre. Si se aprueba, cada sector ejecuta la parte que le toca.
Para armarlo se analizaron 950.000 datos, 94 informes situacionales y más de 100 reuniones técnicas. Participaron los sectores de agricultura, vivienda, minas y energía, transporte y ambiente, con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y con apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y financiero del banco de desarrollo CAF.
La Circular 082 del 14 de septiembre fija lo que debe traer cada plan, nacional, departamental o municipal. Cada PAE tiene que convertir los daños en proyectos con responsables, cronogramas, costos, fuentes de financiación e indicadores de seguimiento.
El plan todavía no tiene un costo total publicado. La cifra oficial más cercana es la de un primer estudio de una firma especializada que la Presidencia divulgó el 17 de agosto: $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura, unos $30 billones, solo para Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, y con la advertencia de que se irían ajustando por región.
La Defensoría pide además que la recuperación incluya vivienda, salud, educación, medios de vida y transparencia en el uso de los recursos. También reclama un marco legal con protocolos para evacuar, alojar, hacer retornar y reubicar a las personas desplazadas por desastres, y meter la gestión del riesgo en el ordenamiento de los municipios.
Quedan dos respuestas por conocer: si la UNGRD reabre el registro y si el Consejo Nacional aprueba el plan el 14 de octubre. Esta nota se actualizará con ambas.
