Desacuerdo en el gobierno sobre la reforma del Sistema General de Participaciones: Hacienda y DNP advierten riesgo de ruptura fiscal

El debate por la reforma al Sistema General de Participaciones continúa. Pese al respaldo político del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tanto el Departamento Nacional de Planeación (DNP) como el Ministerio de Hacienda han emitido críticas contundentes que ponen en duda la viabilidad del proyecto.

Por su parte, luego de un largo silencio, el presidente Gustavo Petro ha expresado su apoyo por la reforma, siempre y cuando esté supeditada a una ley de competencias para los municipios.

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Una reforma ambiciosa para aumentar las transferencias territoriales

El proyecto de acto legislativo propone modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución para restaurar el vínculo entre las transferencias del Sistema General de Participaciones y los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Esta reforma busca revertir las modificaciones de 2001 y 2007, que desvincularon el crecimiento del Sistema General de Participaciones del crecimiento de los ICN, lo que redujo considerablemente los recursos que llegan a los territorios.

El objetivo es que el Sistema General de Participaciones aumente progresivamente hasta llegar a representar el 46,5% de los ICN en el período 2027-2036, lo que, según los impulsores, permitiría fortalecer la autonomía fiscal de las entidades territoriales. Sin embargo, las críticas técnicas sobre la sostenibilidad financiera de la propuesta han ensombrecido el debate en torno a su aprobación.

Críticas del DNP: Riesgo para la viabilidad del Estado

El pasado 11 de octubre, el DNP emitió un concepto negativo que calificaba la reforma como “inconveniente” y alertaba sobre los desafíos financieros que implicaría. Según el DNP, la economía colombiana no está en condiciones de soportar el incremento propuesto en las transferencias, lo que pondría en riesgo la viabilidad del Estado.

El DNP resaltó que los ingresos públicos actuales no permiten financiar un aumento significativo en el Sistema General de Participaciones sin sacrificar otras inversiones cruciales, como los sectores de justicia, defensa y seguridad. Además, la entidad advirtió que la deuda pública, que se espera aumente al 56,5% del PIB en 2025, limita las posibilidades de financiar más gasto mediante endeudamiento o impuestos adicionales.

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Ministerio de Hacienda advierte ruptura de la Regla Fiscal

En lo corrido del año el Ministerio de Hacienda había sido claro en su oposición a la reforma del Sistema General de Participaciones. En mayo de 2024, la cartera emitió un concepto en el que advertía que la propuesta desbalancearía las finanzas públicas a favor de las entidades territoriales en detrimento de la Nación. Por lo que inicialmente negó el aval fiscal para el proyecto de ley.

En ese mismo sentido, el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, calificó la reforma como “inconstitucional”. Según Acosta, la propuesta viola el artículo 334 de la Constitución al romper la Regla Fiscal y «federaliza a las malas» al país. A través de su cuenta en X, Acosta señaló: “Transferir 9,2% del PIB en 2036 a municipios y departamentos ($395 billones de 2024 para el período 2027-2036), sin que antes se definan competencias y destino de esos dineros, viola la Constitución”.

Posteriormente, el ministro Ricardo Bonilla ha señalado que, para aumentar las transferencias, primero se deben discutir las competencias de los gobiernos locales. Además, pide que se adopte el plan establecido por la Misión de Descentralización, y se llegué a unas transferencias del 39,5% entre los próximos 15 a 20 años.

Impacto en la Regla Fiscal y la sostenibilidad financiera

El artículo 334 de la Constitución establece que el Estado debe garantizar la sostenibilidad fiscal, y la Regla Fiscal es el mecanismo principal para cumplir con ese mandato. Esta regla, diseñada para mantener el equilibrio de las finanzas públicas, establece límites a la deuda y el déficit fiscal. La reforma al Sistema General de Participaciones, según Hacienda, violaría esta norma al comprometer recursos que no están garantizados en el largo plazo.

El impacto fiscal proyectado es significativo. Según el análisis del Ministerio de Hacienda, la reforma implicaría un costo de $395 billones adicionales entre 2027 y 2036. Este incremento, podría reducir la capacidad del gobierno central para financiar otros sectores prioritarios, como la inversión social, la infraestructura o la educación.

El presidente de Anif, José Ignacio López, también ha expresado su preocupación por el impacto fiscal de la reforma. López advirtió que, aunque el proyecto aumentaría sustancialmente las transferencias, las regiones aún carecen de la capacidad institucional para gestionar adecuadamente esos recursos. 

Según el experto, al no estar atadas las transferencias a un porcentaje fijo del ICN, como se propuso en 2007, el proyecto introduce incertidumbres sobre la eficiencia y la equidad en la distribución de los recursos.

¿Proyecto de reforma del Sistema General de Participaciones en riesgo?

El futuro de la reforma al Sistema General de Participaciones es incierto por la oposición por parte del DNP y las condiciones que exige el Ministerio de Hacienda para dar el aval fiscal. Aunque cuenta con el respaldo político del ministro Cristo, las objeciones técnicas sobre la sostenibilidad fiscal han debilitado el apoyo al proyecto en el Congreso. 

El ministro Cristo, defensor de la descentralización y la autonomía regional, ha señalado que esta reforma es clave para garantizar mayores recursos a los territorios, especialmente en sectores como salud, educación e infraestructura. Sin embargo, sus argumentos enfrentan un fuerte contrapeso por parte de quienes advierten sobre los riesgos en la sostenibilidad fiscal de avanzar sin un plan claro sobre las competencias y responsabilidades de los gobiernos territoriales.