Reforma Ley 30: lo que el Congreso aprobó y lo que aún no se resuelve
La reforma Ley 30 fue aprobada por unanimidad en el Congreso y promete corregir la desfinanciación de las universidades públicas, pero los números muestran que varios problemas estructurales siguen abiertos.
La reforma Ley 30 ya es una realidad legislativa. El Congreso aprobó de forma unánime la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, el corazón del modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia.
El cambio, celebrado como una conquista histórica por el movimiento estudiantil y las universidades públicas, introduce nuevas reglas para la asignación de recursos.
Sin embargo, el alcance real de la reforma sigue generando preguntas clave sobre su capacidad para resolver la crisis estructural del sistema.
Qué cambia con la reforma Ley 30 y por qué era urgente
La reforma Ley 30 responde a una presión acumulada durante más de tres décadas. El esquema anterior obligaba a que el presupuesto base de las universidades públicas creciera únicamente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una fórmula que ignoró el verdadero costo de la educación superior.
Mientras los gastos en salarios, investigación, infraestructura y bienestar crecían muy por encima del IPC, los recursos permanecieron prácticamente congelados. El resultado fue un déficit estructural que hoy supera los 19 billones de pesos, según estimaciones del Sistema Universitario Estatal (SUE).
La reforma, tramitada como el Proyecto de Ley 212 de 2024, fue aprobada en su último debate el 15 de diciembre de 2025 y modifica de manera directa los artículos 86 y 87, que regulan la financiación de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.
Artículos 86 y 87 Ley 30: el nuevo modelo de financiación
Uno de los ejes centrales de la reforma Ley 30 es el cambio en la fórmula de actualización presupuestal.
El nuevo ICES educación superior
La ley elimina el IPC como referencia y lo reemplaza por el ICES educación superior, un Índice de Costos de la Educación Superior calculado por el DANE. Este índice reconoce que la “canasta educativa” es más costosa que el promedio de bienes y servicios que mide el IPC.
En términos prácticos, el ICES se proyecta entre 1,1 y 3 puntos porcentuales por encima del IPC, lo que representa un avance frente al modelo anterior, aunque no una solución definitiva.
Más recursos ligados al crecimiento económico
Otro cambio clave es el aumento de los aportes adicionales de la Nación. Antes, estos crecían al 30 % del aumento del Presupuesto General de la Nación. Con la reforma, el crecimiento será no inferior al 70 % del crecimiento real del PIB, lo que ata la financiación universitaria al desempeño económico del país.
Financiación universidades públicas: promesa de largo plazo
La reforma Ley 30 también introduce una proyección presupuestal de largo plazo alineada con el Plan Nacional de Desarrollo. Según el texto aprobado, el impacto fiscal acumulado sería de 18,7 billones de pesos (constantes de 2024) entre 2027 y 2040.
El objetivo final es ambicioso: alcanzar una inversión equivalente al 1 % del PIB en educación superior pública, una meta que Colombia no ha logrado de forma sostenida.
ITTU educación superior: una base presupuestal separada
Uno de los puntos menos visibles pero más relevantes de la reforma Ley 30 es la creación de una base presupuestal independiente para las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU).
Estas instituciones recibirán recursos permanentes equivalentes al 0,05 % del PIB del año anterior, y se incorporan formalmente al Presupuesto General de la Nación. En total, la reforma contempla la financiación de 64 a 67 instituciones públicas, incluidas 32 técnicas y tecnológicas que antes no tenían respaldo presupuestal estable.
Déficit universidades públicas: lo que la reforma no resuelve
Pese a los avances, la reforma Ley 30 no cierra todos los frentes críticos del sistema.
ICES insuficiente frente a los costos reales
Aunque el ICES supera al IPC, el SUE advierte que sigue siendo insuficiente. Solo los costos derivados del Decreto 1279, que regula el régimen salarial docente, requieren al menos 3 puntos porcentuales por encima del IPC. A eso se suman los incrementos salariales generales, que demandan cerca de 1,6 puntos adicionales.
Metas condicionadas a la disponibilidad presupuestal
Varios objetivos misionales incluidos en la reforma quedan supeditados a la llamada “disponibilidad presupuestal”. Esto introduce incertidumbre sobre medidas clave como la formalización laboral y la ampliación de plantas docentes, que requerirían al menos 3 billones de pesos adicionales.
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Pasivos pensionales universidades: una bomba intacta
Otro punto crítico que la reforma Ley 30 no resuelve es el de los pasivos pensionales de las universidades. Solo en las tres universidades públicas más grandes del país, esta deuda supera los 8,3 billones de pesos, según la Contraloría.
La reforma no crea un mecanismo estructural para asumir estos pasivos, lo que mantiene una presión fiscal silenciosa sobre las instituciones.
Municipalización educación superior: una inquietud abierta
La discusión no termina en la Ley 30. La reciente reforma al Sistema General de Participaciones abrió la puerta a que los entes territoriales financien los dos primeros años de educación superior. Sin embargo, esta posibilidad depende de una ley de competencias que aún no se ha radicado.
Este vacío normativo ha encendido alertas sobre una posible municipalización de la educación superior, un escenario que podría profundizar desigualdades territoriales si no se define con claridad.
Un avance, pero no el punto final
La reforma Ley 30 representa el cambio más profundo en la financiación de la educación superior pública en más de 30 años. Corrige un error estructural, reconoce el verdadero costo de la educación y establece una hoja de ruta de largo plazo.
Pero también deja claro que el problema no se resuelve solo con una ley. La sostenibilidad del sistema dependerá del crecimiento económico, de decisiones fiscales futuras y de la capacidad del Estado para asumir compromisos pendientes como los pasivos pensionales.
Para la comunidad educativa, el reto ahora será mantener una actitud crítica, defender la autonomía universitaria y exigir que las promesas presupuestales se conviertan en recursos reales.
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