Reforma pensional bajo triple fuego: dudas jurídicas, escándalo UNGRD y alerta fiscal
La Corte Constitucional estudia la validez del trámite legislativo de la reforma pensional, cuestionada además por presunta corrupción ligada a la UNGRD y advertencias sobre su sostenibilidad fiscal.
La reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un momento decisivo. Su futuro depende de la Corte Constitucional, que analiza si hubo vicios de procedimiento durante la aprobación en la Cámara de Representantes.
A la controversia jurídica se suman acusaciones de corrupción vinculadas al escándalo de la UNGRD y advertencias sobre la sostenibilidad fiscal del sistema. El desenlace definirá no solo la arquitectura del modelo pensional, sino también el equilibrio político y económico del país.
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El control constitucional: un trámite en duda
La Corte Constitucional es hoy el escenario central del debate. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte y ponente del caso, debe presentar un proyecto de fallo que determinará si el trámite cumplió con las garantías constitucionales de deliberación, publicidad y votación informada.
La controversia nació de una demanda de inconstitucionalidad presentada por la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático). Según la oposición, los congresistas de la Cámara “votaron a ciegas” el 27 y 28 de junio de 2025, sin conocer plenamente el texto aprobado. El alto tribunal suspendió la entrada en vigor de la ley el 17 de junio y exigió reiteradamente las actas de las sesiones, que solo fueron remitidas semanas después.
El punto más sensible está en la aprobación del acta 256, de la sesión del 27 de junio. La oposición sostiene que se avaló con 76 votos, suficientes para un quórum deliberatorio, pero insuficientes para el quórum decisorio exigido por la Ley 5ª de 1992. Incluso se denuncia que la votación se repitió tres veces con idénticos resultados hasta que la Mesa Directiva dio por válida la última. Para los opositores, esto constituye un vicio insubsanable que podría derivar en inexequibilidad total.
Desde la presidencia de la Cámara, Julián López defiende la legalidad del procedimiento, argumentando que se siguió la práctica parlamentaria de las últimas tres décadas. Asegura que los errores fueron subsanados y que la Corte no debería tumbar una reforma de esta magnitud por diferencias de interpretación sobre el quórum.
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Escenarios posibles en la Corte
Los analistas plantean tres caminos para el fallo:
- Exequibilidad total: la Corte valida el trámite y la reforma entra en vigencia.
- Inexequibilidad absoluta: se declara la nulidad por vicios insubsanables, quedando vigente el sistema actual.
- Inexequibilidad parcial o diferida: se anulan solo los artículos afectados o se da un plazo al Congreso para corregir errores.
Aunque nadie anticipa un fallo con certeza, juristas coinciden en que la Corte buscará un equilibrio: difícilmente avalará un procedimiento cuestionado, pero tampoco parece inclinarse a hundir de raíz la reforma.
La sombra de la UNGRD sobre la reforma pensional
A las dudas jurídicas se suman graves acusaciones de corrupción que conectan la reforma con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Olmedo López, exdirector de la entidad y testigo clave en múltiples procesos, aseguró que contratos públicos fueron ofrecidos a congresistas a cambio de votos para asegurar la aprobación de la reforma. En su testimonio mencionó a legisladores como Berenice Bedoya y Martha Peralta, quienes habrían gestionado contratos en Meta, Casanare y La Guajira.
La Corte Suprema de Justicia citó a López a declarar en la investigación contra Bedoya, buscando esclarecer si hubo un intercambio directo de favores legislativos. López también relató una reunión con Peralta en la que se solicitó un contrato por 2.125 millones de pesos para obras en Riohacha, presuntamente a cambio de apoyo al proyecto.
Estas revelaciones, aún en etapa preliminar, han reforzado los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso legislativo. Si se comprueba que la aprobación de la reforma estuvo ligada a un esquema de corrupción, el golpe político sería devastador para el Gobierno.
El debate económico: sostenibilidad en entredicho
Más allá de la Corte y de las investigaciones, la reforma pensional enfrenta un fuerte escrutinio económico. Asofondos, el gremio de los fondos privados, advierte que el nuevo sistema podría agravar un pasivo pensional que ya equivale al 100% del PIB.
Según Andrés Velasco, presidente del gremio, la reforma incrementaría en un 20% el costo fiscal del sistema, comprometiendo la estabilidad de las finanzas públicas. El dirigente sostuvo en el congreso de Fasecolda que “el ahorro es la única forma de reducir y manejar este pasivo” y pidió al Gobierno un modelo de aseguramiento más sostenible.
El pilar solidario, que promete subsidios mensuales de alrededor de $230.000 a adultos mayores sin pensión, también está bajo debate. Críticos señalan que este beneficio puede implementarse sin necesidad de una reforma, ampliando programas existentes como Colombia Mayor. El hecho de que el Ejecutivo ya haya iniciado inscripciones y asignado recursos en el Presupuesto 2026 alimenta la percepción de que el subsidio no depende de la decisión de la Corte.
Otro frente de discusión son los ahorros individuales en el régimen semicontributivo. Expertos advierten que los fondos privados conservarán esos recursos durante décadas, lo que plantea dudas sobre equidad y eficiencia en el modelo.
Una decisión con implicaciones políticas y sociales
El futuro de la reforma pensional concentra a la vez tensiones jurídicas, políticas y económicas. Para el Gobierno, representa una de sus banderas sociales más importantes. Para la oposición, es un proyecto marcado por irregularidades y falta de sostenibilidad.
La Corte Constitucional deberá resolver si el trámite legislativo cumplió con los principios básicos del Estado de derecho. La Corte Suprema, por su parte, indaga si la aprobación estuvo contaminada por corrupción. Y los gremios económicos alertan sobre los riesgos de comprometer las finanzas públicas.
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El desenlace de este triple frente marcará la política colombiana en los próximos años. Si la reforma sobrevive, cambiará de raíz el sistema pensional y consolidará un nuevo pilar solidario. Si cae, será una derrota política para el Gobierno y una señal de que las instituciones todavía tienen capacidad de freno frente a reformas aprobadas con vicios o intereses oscuros.
