El nuevo gobierno está lejos del anunciado cambio si se analiza el trámite de la reforma tributaria, pues contiene problemas de forma y de contenido graves. Lo más preocupante es que no se ha aprovechado el momento para usar esta herramienta de política macroeconómica con el objetivo de proteger el debilitado aparato productivo ante la tormenta internacional en ciernes. Algo que no ha hecho ninguno de los gobiernos de las últimas tres décadas.

En cuanto a la forma, además de recurrir a las maniobras tradicionales para sacar adelante el proyecto de forma acelerada y con limitada discusión, el Gobierno arrancó el debate justificando la necesidad de conseguir $25 billones de pesos con el objetivo de “atender la deuda social histórica del Estado colombiano”. Eso sí, con poca claridad frente al uso de esos recursos, como lo señaló a principios de octubre Eduardo Sarmiento en su columna, lo cual ha generado desconfianza e incertidumbre en todas las capas de la sociedad.

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A pesar de la insistencia inicial de discutir solo con propuestas que no modificaran la meta de recaudo, tras la socialización del proyecto, aquella se redujo a menos de $22 billones y se modificó de forma importante la estructura de la versión inicial. Entre los grandes perjudicados está el sector minero, que pasó de cargar aproximadamente el 28% de la meta al 51%, en contraposición con el sector turístico que tendrá la tasa de tributación más baja. Y la clase media y baja, que pagará por partida doble si se tiene en cuenta el traslado del ajuste a los precios finales de la economía.

En cuanto al contenido, la propuesta actual no avanza en una estrategia clara de corrección de los principales problemas del sistema tributario: complejidad, regresividad e ineficiencia. Petro renuncia a un ajuste más agresivo en la eliminación de los beneficios tributarios que le permite exonerar de la responsabilidad fiscal a las grandes empresas y los sectores que no perdieron durante la pandemia. El documento para segundo debate incluye una tarifa efectiva mínima para empresas de 15%, sobretasas y nuevos tratamientos especiales, lo cual no se corresponde con la misión de contar con reglas simples que permitan una fiscalización eficiente y transparente, como lo recomendó la última Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios.

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Además, no se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de definir un proceso de depuración y simplificación durante los próximos años para mejorar la progresividad y eficiencia del recaudo. Particularmente en el impuesto de renta a personas jurídicas, este ajuste permitiría capturar buena parte de los cerca de $20 billones de pesos que el país perdió por exenciones, descuentos, deducciones y otros beneficios para empresas o sectores como el financiero, minero-energético o de comercio.

Así mismo, desconociendo las promesas de campaña se niega a incluir alguna de las nueve proposiciones de tarifa progresiva en el impuesto de renta para las empresas, perpetuando la desigualdad tributaria entre las pequeñas y las grandes empresas, que pagan en la actualidad un 31% y 23% efectivo de impuesto de renta, respectivamente.

En este sentido, se continúa la línea de modificar el sistema tributario para cubrir las consecuencias del desajuste estructural de la economía: no genera los recursos que necesita. El país requiere una reforma de carácter estructural, gradual en el mediano plazo, que simplifique el Estatuto Tributario mediante la eliminación de beneficios distorsionantes, para así mejorar la progresividad y la eficiencia en el recaudo. Así mismo, debe utilizar el sistema tributario para promover actividades productivas de valor agregado en el marco de una política nacional de reindustrialización y fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y sanción.

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