Reforma tributaria y más deuda en camino: Presupuesto 2026 llega desfinanciado

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha presentado ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, por un total de $557 billones.

Sin embargo, el último informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana revela serias Preocupaciones Presupuesto 2026 que ponen en entredicho el camino hacia la consolidación fiscal del país.

Lejos de iniciar un ajuste ordenado, el proyecto parece prolongar la dependencia de ingresos inciertos y aplazar decisiones estructurales cruciales. El análisis del Observatorio busca aportar insumos técnicos al debate legislativo en un contexto de restricciones fiscales y presiones crecientes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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Déficit fiscal y gasto inflexible

El PGN 2026, con un monto total de $557 billones, incluye $26,3 billones que dependen de la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento o reforma tributaria.

A pesar de la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal, que suspende temporalmente los límites de déficit y deuda por tres años, el proyecto no da señales claras de iniciar un proceso de consolidación fiscal. De hecho, el presupuesto crece un 3,7% en términos reales frente a 2025, lo que no concuerda con la narrativa de austeridad planteada por el Gobierno.

La composición del gasto para 2026 muestra una alta rigidez: el 65,7% se destina a funcionamiento ($365,8 billones), el 18,4% al servicio de la deuda pública ($102,4 billones) y solo el 15,9% a inversión ($88,8 billones).

Esta distribución implica que más del 80% del presupuesto ya está comprometido en gastos “inflexibles” u obligatorios. En particular, el gasto de funcionamiento experimenta un incremento significativo del 8,8% ($29,7 billones).

Aunque el servicio de la deuda pública proyecta una disminución del 13% ($15,3 billones), lo que inicialmente podría verse como una buena noticia, el Observatorio Fiscal advierte que esto podría deberse a refinanciaciones a más largo plazo, un aspecto que requiere vigilancia por parte de la sociedad para entender el manejo de la deuda pública.

Por sectores, cinco áreas concentran más del 70% del presupuesto: servicio de la deuda pública nacional (18%), Educación (16%), Salud y Protección Social (14%), Defensa y Policía (12%) y Trabajo (11%).

Los mayores aumentos se concentran en sectores sociales: Salud y Protección Social (+12%), Educación (+8%), Trabajo (+9%), Defensa y Policía (+7%), e Inclusión Social y Reconciliación (+37%).

Por otro lado, se prevén recortes en sectores como Vivienda, Ciudad y Territorio (-17%), Agricultura y Desarrollo Rural (-25%), Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (-27%), Información Estadística (-32%), y Deporte y Recreación (-39%).

La inconsistencia entre el Plan Financiero y el Presupuesto

Una de las principales preocupaciones en el Proyecto de Presupuesto 2026 es la falta de coherencia con el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025, publicado apenas un mes antes.

Mientras que en el MFMP 2025 se hablaba de «sincerar las cuentas», el PGN 2026 presenta cifras diferentes. El gasto primario proyectado en el PGN 2026 es de $18,2 billones (0,9% del PIB) superior al planteado en el Plan Financiero.

Además, la reducción de $10 billones en el pago de intereses no cuentan con un sustento técnico claro, lo que parece cuestionable para una variación tan significativa en tan poco tiempo. Estas inconsistencias debilitan la credibilidad del ajuste fiscal y generan incertidumbre.

La incierta apuesta por una reforma tributaria

La financiación del PGN 2026 depende en gran medida de supuestos optimistas e inciertos. El proyecto cuenta con $26,3 billones adicionales provenientes de una nueva Ley de Financiamiento o reforma tributaria.

Esta reforma aún no ha sido presentada. Para los especialistas de la Universidad Javeriana la expectativa de aumentar el recaudo en 1,4% del PIB a través de esta reforma parece poco realista.

Además, el gobierno en 2025 volvió a adelantar impuestos del próximo año, lo que sugiere que el recaudo en 2026 sin una reforma tributaria estructural debería caer, no mantenerse constante como se proyecta, lo que lo hace optimista y no coherente.

La presión de la ejecución presupuestal y el riesgo soberano

La situación fiscal se agrava por la dinámica de la ejecución presupuestal. La ejecución del PGN a 30 de junio de 2025 ($37,2%) se mantiene por debajo del promedio histórico (38,1%). A esto se suma un rezago presupuestal significativo de $62,8 billones constituido al cierre de 2024, del cual $19,6 billones aún estaban pendientes de pago a junio de 2025.

Esta acumulación de obligaciones no pagadas aumenta la presión sobre el balance fiscal de 2025, reduciendo el margen para futuros ajustes y comprometiendo la credibilidad del cumplimiento del PGN 2025. Si se cumplen las alertas, 2026 será el tercer año consecutivo en que el presupuesto no se cumplirá como se planteó inicialmente.

Todas estas Preocupaciones Presupuesto 2026 tienen un impacto directo en la percepción de riesgo de Colombia en los mercados internacionales. Desde mediados de 2021, la prima de riesgo soberano de Colombia, medida a través de los Credit Default Swaps (CDS) a 10 años, ha mostrado un deterioro sostenido, ubicándose por encima de países comparables como México, Chile y Costa Rica.

A inicios de 2025, el CDS de Colombia se acerca al 12%, mientras que en Chile y Costa Rica se mantiene por debajo del 6% y en México ronda el 9%. Este aumento en el riesgo encarece el financiamiento público, limita la capacidad de inversión y es un reflejo de la incertidumbre fiscal y presupuestal.

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El desafío fiscal para el próximo gobierno

El proyecto de PGN 2026 evidencia una desconexión entre la consolidación fiscal y las decisiones presupuestales. El crecimiento real del gasto, el uso de supuestos optimistas sobre ingresos, la ausencia de una reforma tributaria estructurada y la presión adicional por la ejecución acumulada comprometen la credibilidad del ajuste fiscal y aplazan decisiones estructurales necesarias.

En este contexto, el próximo gobierno enfrentará una carga significativa de ajuste, estimada en más de 4 puntos porcentuales del PIB, para retomar el cumplimiento de la Regla Fiscal en 2028.

Sin reformas estructurales creíbles y un manejo fiscal transparente, el país continuará enfrentando una creciente vulnerabilidad fiscal que limitará su capacidad para financiar prioridades sociales, responder a crisis y mantener la estabilidad macroeconómica.

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