Bre-B bajo amenaza: Hacienda convierte los pagos digitales en fuente de recaudo
El Gobierno nacional publicó un proyecto de decreto que modifica los artículos 1.3.2.1.2., 1.3.2.1.7. y 1.3.2.1.8. del Decreto 1625 de 2016, con el objetivo de “eliminar el tratamiento diferente en la tarifa de retención en la fuente entre pagos electrónicos y pagos con tarjetas de crédito o débito”.
En la práctica, esto significa que las transferencias a través de Bre-B, Nequi, Daviplata, PSE y otras billeteras digitales quedarán gravadas con una retención del 1,5%, equiparándose a las operaciones con tarjetas.
El Ministerio de Hacienda justifica la decisión como un intento por “nivelar la cancha” entre medios de pago, pero el impacto va mucho más allá de la técnica tributaria. En un momento en que la banca y la innovación digital impulsan la eficiencia, la trazabilidad y la inclusión financiera, la medida penaliza la evolución tecnológica y castiga el uso de medios electrónicos que justamente reducen costos y aumentan la transparencia.
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La tecnología financiera, víctima del déficit fiscal
El contexto fiscal del país explica parte de la decisión. En 2025, el déficit fiscal se ubicó cerca del 7% del PIB, y el Gobierno ha recurrido a adelantos de impuestos y nuevas retenciones para conseguir liquidez inmediata.
La propuesta sobre los pagos digitales se inscribe en esa misma lógica: trasladar al ciudadano el costo de una crisis fiscal estructural que no ha sido resuelta por la vía del control del gasto o la eficiencia del recaudo.
Detrás de la retórica de la “equidad tributaria” hay una urgencia de caja. El decreto no busca corregir una distorsión técnica, sino obtener recursos inmediatos de sectores que no deberían soportar el peso de la crisis, como los micronegocios, los profesionales independientes y los usuarios de plataformas digitales.
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Golpe a los pequeños negocios y a los cuentapropistas
Aunque el 1,5% pueda parecer marginal, su efecto real es devastador en un país donde los márgenes de ganancia de las tiendas, peluquerías o panaderías oscilan entre el 3% y el 7%.
Una retención de este nivel reduce a la mitad su utilidad neta y desincentiva el uso de medios digitales, justo cuando Colombia había avanzado en la adopción de soluciones interoperables como Bre-B, una de las innovaciones más importantes del Banco de la República en años recientes.
El problema no se limita a las tiendas. Plataformas y adquirentes deberán reprogramar sus sistemas para calcular y reportar la retención en tiempo real, generando costos de desarrollo, auditoría y conciliación que terminarán trasladándose a los usuarios. Es un peaje digital que frena la expansión de la economía sin efectivo.
Un retroceso para la inclusión financiera y la eficiencia del Estado
El informe de tipificación bancaria de Asobancaria 2024 muestra que el 94,6% de los adultos colombianos ya tiene acceso a servicios financieros, y que el uso de canales digitales ha crecido un 64%.
En ese contexto, imponer un nuevo costo a las transacciones electrónicas desincentiva el uso de herramientas que han permitido reducir la informalidad y ampliar la bancarización.
El Banco de la República creó Bre-B para competir con los sistemas privados y facilitar pagos gratuitos y trazables entre personas y comercios. Con esta medida, el Gobierno pone en riesgo ese avance y favorece el retorno al efectivo, justo cuando la tendencia mundial es hacia la interoperabilidad y los pagos inmediatos sin fricción.
Además, desde el punto de vista económico, la decisión contradice los principios de eficiencia tributaria: aumenta los costos de cumplimiento, multiplica las operaciones de retención y genera saldos a favor que la DIAN no devuelve, convirtiendo la liquidez del sector productivo en financiación gratuita del Estado.
Una decisión que encarece la economía y erosiona la confianza
El país ya enfrenta una situación fiscal crítica. El Presupuesto General de la Nación 2026, de $546,9 billones, mantiene un déficit de más del 6% del PIB y una deuda pública cercana al 63,5%.
En ese escenario, el Gobierno parece optar por soluciones de corto plazo: adelantar impuestos, crear nuevas retenciones y cargar sobre la economía productiva la responsabilidad de sostener un gasto público creciente.
Sin embargo, estas medidas erosionan la confianza y la competitividad. Penalizan la formalidad, encarecen la operación de empresas que ya soportan altas tasas bancarias, y desincentivan la adopción tecnológica que podría precisamente reducir los costos del sistema financiero.
La experiencia internacional demuestra que gravar la digitalización es retroceder. En Brasil, un rumor de impuesto al sistema Pix en 2023 provocó una caída del 22% en su uso. En Colombia, un tributo mal diseñado podría tener un efecto similar: menos usuarios digitales, más efectivo y mayor evasión.
Más que recaudo: una señal preocupante
La retención a los pagos digitales no es solo un tema técnico. Es un síntoma del modelo fiscal regresivo que recurre a pequeños contribuyentes y transacciones cotidianas para tapar huecos que deberían resolverse con una política estructural de ingresos y gasto. Lejos de “nivelar la cancha”, el decreto profundiza la desigualdad y frena la modernización del sistema financiero colombiano.
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Si el objetivo es fortalecer la economía digital, el camino no es gravar la innovación, sino abaratar los costos financieros, promover la interoperabilidad y simplificar el régimen tributario. Convertir los avances tecnológicos en fuentes de recaudo inmediato puede dar oxígeno al fisco, pero a costa de estrangular la productividad y la confianza ciudadana.
