El turbulento paso de Ricardo Roa por Ecopetrol: Investigaciones, contratos millonarios y renuncias
De gerente de la campaña Petro presidente 2022 a presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa acumula investigaciones y polémicas que golpean al Gobierno de Petro.
Esta semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) radicó una ponencia que concluye que la campaña presidencial de 2022 excedió los topes en más de $3.500 millones y recibió aportes prohibidos, lo que abre la puerta a sanciones contra su gerente, Ricardo Roa, y contra los partidos que apoyaron al hoy presidente Gustavo Petro. El documento propone, además, la devolución indexada de dineros por reposición de votos y multas a la coalición del Pacto Histórico.
El episodio vuelve a poner en el centro del debate a Roa, el hombre de confianza de Petro que pasó de dirigir su campaña presidencial a asumir la presidencia de Ecopetrol en 2023. En ambos escenarios (político y empresarial) su nombre se ha visto envuelto en investigaciones, polémicas y crisis que han debilitado tanto su figura como la gobernanza de la petrolera más grande del país.
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Escándalos de la campaña Petro Presidente 2022
El 2 de febrero de 2023, una queja anónima dio origen al expediente en el CNE por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente. Como gerente, Ricardo Roa quedó desde entonces en el radar de los magistrados.
El 5 de julio de 2024, el CNE amplió su investigación, formulando cargos contra Gustavo Petro, Ricardo Roa y otros responsables por presuntas violaciones al régimen de financiación electoral. En octubre de ese año, Reuters informó que la autoridad electoral priorizó la pesquisa por violación de topes, lo que reforzó las sospechas sobre el papel de Roa.
El 27 de agosto de 2025 llegó el golpe más duro: la ponencia sancionatoria del CNE concluyó que la campaña de 2022 excedió los topes en más de $3.500 millones, recibió aportes prohibidos y omitió reportes de gastos. La propuesta incluye sancionar a Roa, entonces gerente, y ordenar la devolución indexada de $165 millones por irregularidades en el evento del Movistar Arena.
El “apartamento 901”
En diciembre de 2023, El Tiempo reveló que Ricardo Roa había comprado un apartamento de 300 m² en el norte de Bogotá por $1.800 millones. La transacción generó sospechas desde el inicio porque el vendedor oficial fue Princeton International Holdings, una firma vinculada a Serafino Iacono, empresario venezolano conocido por sus negocios en Pacific Rubiales y NG Energy.
La polémica se agravó cuando se conoció que Innova Mercadeo, empresa del coronel retirado Juan Guillermo Mancera, intervino en los pagos, transfiriendo cerca de $1.700 millones a nombre de Roa. Mancera declaró haber avisado a Iacono del interés de Roa y actuó como intermediario, pese a que Roa ha negado conocerlo.
El precio también generó cuestionamientos: un año antes, un apartamento más pequeño en el mismo edificio se vendió por $1.200 millones, lo que alimentó dudas sobre si hubo un favorecimiento. La Procuraduría abrió investigación disciplinaria por posible conflicto de interés, dado que Iacono mantiene vínculos con empresas relacionadas con el sector energético.
La polémica trascendió fronteras: la junta de Ecopetrol contrató al bufete Covington & Burling para evaluar si la SEC de Estados Unidos podría investigar la operación por fallas en transparencia o controles internos. El caso, aún abierto, golpea directamente la credibilidad de la empresa bajo la presidencia de Roa.
Ecopetrol bajo el mando de Roa: la injerencia de Petro y las tensiones internas
La intervención directa de Petro en la estrategia corporativa
En 2024, Ecopetrol fue presionada directamente por el presidente Gustavo Petro para cancelar su participación en el Proyecto CrownRock, un negocio de fracking en Estados Unidos que era visto por parte de la junta como fundamental para el futuro financiero de la compañía.
Según reveló la prensa, en una reunión informal con los directores, Petro justificó su oposición con tres argumentos principales: su rechazo al fracking, los riesgos de endeudamiento que implicaba la operación y la salida de recursos del país. Esa injerencia rompió la autonomía de la junta directiva y dejó en evidencia la tensión entre la lógica política del Gobierno y la visión empresarial de Ecopetrol.
Reuters reportó que la presión presidencial derivó en un ambiente de confusión interno, que incluyó la caída del valor de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia y crecientes cuestionamientos sobre la gobernanza de la compañía. El episodio se convirtió en símbolo del riesgo que implica la intervención política en las decisiones estratégicas de una empresa listada en mercados internacionales.
En febrero de 2025, el propio Petro fue más allá y solicitó públicamente la venta de todas las operaciones de Ecopetrol asociadas al fracking en Estados Unidos, insistiendo en que los recursos debían reorientarse hacia inversiones en energías limpias.
Fracturas y renuncias en la junta directiva
La presión del Ejecutivo no solo frenó CrownRock, sino que también provocó fracturas en la junta y debilitó su independencia. Los directores independientes Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta formalizaron su renuncia mediante carta, en rechazo al veto presidencial sobre el negocio. Para ambos, el proyecto era esencial para garantizar la viabilidad futura de Ecopetrol y su competitividad frente a pares internacionales.
Contratos millonarios y “chuzadas” internas
El 24 de mayo de 2025, El Tiempo destapó un contrato con el bufete Covington & Burling, destinado a blindar a Ecopetrol frente a posibles sanciones regulatorias en EE. UU. vinculadas a casos de Roa. El acuerdo inicial, por USD 875.000 fue ampliado hasta alcanzar cerca de USD 6 millones, sin que mediara aprobación formal de la Junta Directiva ni del propio Comité de Auditoría. Este crecimiento exponencial en los costos encendió las alarmas dentro de la compañía y desató cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos.
Pocos días después, la Procuraduría abrió indagación por la “retención técnica” de comunicaciones de unos 70 directivos.
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria para esclarecer las circunstancias del contrato, mientras que dentro de Ecopetrol se generó un fuerte debate sobre la autonomía de la presidencia de Ricardo Roa frente a los órganos de control corporativo. Finalmente, en febrero de 2025, la empresa anunció la suspensión del acuerdo con Covington, en un intento por contener la crisis reputacional y las tensiones internas que había provocado.
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Embargos y deudas de campaña
El 26 de agosto de 2025, dos juzgados de Bogotá ordenaron embargos sobre el salario y bienes de Ricardo Roa por deudas de la campaña de 2022 con la empresa aérea SADI. El caso también involucró al ministro Guillermo Jaramillo y expuso las tensiones financieras dejadas por el proceso electoral.
Para la oposición, Ricardo Roa simboliza la politización de Ecopetrol y el desorden financiero de la campaña de Petro. Para sus defensores, los cuestionamientos son parte de una estrategia de persecución contra el Gobierno de Petro.
Lo cierto es que el “hombre de confianza” del presidente ha pasado de la discreción en la gerencia de campaña a ser una figura recurrente en titulares por escándalos.
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