Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional como institución: bloquea sus bienes y da 180 días a los Estados Partes
La licencia para que la Corte siga operando vence el 7 de abril de 2027. Washington dice que ese plazo es para que los países miembros negocien una salida; si no, seguirá «ladrillo por ladrillo».
Estados Unidos sancionó por primera vez, el 9 de octubre de 2026, a la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal para crímenes internacionales graves, como institución. Sus bienes bajo jurisdicción estadounidense están bloqueados; las personas estadounidenses no pueden transar con ella. Consta en la ficha y el comunicado del Departamento de Estado, fechados ese día.
El secretario de Estado, Marco Rubio, lo resumió así: «O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI». Llamó a la Corte un «tribunal rebelde» y dijo que cortarle los recursos busca «paralizar su capacidad de operar».
La institución rechazó el paso en su comunicado oficial de esa jornada. La Corte respondió que no se dejará intimidar y que seguirá cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad.
Colombia es uno de los 125 Estados Partes que le confiaron a la Corte investigar genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, y por eso está entre los países a los que Washington les pide frenar al tribunal.
¿Qué cambia para la Corte Penal Internacional?
El bloqueo tiene excepciones que impiden una parálisis inmediata. El Tesoro expidió cuatro licencias generales para mantener las operaciones, prestar servicios de tecnología como nube y software, atender el plan de pensiones y realizar actividades relacionadas con las personas detenidas. Las demás transacciones de personas estadounidenses siguen prohibidas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Tesoro que administra sanciones económicas, registró la inclusión institucional en sus acciones recientes de aquel viernes. La autorización operativa dura 180 días, vence el 7 de abril de 2027 y busca que los países miembros negocien avances diplomáticos y legales. Puede ser ajustada.
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¿Por qué sanciona Estados Unidos a la CPI?
Rubio alegó que su país nunca se incorporó al tribunal y rechaza que este pueda juzgar a ciudadanos estadounidenses. Washington no acepta esa jurisdicción sobre sus militares, agentes de frontera o dirigentes y presenta la sanción como una defensa de su soberanía. También dijo que había aplazado la designación por respeto a sus aliados.
La base jurídica es la Orden Ejecutiva 14203, firmada el 6 de febrero de 2025. La orden menciona las investigaciones sobre personal estadounidense y las órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. El marco aplicable puede consultarse en la página oficial del programa de sanciones, consultada al cierre.
Si no obtiene una solución negociada, Estados Unidos promete continuar su campaña para «desmantelar la CPI, ladrillo por ladrillo».
¿A quiénes había sancionado antes?
Antes de sancionar a la institución, Washington había apuntado contra trece integrantes o exintegrantes. El grupo está compuesto por nueve jueces, dos fiscales adjuntos, el exfiscal Karim Khan y un funcionario. La designación más reciente no agregó personas a ese conjunto.
Entre los nombres figuran la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza y la presidenta Tomoko Akane. El antecedente se remonta a 2020, cuando Washington sancionó a la entonces fiscal Fatou Bensouda.
¿Qué dijeron la Corte y los países miembros?
El tribunal calificó la sanción como un intento de obstruir la justicia y un ataque al Estado de derecho. La presidenta Tomoko Akane afirmó que la institución continuará actuando con independencia, imparcialidad, apego a la ley y a las pruebas en favor de las víctimas. Además, pidió respaldo concreto para conservar sus medios.
La declaración de la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes del sábado calificó el paso como una escalada coercitiva sin precedentes. La representación de los países miembros pidió revocar de inmediato las sanciones y defender a la Corte.
La Cancillería de Colombia, en su comunicado de diciembre del año anterior, había expresado un profundo rechazo a las sanciones unilaterales contra jueces. Al 10 de octubre no se encontró un pronunciamiento colombiano nuevo sobre la sanción a la institución.
Tampoco se encontró, al cierre de esta nota, una reacción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni de la Unión Europea a la sanción contra la institución.
La sanción llegó el mismo día en que se anunció el Nobel de la Paz para Navi Pillay, exjueza de la CPI, como se explica en la nota de Más Colombia sobre el premio. El Departamento de Estado no relacionó una cosa con la otra.
