Con Duque endeudamiento sin regla fiscal. Con Petro más deuda y también sin regla fiscal
El cumplimiento de la Regla Fiscal podría llegar más tarde de lo esperado. Petro terminaría su periodo entregando un país con un nivel de deuda más alto que el que recibió, superando el umbral del 60 % del PIB.
Durante el gobierno de Iván Duque, la deuda pública de Colombia creció significativamente, impulsada por los costos extraordinarios de la pandemia y otros choques estructurales que llevaron a la suspensión de la regla fiscal.
Antes de la emergencia sanitaria, la deuda representaba alrededor del 48,4 % del PIB; en el primer año de la pandemia subió al 60,7 % del PIB, reflejando decisiones como la ampliación de cupos de endeudamiento por decreto que no pasaron por el Congreso.
Cuando Gustavo Petro asumió en agosto de 2022, criticó con firmeza el alto nivel de endeudamiento heredado, afirmando que había recibido un país con la deuda decreciente. En ese momento, la deuda ya rondaba el 60 % del PIB y comenzaba un lento proceso de estabilización tras el pico pandémico.
No obstante, para 2026 se proyecta que el nivel de endeudamiento vuelva a alcanzar cifras similares o mayores a las de la pandemia. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la deuda pública neta del Gobierno Nacional Central se situará cerca del 63 %–63,8 % del PIB, con estimaciones que la ubican en hasta un 65 % incluyendo deuda total.
La trampa de la deuda: cómo se hipoteca el desarrollo y la soberanía de los países
La deuda pública se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social de los países del Sur global. Más allá de su magnitud numérica, la deuda funciona hoy como un instrumento de control geopolítico, una camisa de fuerza fiscal y una amenaza constante para los derechos sociales.
El problema no es solo cuánto se debe, sino cómo y para qué
Aunque el endeudamiento global ha alcanzado niveles récord, el tamaño absoluto de la deuda no explica por sí solo las dificultades de los países. Mientras economías como Japón o Bélgica pueden sostener altos niveles de deuda y mantener políticas de bienestar social, otras naciones con menores cargas enfrentan duras restricciones fiscales.
La diferencia radica en la capacidad productiva, la autonomía financiera y la orientación de las políticas públicas. La deuda deja de ser un problema técnico cuando se convierte en una traba para responder a las necesidades básicas de la población y en un medio para imponer agendas externas.
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El FMI y los intereses que representa
En Colombia, por ejemplo, las últimas visitas del FMI han derivado en orientaciones sobre déficit, reglas fiscales y reformas económicas. Aunque se argumenta que estas medidas buscan estabilidad, en la práctica han significado austeridad, reducción del Estado y priorización del capital financiero sobre la inversión social.
La regla fiscal y los límites de la obediencia
En Colombia, la adopción estricta de la regla fiscal ha significado años de recortes y ajustes para cumplir con metas macroeconómicas impuestas desde afuera. Sin embargo, esto ha debilitado la capacidad del Estado para responder a las necesidades sociales más urgentes.
El reciente debate sobre flexibilizar la regla fiscal no implica renunciar a la responsabilidad, sino buscar un modelo que permita invertir en desarrollo sin hipotecar el futuro. La rigidez fiscal, lejos de garantizar estabilidad, puede profundizar la crisis si no se acompaña de políticas productivas.
Salir de la trampa: producir más y depender menos
La solución de fondo no está en más austeridad ni en renegociar intereses, sino en transformar la estructura económica. Un crecimiento productivo sostenido, con diversificación e innovación, es la única vía para aumentar ingresos, reducir la dependencia financiera y sostener el gasto social.
Además, es imprescindible una reforma fiscal estructural que amplíe el recaudo, combata la evasión y sea más justa. No se trata solo de redistribuir lo poco que hay, sino de crear riqueza y ampliar la base tributaria.
Salvo la propuesta de canje de la deuda por acción climática la cual no ha tenido ningún eco en otros países, el actual gobierno colombiano no ha propuesto nada parecido a lo que se ventiló durante los noventa como fue la reestructuración, renegociación de esta o la realización de auditorías o mecanismos que examinaran su legitimidad.
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