Sistema de salud colombiano: pacientes destinan hasta el 90% de sus ingresos mensuales para comprar medicamentos
El alto gasto de bolsillo por medicamentos en Colombia evidencia una crisis estructural del sistema de salud colombianocolombianoque golpea con más fuerza a los más vulnerables.
En Colombia, acceder a medicamentos se ha convertido en una carga económica que puede llevar a la ruina. De acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, miles de pacientes se ven obligados a destinar entre el 7% y hasta el 90% de sus ingresos mensuales para comprar medicamentos en Colombia que el sistema de salud colombiano no les suministra.
La situación no es marginal ni temporal: se trata de una crisis estructural que afecta a todo el país y que profundiza las brechas sociales y territoriales.
El gasto de bolsillo en medicamentos, la falla del sistema
El problema del acceso a medicamentos en Colombia va más allá de retrasos puntuales o fallas administrativas aisladas. Según la Defensoría del Pueblo, el sistema de salud colombiano enfrenta un agravamiento sostenido del derecho a la salud, caracterizado por barreras crecientes en la disponibilidad y entrega oportuna de medicamentos.
Estas barreras afectan a todos los regímenes de afiliación y se presentan tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo, su impacto es desproporcionado en poblaciones con baja conectividad, comunidades étnicas y regiones históricamente excluidas, donde el acceso al sistema ya era limitado.
Hasta el 90% del ingreso se va en medicamentos en Colombia
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el impacto económico directo sobre los usuarios. A partir de 3.449 encuestas, la Defensoría identificó que la compra de medicamentos en Colombia no entregados por el sistema puede consumir entre un 7% y un 90% de los ingresos mensuales de una persona.
El cálculo se realizó con base en seis medicamentos de uso frecuente y esencial: Metformina e Insulina Glargina para diabetes; Valsartán para hipertensión; Quetiapina y Ácido Valproico para salud mental; y Ácido Fólico para salud materna. Se trata, en su mayoría, de medicamentos básicos para la atención primaria, no de tratamientos excepcionales.
Ante la no entrega, el 61% de los usuarios afirma que opta por comprar el medicamento de forma particular, asumiendo el costo total. Para muchos, no hacerlo implica un riesgo directo para su salud.
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Medicamentos en Colombia y el riesgo de interrumpir tratamientos
La interrupción de tratamientos es una de las consecuencias más graves de esta crisis. La falta de acceso continuo a medicamentos en Colombia deteriora la calidad de vida de los pacientes y, en casos críticos, pone en riesgo su vida.
La Defensoría también advierte un fuerte impacto emocional en los usuarios, que se manifiesta en frustración, angustia y pérdida de confianza en el sistema de salud. Esta tensión se traslada a los servicios médicos, donde el personal enfrenta sobrecarga laboral y episodios de violencia derivados de la desesperación de los pacientes.
Un problema masivo: tutelas, quejas y medicamentos no entregados
Las cifras confirman que no se trata de casos aislados. Entre enero de 2020 y agosto de 2025 se registraron 1.003.147 tutelas por el derecho a la salud en Colombia. Solo en 2025, el 33,85% de todas las tutelas del país estuvieron relacionadas con este derecho.
Dentro de ese universo, el 36,82% de las tutelas en salud correspondieron a la entrega inoportuna de medicamentos o insumos. Entre enero y agosto de 2025, la Defensoría apoyó 18.451 tutelas, de las cuales el 24% fueron por negación de acceso a medicamentos en Colombia.
A esto se suman cerca de 685.000 reclamos ante la Superintendencia de Salud, un promedio de 1.600 diarios, y más de 107.000 quejas ante la Defensoría entre 2022 y 2025. Solo en 2024, las quejas del sistema de salud colombiano aumentaron un 32% frente al año anterior.
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584 medicamentos en Colombia reportados por no entrega
Con corte a septiembre de 2025, la Defensoría reportó 584 medicamentos diferentes no entregados en el país. Un seguimiento a 1.798 casos reveló que el 48% seguía sin resolverse.
Los medicamentos más reportados por no entrega fueron Metformina, Valsartán y Losartán, todos fundamentales para el manejo de enfermedades crónicas de alta prevalencia. La crisis, advierte la entidad, ya no se limita a tratamientos de alto costo, sino que afecta medicamentos esenciales para la atención primaria.
Las causas: finanzas, logística e inequidad
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que la situación del sistema de salud colombiano obedece a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Entre ellos se destacan la falta de transparencia financiera entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos; los retrasos en la cadena de pagos; y distorsiones en la logística de suministro.
También se identifican barreras administrativas, como cambios constantes de gestores farmacéuticos sin capacidad suficiente para atender la demanda territorial, lo que interrumpe tratamientos, especialmente en zonas apartadas.
Para la Defensoría, existe una causa de fondo: la alta inequidad social y económica. Mientras esta persista, advierte, será muy difícil garantizar una prestación universal y efectiva de los servicios de salud.
Brechas territoriales: donde más cuesta acceder a medicamentos en Colombia
La crisis no impacta al país de forma homogénea. Los departamentos con mayor nivel de afectación son Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia. Les siguen La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío.
Las poblaciones rurales, las periferias urbanas y las comunidades étnicas enfrentan barreras adicionales de tipo geográfico, cultural y económico, que incrementan el gasto de bolsillo en medicamentos en Colombia y profundizan la exclusión.
Las recomendaciones urgentes de la Defensoría
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo propone una respuesta integral. Entre sus recomendaciones están impulsar una reforma estructural consensuada del sistema de salud, fortalecer la coordinación interinstitucional, crear mecanismos de transparencia y conciliación de deudas, y priorizar un enfoque territorial que proteja a las poblaciones más vulnerables.
También plantea reforzar la vigilancia con participación ciudadana y mejorar la gestión administrativa y judicial para reducir la congestión de tutelas y agilizar los reembolsos a los pacientes.
