¿Los aranceles de Trump violarían el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos?

A pesar de la existencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos como un marco legal que regula el comercio bilateral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles del 25% a las importaciones provenientes de Colombia en respuesta a la negativa del gobierno colombiano de aceptar vuelos de deportación de migrantes.

Colombia rechazó dos vuelos militares estadounidenses que transportaban a ciudadanos colombianos deportados.

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En reacción a esta negativa, Trump anunció la imposición inmediata de un arancel del 25% sobre todos los bienes importados desde Colombia, advirtiendo que podría incrementarlo al 50% si la situación no se resolvía. Además, ordenó la revocación de visas para funcionarios del gobierno colombiano y sus familiares, así como inspecciones más rigurosas a ciudadanos y cargamentos colombianos en los puntos de entrada a Estados Unidos. 

Estas medidas fueron justificadas por la administración Trump bajo el argumento de que la negativa de Colombia a aceptar los vuelos de deportación comprometía la seguridad nacional y pública de Estados Unidos. 

La condición de amenaza a la seguridad nacional estadounidense permitiría al gobierno por medio de la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA por sus siglas en inglés) sobreponerse legalmente a las condiciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.

Ante la presión de estas sanciones, el presidente colombiano, Gustavo Petro, accedió a recibir a los deportados y ofreció el avión presidencial para su traslado, buscando asegurar un retorno digno para los ciudadanos colombianos. Tras este acuerdo, Trump suspendió las sanciones y los aranceles previstos, aunque mantuvo ciertas restricciones hasta que se completara con éxito el primer vuelo de deportados.

El marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos fue diseñado para promover el comercio libre de aranceles entre ambas naciones, garantizando condiciones jurídicas estables para los exportadores e importadores. En este contexto, un arancel unilateral del 25 % representaría una violación practica de las disposiciones del Tratado, que establece la eliminación progresiva de barreras comerciales.

Según los términos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, cualquier disputa comercial debe ser resuelta a través de mecanismos establecidos en el acuerdo, como consultas bilaterales o paneles de resolución de controversias. No obstante, el anuncio de Trump podría esquivar estas disposiciones al basarse en el International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una ley estadounidense que otorga amplios poderes al presidente para regular el comercio en situaciones de emergencia nacional.

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¿Qué es el IEEPA y cómo se aplicaría?

El IEEPA, promulgado en 1977, ha sido históricamente utilizado para imponer sanciones económicas y comerciales en contextos de crisis internacionales, como embargos a países como Irán, Rusia y Siria. Sin embargo, nunca ha sido invocado para establecer aranceles de manera generalizada o para afectar relaciones comerciales regidas por acuerdos como el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.

El expresidente Richard Nixon utilizó el Trading with the Enemy Act (TWEA), predecesor del IEEPA, para imponer aranceles temporales en 1971, al desvincular al dólar del patrón oro.

Si Trump decidiera invocar esta ley para justificar los aranceles a Colombia, se debería discutir su aplicación en los tribunales estadounidenses.

Colombia debe diversificar sus fuentes de divisas

Las amenazas de imponer aranceles del 25% por parte del expresidente Donald Trump, justificadas mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), no solo habrían significado una violación práctica del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, sino que también generó una incertidumbre jurídica con profundas implicaciones económicas. 

Estas medidas habrían puesto en riesgo la estabilidad de los flujos comerciales y de inversión entre ambas naciones, afectando directamente sectores clave de la economía colombiana, como el agrícola, el minero-energético y el manufacturero, que dependen en gran medida del mercado estadounidense.

Además, este episodio reveló una grave debilidad estructural: Colombia no cuenta con mecanismos efectivos para resolver conflictos comerciales con Estados Unidos ya que ste país ha bloqueado el funcionamiento de la OMC al no nombrar los jueces para el tribunal de apelaciones de la entidad.

Sin un marco multilateral robusto que garantice la resolución imparcial de disputas, la relación comercial queda expuesta a decisiones unilaterales que generan inestabilidad jurídica, desincentivan la inversión extranjera y aumentan el riesgo de volatilidad en los flujos comerciales.

El caso resalta la necesidad de que Colombia diversifique sus mercados de exportación para reducir su vulnerabilidad ante tensiones bilaterales y, al mismo tiempo, promueva la implementación de mecanismos alternativos de resolución de disputas, que se ciñan a la Constitución colombiana y garanticen la soberanía nacional 

Garantizar un entorno jurídico predecible y reforzar la capacidad del país para enfrentar conflictos comerciales será fundamental para proteger su competitividad y estabilidad económica en el mediano y largo plazo.

Aunque no se aplicaron las sanciones, queda la duda sobre el peligro de que, ante futuras desavenencias, Trump acuda a ellas. Pues quedaron en suspenso y la debilidad que el gobierno colombiano mostró que las amenazas tienen eficacia para inducir cambios en las políticas gubernamentales.