En vísperas de un nuevo gobierno, Colombia se enfrenta a una decisión que definirá el campo en los próximos cuatro años: perpetuar un modelo rural fragmentado o impulsar una estrategia de largo plazo que ponga la asociatividad y la innovación tecnológica al servicio de la integración productiva. Esta no es una elección ideológica, sino una respuesta pragmática a una realidad contrastada, sólo una articulación efectiva entre pequeños, medianos y grandes productores, integrada con la agroindustria, podrá garantizar seguridad alimentaria y generar excedentes competitivos para la exportación y el procesamiento con valor agregado.

La fragmentación del agro colombiano priva al país de aprovechar plenamente su potencial productivo. Mientras grandes actores aseguran tecnología, financiamiento y acceso a mercados, miles de pequeños productores siguen excluidos de las cadenas de valor. La asociatividad es la vía para superar esa brecha: mediante cooperativas y redes productivas, productores de distinto tamaño pueden coordinar producción, estandarizar calidad, optimizar logística y agregar valor, transformando materias primas en alimentos procesados y marcas exportables que aporten tanto al abastecimiento interno como a la generación de divisas.

Modelos asociativos globales ilustran este potencial, Agropur, que es la cooperativa láctea más grande de Canadá, agrupa a más de 2700 productores y uno de los principales proveedores de productos lácteos para los sectores minorista, de servicios de alimentos e industrial en Norteamérica. 

Fonterra Co-operative Group Ltd, es una cooperativa propiedad conjunta de ganaderos lecheros de Nueva Zelanda, con su sede central ubicada en Auckland, es la empresa más grande de Nueva Zelanda, representando el 25% del total de las exportaciones del país, exporta la mayor parte de la leche neozelandesa y cuenta con una plantilla global de 22.000 empleados.

The Greenery en los Países bajos, una empresa internacional de frutas y hortalizas que suministra y distribuye una amplia gama de frutas y hortalizas frescas durante todo el año a supermercados (internacionales), mayoristas, empresas de catering y la industria procesadora. The Greenery forma parte de la cooperativa The Greenery.

Amul en la India demuestra que Federaciones cooperativas pueden articular millones de pequeños productores para lograr escala, control de calidad y acceso a mercados internacionales con 3,6 millones de miembros productores, 18.600 Cooperativas lecheras de aldeas vinculadas y 35 millones de litros/día de leche adquirida.

Estas cooperativas muestran cómo la integración vertical liderada por productores convierte a pequeños y medianos proveedores en piezas clave de cadenas exportadoras.  En Colombia, experiencias como Colanta (Cooperativa de Lácteos de Antioquia) la cooperativa agroindustrial más grande de Colombia con más de 14.000 asociados fabricante de productos alimenticios que incluye lácteos, refrescos, embutidos y cereales que exporta a Canadá, Curazao, Estados Unidos, Guatemala, San Martín y Venezuela, evidencian que la asociación entre distintos tamaños productivos y la agroindustria puede transformar economías regionales a través de la industrialización y la diversificación de productos.

Un Plan Agropecuario Nacional que ponga la asociatividad en el centro debe priorizar la integración entre productores y agroindustria mediante medidas concretas.  Cadenas de valor inclusivas, así como promover esquemas contractuales y de gobernanza que incorporen a pequeños, medianos y grandes productores en procesos de producción, procesamiento y comercialización, garantizando suministro para el mercado interno y capacidad exportadora. Esto implica protocolos de calidad compartidos, calendarios de producción coordinados y acuerdos de compra que aseguren precios justos y previsibilidad.

La agro industrialización con enfoque territorial que priorizando las fortalezas y vocaciones de las regiones lleguen a apoyar las plantas de procesamiento gestionadas por asociaciones o alianzas público-privadas que transformen la producción local en productos de mayor valor (lácteos procesados, conservas, alimentos listos para consumo), beneficiando a la cadena completa y aumentando el valor agregado exportable.

Esto lleva consigo los servicios colectivos para estandarización y logística que traen inversiones en almacenamiento, frío, trazabilidad y transporte gestionadas colectivamente para reducir costos, minimizar pérdidas postcosecha y cumplir con los requisitos sanitarios de mercados nacionales e internacionales.

Igualmente se hace clave el financiamiento ligado a cadenas productivas con instrumentos financieros que vinculen el crédito a contratos de compra y a esquemas de garantía cooperativa, facilitando inversiones en capacidad de producción y procesamiento tanto para pequeños como para medianos productores.

Aquí cobra importancia la investigación y la formación en innovación orientada a la demanda, los colegios, universidades, el SENA y centros de investigación y extensión deberán estar articulados con agroindustrias que diseñen tecnologías y prácticas de producción adaptadas a requisitos de mercado, para aumentar los rendimientos, la calidad y sostenibilidad de los procesos.

Todo esto de la mano con políticas comerciales y de promoción de exportaciones inclusivas, con estrategias que identifiquen nichos de alto valor y articulen productos, empaques, marcas colectivas y certificaciones que destaquen el origen asociativo y sostenible, ampliando así el acceso a cadenas internacionales.

Al integrar productores de todos los tamaños con la agroindustria no sólo se fortalece la seguridad alimentaria, al consolidar cadenas estables y almacenar productos procesado, sino que permite generar excedentes competitivos que impulsen las exportaciones y la industrialización rural.

La asociatividad democratiza la capacidad de negociar, invertir y beneficiarse de la cadena de valor en donde los pequeños aportan su experiencia y diversidad productiva; los medianos, capacidad de escala; y los grandes, recursos y acceso a mercados. Juntos, en esquemas bien gobernados, pueden producir alimentos para el país y transformarlos en bienes con mayor valor añadido para el mundo.

El próximo gobierno debe diseñar un Plan Agropecuario Nacional que convierta esta integración en política pública de largo plazo: incentivos financieros y fiscales, apoyo técnico y de infraestructura, marcos contractuales claros y promoción comercial internacional, todo con enfoque territorial y participativo. Negar esta apuesta sería renunciar a la oportunidad de construir una agricultura más equitativa, productiva y competitiva; acogerla permitirá que la asociatividad y la agroindustria articuladas transformen el potencial del campo colombiano en seguridad alimentaria, empleo rural y exportaciones con valor agregado.

La clave esta en la continuidad de estas políticas, de la mano con la seguridad física y jurídica y con inversión en la infraestructura de secado, almacenamiento, transformación y en carreteras terciarias y vías principales que nos lleven a los principales puertos de consumo tanto nacional como de los países que ven en Colombia esa posibilidad de despensa mundial de alimentos.

Parece algo inalcanzable, pero es lo que se ha logrado en los últimos 20 años en países cercanos como Brasil y lejanos como Vietnam por poner solo estos dos ejemplos.

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