Un decreto para la campaña electoral, no para la salud
Bernardo Useche
Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, PHD en Sexualidad Humana del IASHS de San Francisco, CA y PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston.
Petro lanza su modelo de salud preventivo que no cura la crisis, pero sí sirve para hacer campaña.
El proyecto de decreto sobre el “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo de Salud” es una jugada astuta del gobierno con dos objetivos: salirle adelante a la muy probable derrota de la ley de reforma a la salud que hace trámite en el Senado de la República y agitar la bandera de la salud en la campaña electoral a favor de su movimiento.
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Plantea un modelo ideal que transformaría a corto plazo el sistema de salud actual, salvo que se basa sobre presupuestos alejados de la realidad. El principal de ellos, el suponer que el aseguramiento y las EPS van a aceptar perder las funciones que desempeñan actualmente y optarán por adaptarse a las condiciones de subordinación que se les impone.
Más importante aún, el modelo no ofrece respuestas inmediatas a la crisis de la salud generada en los gobiernos anteriores y profundizada durante el mandato de Petro. Crisis que hoy golpea a los pacientes y usuarios, principalmente a los más pobres, de manera inmisericorde. Para Petro y sus ministros de salud el “aquí y ahora” de la salud parece no importarles. Según ellos, la crisis es de exclusiva responsabilidad de los gobiernos anteriores y su solución puede lograrse únicamente a través de una reforma a la salud que contemple el modelo preventivo que anunció el presidente en Aracataca.
El proyecto pretende imponer un modelo al estilo del establecido luego de la revolución cubana, pero sin reemplazar completamente el sistema de aseguramiento existente. Como todas las reformas de Petro, la de salud tiene mucha retórica radical para sus seguidores y en el fondo un ánimo conciliatorio con el establecimiento. Petro y el Dr. Jaramillo saben muy bien que no pueden eliminar de un plumazo las EPS, la UPC y demás componentes esenciales de la ley 100. Para esto se necesita otra ley que reforme estructuralmente el sistema de salud actual.
El borrador de decreto, al igual que el proyecto de ley de reforma a la salud, plantea en teoría un modelo que conlleva un cambio drástico en cuanto el eje central del sistema ya no sería la atención de la enfermedad sino la prevención y la atención primaria para lo cual se territorializa el aseguramiento.
Estos criterios generales son compartidos por diversos sectores, pero su viabilidad, implementación y eficacia dependen de la forma como se estructure y se organice la prestación de los servicios de salud en cada región. Lo previsto en este sentido en el decreto, amerita una rigurosa evaluación técnica que no aparece sustentada.
Por ejemplo, se toman como base territorial de las redes de atención los Centros de Atención Primaria en Salud – CAPS, pero no se precisa si hay diferencias en la forma como se integran los hospitales públicos y las instituciones de las EPS privadas y mixtas ya existentes y que prestan servicios en el primer nivel de atención.
No está claro porqué la referencia y contrarreferencia de los pacientes entre prestadores de los diferentes niveles de atención se le encarga a los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres – CRUE-.
Para reemplazar a las EPS en esta función, los CRUE tendrían que dar un inmenso salto administrativo y tecnológico y pasar de coordinar la referencia y contrarreferencia de los pacientes de urgencias a desempeñar el mismo papel en la totalidad del sistema de salud a nivel nacional. Parece que no se aprendió la lección de asignar improvisadamente a la FIDUPREVISORA funciones de gestión de la salud de los maestros para los cuales no contaba con las condiciones requeridas.
Otro de las grandes debilidades del proyecto de decreto es lo concerniente a la financiación del modelo. En la línea de lo que se plantea en la reforma, se concentran los recursos para la salud en la ADRES otorgándole al gobierno plena autonomía en su manejo. Normas que se complementan con el más reciente proyecto de decreto sobre el giro directo.
Pero sobre la disponibilidad de recursos y si serán suficientes para todas las inversiones que se anuncian, solo se dice que estarán sujetas «a las disponibilidades y a las proyecciones del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)». Es decir, el decreto promete grandes transformaciones que no importa si se puedan materializar. Siempre se podrá echar mano de la excusa que no fueron posibles por el déficit fiscal y las limitaciones financieras de la nación.
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Se quedarán en el papel: las inversiones para el fortalecimiento de los niveles primario y complementarios de atención. El anuncio que garantiza en 6 meses “la sostenibilidad y eficiencia” de la red pública hospitalaria. la formalización laboral para el personal de salud. La inversión en investigación, desarrollo, innovación y producción local de Tecnologías Estratégicas en Salud. El Sistema Unificado de Información en Salud, que ya dejó de ser único y público como se planteaba en la reforma.
Si el decreto se expide, seguramente lo que sí tendrá financiación suficiente son los equipos de salud territorial que han sido del mayor interés de Petro desde cuando fue alcalde de Bogotá y que los conocedores asocian con réditos electorales. No es casual que en el proyecto se les otorgue múltiples nuevas funciones.
Las normas y medidas contempladas en el proyecto de decreto se aplican también a los regímenes exceptuados de la ley 100. Esto implica en la práctica, la eliminación de los sistemas de salud propios de las universidades públicas y de Ecopetrol que actualmente ofrecen a sus empleados y trabajadores mayores garantías y mejor calidad en la prestación de servicios.
A un año del nuevo sistema de salud del FOMAG para los maestros, los resultados evidencian que este particular enfoque preventivo, predictivo y resolutivo del gobierno ha sido un fracaso.
En lugar de pretender establecer un modelo híbrido, estatizado y con restos de aseguramiento, el gobierno debería proyectar un decreto que formule un plan de contingencia a corto plazo. Un decreto que aborde la crisis de pobre acceso a medicamentos y de falta de atención de atención de oportuna y de calidad. Un plan que se oriente a pagar las deudas a los hospitales públicos y privados y a erradicar la corrupción que continúa anidada en el sistema de salud durante su mandato.
