Caso UNGRD: por qué Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco terminaron tras las rejas
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros de Petro, a la cárcel por: contratos direccionados, compra de votos y una red de corrupción que se posiciona como el principal escándalo del gobierno Petro.
El caso de corrupción en la UNGRD dejó de ser una hipótesis política para convertirse en una decisión judicial con consecuencias históricas. Un tribunal envió a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalados de liderar un entramado de corrupción que habría usado contratos públicos para asegurar votos en el Congreso.
La magnitud del caso, el monto de los recursos y el impacto institucional convierten este proceso en el golpe más duro que ha enfrentado el Gobierno Petro.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco: una decisión judicial sin precedentes
El caso de los exministros tomó forma definitiva cuando el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. La magistrada consideró que la gravedad de los hechos y el riesgo de interferencia en la investigación hacían insuficiente cualquier medida distinta a la prisión.
No se trató de una decisión menor. Por primera vez en la historia reciente, un ministro de Hacienda fue enviado a la cárcel por hechos relacionados con el ejercicio de su cargo. En el mismo proceso, el exministro del Interior quedó privado de la libertad como presunto articulador político de una red que, según la Fiscalía, operó desde el corazón del Gobierno.
Cómo funcionaba el entramado del caso UNGRD
De acuerdo con la Fiscalía, el caso de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no responde a hechos aislados ni a errores administrativos. La tesis central es la existencia de una empresa criminal organizada, con roles definidos y objetivos claros.
El esquema habría funcionado así:
- Identificación de mayorías necesarias en el Congreso.
- Direccionamiento de contratos desde la UNGRD y el Invías.
- Entrega de proyectos a congresistas o intermediarios políticos.
- Intercambio directo: contratos por votos para las reformas del Gobierno.
La investigación sostiene que entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se impulsaron 79 proyectos por más de $612.000 millones, de los cuales al menos siete hacen parte directa del acuerdo criminal.
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Los nombres, las reuniones y los contratos clave del caso Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
El expediente contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco incluye reuniones específicas y escenarios políticos concretos. Una de las más relevantes habría ocurrido en la Casa La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde se discutió la estrategia para asegurar respaldo legislativo.
También se mencionan debates clave como la reforma pensional y la reforma a la salud, además de proyectos en municipios como Cotorra y Saravena. Congresistas de varias comisiones del Senado y la Cámara aparecen vinculados como beneficiarios de los contratos, aunque su situación jurídica depende de la Corte Suprema por el fuero parlamentario.
El papel de Bonilla y Velasco según la Fiscalía
En el caso UNGRD cárcel exministros, la Fiscalía atribuye funciones diferenciadas a cada exfuncionario. Ricardo Bonilla, desde Hacienda, habría tenido una posición estratégica para incidir en la asignación y ejecución de recursos públicos. Parte clave del proceso es el testimonio de su exasesora María Alejandra Benavides, quien firmó un principio de oportunidad y aseguró haber actuado bajo órdenes directas.
Luis Fernando Velasco, por su parte, es señalado como el articulador político. Según la acusación, su experiencia en el Congreso le permitió coordinar contactos, mayorías y acuerdos que cruzaron la línea de la legalidad.
Por qué el Tribunal ordenó prisión y no casa por cárcel
Uno de los puntos centrales del caso de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fue la decisión de enviarlos a un centro penitenciario y no a detención domiciliaria. El Tribunal fue claro: el riesgo no era la fuga, sino la posible rearticulación de la red criminal.
La magistrada advirtió que los cargos ocupados por Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, así como su capacidad de influencia institucional, representaban un peligro real para la investigación en curso y para la credibilidad del Estado.
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Reacciones políticas y choque institucional
El caso de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco desató una tormenta política. Sectores de oposición calificaron el escándalo como la prueba del fracaso del “cambio” prometido por Gustavo Petro. Desde el oficialismo, el presidente defendió públicamente a Ricardo Bonilla, aseguró creer en su inocencia y cuestionó la actuación de la justicia.
Las declaraciones del mandatario, sumadas a la magnitud del caso, abrieron un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial, en un momento en el que el Gobierno ya enfrenta dificultades para sacar adelante su agenda legislativa.
Un caso que comenzó con los carrotanques de La Guajira
El origen del caso de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se remonta al escándalo de los carrotanques en La Guajira. Lo que inicialmente parecía un caso de sobrecostos terminó destapando una red mucho más amplia de desvío de recursos, contratos direccionados y presunta compra de votos.
Hoy, esa línea de investigación se convirtió en el proceso judicial más delicado del Gobierno Petro, con exministros presos, exfuncionarios colaborando con la Fiscalía y nuevas actuaciones que podrían ampliar el alcance del escándalo.
Lo que viene para el caso contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
El proceso apenas entra en una nueva fase. La Fiscalía deberá presentar el escrito de acusación y las pruebas para avanzar hacia un eventual juicio penal. Mientras tanto, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco enfrentarán su defensa desde la cárcel, en un expediente que amenaza con seguir sacudiendo la política colombiana y redefinir los límites entre poder, contratación pública y mayorías legislativas.
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