Velasco y Bonilla, los ministros de Petro que podrían ir a la cárcel por corrupción en la UNGRD
La corrupción en la UNGRD llevó a la Fiscalía a imputar a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por presunta compra de votos, contratos direccionados y una red criminal para asegurar mayorías en el Congreso.
La Fiscalía destapó un esquema que, según sus investigadores, operó desde el corazón del gobierno. Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron imputados por cargos relacionados con la corrupción en la UNGRD, un entramado que habría entregado contratos públicos a congresistas a cambio de votos para aprobar las reformas del Ejecutivo.
La acusación formal abre la puerta a que ambos exfuncionarios enfrenten una pena de hasta 27 años de cárcel.
Cómo funcionaba la presunta compra de votos Congreso
La tesis de la Fiscalía es que la corrupción en la UNGRD no fue un hecho aislado sino una “empresa criminal” dirigida desde altos niveles del Gobierno. Según la fiscal delegada María Cristina Patiño, los exministros habrían usado entidades como la UNGRD y el Invías para entregar contratos y asegurar mayorías en debates claves, entre ellos la reforma pensional y la reforma a la salud.
Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La acusación sostiene que la red asignaba contratos a congresistas o aliados políticos previamente identificados, quienes, a cambio, debían garantizar quórum, deliberar y votar favorablemente los proyectos del gobierno.
Uno de los puntos centrales de la investigación es que la presunta compra de votos Congreso habría sido sistemática, coordinada y ejecutada a través de funcionarios intermedios que seguían instrucciones directas de los exministros.
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La “empresa criminal” y los contratos direccionados
La Fiscalía afirma que la corrupción en la UNGRD funcionó bajo un modus operandi claro:
- Identificación de las mayorías necesarias en el Congreso.
- Ofrecimiento de contratos direccionados a parlamentarios.
- Supervisión política desde los ministerios para concretar los proyectos.
- Intercambio directo: contratos por votos.
Uno de los escenarios clave mencionados por la Fiscalía fue la Casa La Giralda, sede del Ministerio del Interior. Allí, según el expediente, Velasco habría discutido la estrategia para “asegurar respaldo político” de cara a las elecciones regionales y a debates legislativos cruciales.
Operadores como el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, habrían sido piezas esenciales. López, señalado por recibir y ejecutar órdenes, aparece como la mano operativa que trasladaba recursos, ofrecía proyectos y coordinaba con congresistas a través de enlaces como Marta Peralta y María Alejandra Benavides.
Los $612 mil millones en juego y el desvío de recursos públicos
Uno de los puntos más llamativos del caso es el alcance financiero, la corrupción en la UNGRD habría movido más de $612 mil millones en contratos entre mayo de 2023 y febrero de 2024.
Según la Fiscalía, el Invías gestionó 74 proyectos por un total de $571.701 millones, mientras que la UNGRD ejecutó 5 proyectos por $40.536 millones. De los 79 proyectos analizados, al menos siete habrían sido parte del acuerdo criminal.
Además, la investigación sostiene que hubo desvío de recursos públicos originalmente destinados a programas sociales como Hambre Cero y Agroinsumos y Producción de Alimentos. Estos traslados presupuestales se justificaban como medidas para “reforzar la atención de emergencias”, pero, según los fiscales, alimentaron la bolsa de contratos para asegurar mayorías.
Los congresistas implicados y las reuniones clave
La fiscalía identificó congresistas beneficiados en comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Senado y la Cámara, además de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Nombres como Wadid Mansur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz, Lilian Ester Vitar, Juan Pablo Gallo Maya, Julio Elías Chao y Berenice Moreno fueron mencionados en audiencias.
Entre los hechos concretos resaltan:
- Reunión del 18 de septiembre de 2023, en La Giralda, donde se habría discutido la estrategia de direccionamiento contractual.
- Debate de la reforma pensional en junio de 2023, donde Velasco habría dado instrucciones a Olmedo López para entregar contratos a parlamentarios de la Comisión Séptima.
- Proyectos específicos, como uno en Cotorra (para Mansur, Peinado y Vitar) y otro en Saravena (para Manrique y Muñoz).
Estos episodios fortalecen la hipótesis de la Fiscalía sobre la existencia de una red organizada dentro del gobierno, articulada para manipular decisiones legislativas.
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La defensa y la situación jurídica de los exministros
En la audiencia de imputación, ninguno de los exministros aceptó los cargos. Ricardo Bonilla aseguró:
“No acepto cargos, señora magistrada. No tengo absolutamente nada que negociar. Soy completamente inocente.”
Su defensa argumentó que la Fiscalía no identificó nombres ni pruebas suficientes sobre varios congresistas, lo que, dicen, dificulta ejercer el derecho a la defensa.
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra ambos exfuncionarios, citando la gravedad de la corrupción en la UNGRD y la presunta permanencia de la red criminal. La audiencia para definir si irán a prisión fue programada para el 15 de diciembre.
Un caso que comenzó con los carrotanques de La Guajira
La Fiscalía recordó que el escándalo de los carrotanques de La Guajira, que reveló sobrecostos y anomalías en la UNGRD, fue apenas “la punta del iceberg”. A partir de ese caso se abrió una línea investigativa más amplia que llevó a descubrir el presunto direccionamiento masivo de contratos a congresistas.
Hoy, esa arista inicial se ha transformado en el proceso judicial más delicado que ha enfrentado el gobierno Petro: un expediente que combina corrupción en la UNGRD, compra de votos, desvío de recursos públicos y participación de dos exministros.
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