Crece la preocupación en la Rama Judicial por Ley 2430 que exige presencialidad en la administración de justicia
Los trabajadores de la rama judicial han manifestado varias inquietudes con relación a la Ley 2430 de 2024 que, entre otras, establece la obligatoriedad de la presencialidad en varios procedimientos, incluyendo los juicios penales.
La exigencia de presencialidad en los juicios penales, impuesta por la Ley 2430 de 2024, ha generado una preocupación creciente entre los trabajadores de la Rama Judicial.
Según expresan jueces y abogados, esta medida podría ralentizar significativamente la evacuación de procesos debido a la insuficiencia de salas y recursos necesarios para atender la creciente demanda de justicia.
A la fecha, persiste la preocupación dentro de la Rama Judicial debido a la ausencia de directrices claras por parte del Consejo Superior de la Judicatura respecto a los recursos logísticos y tecnológicos necesarios para cumplir con el mandato de la Ley 2430 de 2024, que exige la presencialidad en las audiencias judiciales.
Esta normativa plantea cambios significativos en la implementación, sobre todo porque no todas las sedes judiciales cuentan con las condiciones requeridas para albergar a personas privadas de la libertad, ni con un número suficiente de salas de audiencia en comparación con el número de jueces.
Para que la Ley 2430 se implemente de manera eficaz, Asonal Judicial advierte que es urgente que el Consejo Superior de la Judicatura dote a las sedes judiciales con recursos materiales, tecnológicos y humanos.
Sin estos, el mandato de presencialidad podría no ser cumplido de manera efectiva. La administración de justicia no solo debe garantizar el acceso y la eficiencia, sino que también debe velar por el cumplimiento del debido proceso en todas sus fases, algo que solo se logrará con el apoyo adecuado, insiste el sindicato.
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¿Qué plantea la Ley 2430 de 2024 sobre la presencialidad en procesos propios de la Rama Judicial?
La Ley 2430 de 2024 Congreso de la República – Gestor Normativo – Función Pública, que modifica la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), ha reavivado el debate sobre la presencialidad en los procesos judiciales en Colombia, un tema que había sido redefinido durante la pandemia por el Decreto 806 de 2020, que permitió implementar la justicia virtual como respuesta a la emergencia sanitaria.
Lo que la Ley Estatutaria de Justicia (Ley 270 de 1996) no había logrado en décadas, la pandemia lo hizo en cuestión de meses: digitalizar los procesos judiciales y utilizar medios electrónicos para audiencias y procedimientos.
La reciente obligación impuesta a juezas y jueces penales de realizar audiencias de manera presencial está causando serias dificultades en la administración de justicia. A pesar de la creciente demanda de justicia, no existen suficientes salas disponibles para llevar a cabo todas las audiencias, lo que afecta tanto la eficiencia como el acceso a la justicia.
Asonal Judicial advierte sobre el impacto en la eficiencia y acceso a la justicia
En un comunicado público, los trabajadores de la rama judicial agremiados en Asonal Judicial advierten sobre la falta de infraestructura adecuada compromete tanto la eficiencia de los despachos judiciales como el acceso a la justicia para los ciudadanos.
La Ley 2430, al imponer la presencialidad, podría generar un retroceso en los avances logrados durante la pandemia en cuanto al uso de tecnologías de la información, lo que había facilitado la realización de audiencias virtuales, reduciendo costos y tiempos de desplazamiento. Esta nueva exigencia amenaza con saturar el sistema judicial y generar retrasos en la evacuación de los procesos.
El principio de autonomía judicial
Asonal Judicial también reiteró sobre la importancia del principio de autonomía judicial, pilar fundamental de la labor en la Rama Judicial.
Sin embargo, destaca que para poder cumplir con este principio y con el mandato de la nueva ley, es indispensable que se brinde el apoyo administrativo necesario.
La autonomía judicial no debe ser ejercida en plenitud sin las herramientas adecuadas para asegurar la operatividad de los jueces y el debido proceso en cada caso.
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¿Qué le piden los trabajadores de la Rama Judicial al Consejo Superior de la Judicatura?
Ante este panorama de retorno a la presencialidad, Asonal Judicial ha hecho un llamado urgente al Consejo Superior de la Judicatura para que tome medidas inmediatas que aseguren la dotación de los recursos logísticos y tecnológicos en los despachos judiciales.
Se necesitan salas de audiencia suficientes, infraestructura adecuada para el traslado de personas privadas de la libertad, y personal capacitado para garantizar el cumplimiento de la ley.
Según el sindicato, el riesgo de no dotar a los despachos judiciales con los recursos adecuados compromete la celeridad de los procesos, lo que resultaría en un incremento de los aplazamientos y en una reducción en la evacuación de los casos.
Las estadísticas probablemente mostrarán una disminución en la productividad de los jueces, lo que, sumado al aumento en los costos operacionales, podría provocar un colapso en el sistema penal acusatorio.
Francisco Bernate, abogado penalista y Presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, expresó su preocupación por la situación a través de sus redes sociales, destacando que el cambio a la presencialidad podría complicar la agenda.
También ha advertido sobre los riesgos de retroceder en el uso de la tecnología en el sistema judicial, argumentando que la virtualidad ha llegado para quedarse y que la solución no debe ser regresar a modelos anticuados, sino mejorar y regular la virtualidad para garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia.
¿Cuál es el balance de la virtualidad en la administración de justicia según los empleados de la rama judicial?
El Decreto 806 de 2020 trajo consigo una transición abrupta a la justicia virtual, lo que inicialmente generó una parálisis en muchos despachos judiciales debido a la falta de infraestructura adecuada y a la necesidad de trasladar grandes cantidades de expedientes físicos a entornos digitales.
Sin embargo, en poco tiempo, los funcionarios judiciales, en algunos casos con recursos propios, lograron mantener la justicia en marcha. Según estadísticas oficiales, entre 2020 y 2021, las audiencias virtuales pasaron de 856,757 a 1,495,956, evidenciando un incremento significativo en la capacidad operativa de la justicia, incluso en medio de la pandemia.
Además, los costos operativos de los complejos judiciales disminuyeron significativamente. De acuerdo con Óscar Sierra Fajardo, el caso del complejo judicial de Paloquemao es un ejemplo destacado, donde los costos por servicios públicos se redujeron de $734 millones en 2019 a $259 millones en 2021.
El futuro de la justicia virtual
Pese a las disposiciones de la Ley 2430, muchos actores del sistema judicial abogan por mantener la justicia virtual como una herramienta permanente. Si bien procedimientos como los juicios orales en los que se practican interrogatorios requieren presencialidad para garantizar una adecuada administración de justicia, muchas otras etapas del proceso podrían beneficiarse de la virtualidad.
Seguramente, el futuro de la justicia en Colombia dependerá de la capacidad del sistema judicial para encontrar un equilibrio entre la presencialidad y la virtualidad.
La clave estará en aprovechar los avances tecnológicos logrados durante la pandemia para mejorar la accesibilidad y eficiencia del sistema, sin perder de vista las particularidades de ciertos procedimientos que requieren la interacción cara a cara.
