La conexión entre Benedetti y la Fundación San José: contratos en alza y el título exprés de Juliana Guerrero
El caso de Juliana Guerrero, la relación del rector Francisco Pareja con Armando Benedetti y el crecimiento de la contratación pública con la Fundación San José alimentan las denuncias sobre títulos exprés y posibles favores cruzados.

La Fundación de Educación Superior San José (ESAS) ha sido cuestionada por otorgar un título exprés a Juliana Guerrero, designada viceministra de Juventud pero aún no posesionada, y figura cercana al ministro del Interior, Armando Benedetti. El representante legal de la institución, Francisco Pareja González, mantiene vínculos políticos de larga data con Benedetti, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles favores cruzados entre titulaciones irregulares y millonarios contratos estatales.
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Títulos exprés y el caso Juliana Guerrero
La controversia estalló cuando la representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, denunció a Juliana Guerrero por presunta falsedad ideológica y fraude procesal en la obtención de su título de contadora pública en la Fundación San José.
El punto más sensible fue la ausencia de la prueba Saber Pro como requisito previo al grado. Según la denuncia, el diploma fue entregado antes de la presentación del examen. Aunque la Universidad mostró posteriormente un registro, la fecha no coincide con los plazos legales.
El escándalo creció cuando se reveló que la propia institución ofrecía homologar títulos en menos de un año. A Pedraza le fue sugerido que podría obtener un título profesional en contaduría en diez meses, con requisitos mínimos.

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Francisco Pareja y su relación con Benedetti
En el centro de la controversia aparece Francisco Alfonso Fernando Pareja González, representante legal y socio principal de la Fundación San José. Su pasado como excongresista del Partido de La U y sus lazos con Armando Benedetti levantan sospechas.
Imágenes de campañas conjuntas en 2014 confirman la cercanía entre ambos. Benedetti, a su vez, fue jefe directo de Juliana Guerrero, hoy beneficiada de un cuestionado título académico.
Pedraza advierte que los contratos estatales firmados con la fundación podrían ser la contraprestación de los títulos exprés entregados a funcionarios cercanos. La hipótesis es clara: “diplomas al vapor a cambio de convenios millonarios”.
Contratación pública en ascenso
La investigación de la revista Cambio mostró que los contratos estatales de la Fundación San José crecieron de manera significativa en los últimos años:
- Entre 2018 y 2021: apenas $1.392 millones en contratación.
- Desde 2022: más de $52.700 millones, lo que representa un aumento del 1.317%.
Entre los megaconvenios destacan dos contratos con la Gobernación del Magdalena por $26.285 millones en total, además de acuerdos con el INPEC, Soacha, Duitama, Apía, FONDECUN y la Gobernación de Boyacá.
Este aumento en la contratación coincide con un cambio notable en las finanzas de la institución: en 2021 la fundación pasó de facturar $8.072 millones a más de $29.533 millones, triplicando su presupuesto en un solo año.
Patrón de irregularidades: más casos en la mira
No es el único episodio. En julio de 2024, Laura Julieth Martínez Morales, contratista de la UNGRD, recibió su diploma de ingeniera industrial dos días antes de presentar el Saber Pro, según la investigación de Cambio.
De acuerdo con la Representante Pedraza, existen más denuncias de funcionarios públicos con historias similares. Sin embargo, la verificación se dificulta porque el ICFES cerró parcialmente el acceso a la consulta pública de resultados.
Defensa de la Fundación y contraataque legal
Pareja González ha admitido “descuido administrativo” en al menos un caso, pero defiende la legalidad de los títulos. Su argumento es que el examen Saber Pro debe presentarse, pero no necesariamente aprobarse antes del grado, basándose en fallos del Consejo de Estado.
El abogado de Guerrero, Rubén Bonilla, denunció a la representante Pedraza por calumnia y acceso abusivo a un sistema informático, señalando un uso indebido de datos personales. Sin embargo, Pedraza respondió que los resultados de las pruebas Saber Pro son públicos y pueden consultarse con el número de cédula.
En el caso de Juliana Guerrero, recordó, la información estaba disponible porque su hoja de vida fue publicada tras su designación como viceministra.

Implicaciones para la educación superior y la contratación pública
El escándalo golpea la confianza en el sistema de educación superior colombiano. La entrega de títulos exprés sin cumplir requisitos legales no sólo mina la credibilidad académica, sino que también pone en entredicho la transparencia en el uso de recursos públicos.
Las denuncias ya cursan en la Fiscalía y se espera que el Ministerio de Educación revise los protocolos de titulación de la Fundación San José. La gran incógnita es cuántos otros funcionarios podrían haber recibido diplomas bajo condiciones similares.
Prácticas recurrentes en la educación superior colombiana
La Fundación San José no es un caso aislado. Casos anteriores, como los de la Universidad Autónoma del Caribe, evidencian que esta ha sido una práctica recurrente en varios gobiernos: universidades privadas que se lucran mediante alianzas políticas.
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Este caso, que involucra al gobierno actual de Gustavo Petro, revive esas prácticas y es un incumplimiento de la promesa de acabar con la corrupción y de trabajar por la educación superior.