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domingo, 8 de febrero de 2026
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A propósito de la reforma a la salud, ¿cómo se debe estructurar una política de salud?

Erwin Hernandez, Columnista, Formación médica, Mas Colombia

Erwin Hernández

Médico de la Universidad de La Sabana, PhD. en investigación clínica, Magíster en Atención Primaria en Salud, Magíster en Gobierno y Dirección del Sistema Sanitario. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.

El tema de la reforma a la salud que se ha discutido en los últimos meses en Colombia  —noticia que ha acaparado las primeras planas de los medios de comunicación y que ha suscitado gran polémica— despierta una pregunta al respecto: ¿cómo se debe estructurar una política de salud?

Para iniciar, vale la pena aclarar que cada país tiene una Autoridad Sanitaria Nacional (ANS), la cual tiene que cumplir con los roles de gobernanza y rectoría en materia de salud de un país. Para el caso de Colombia, esta es la función del Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, este rol también puede escalar a nivel departamental y local, siendo estas funciones asumidas por las secretarías de salud.


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Liderar y gestionar la salud de las personas implica cumplir con cinco funciones elementales, que por lo general ocupan la preocupación de todo ministro de Salud. Estas radican en la conducción (conocimiento de las necesidades y problemas de salud que tiene un país para formular políticas de salud), regulación (mecanismos por medio de los cuales se garantiza que las políticas formuladas se cumplan), aseguramiento (se refiere a las garantías para que la mayoría de la población pertenezca a un sistema y goce de los servicios de salud en todo el país), prestación (busca que se otorguen los servicios de calidad en todos le país) y financiación (que pretende que se destinen recursos económicos para financiar las anteriores funciones pese a las limitaciones). 

En cuanto a la estructuración de políticas de salud, el proceso se realiza en un ciclo de cuatro pasos, que consta de la identificación y definición de problemas de salud a resolver a partir del concepto de personal técnico experto. El segundo paso implica tener en cuenta la formulación de las políticas incluyentes, construidas a partir de consensos y de cara a la identificación de necesidades de diversos grupos de interés. El tercer paso implica que, una vez implementadas dichas políticas, se deben generar procesos de transición de vigilancia y control. Y, finalmente, el último paso considera aplicar una evaluación de las políticas mediante unos indicadores mínimos definidos.

Según distintos expertos en la materia, normalmente las políticas de salud en la región de América Latina están bien formuladas, pero se implementan de forma inadecuada. Esto se debe a que existen diferentes actores que tienen intereses particulares (y no cumplen con la política) y, a su vez, la ASN encuentra limitante en el cumplimiento de sus funciones de regulación, lo que al final significa el fracaso de la política. 

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Esta es una situación que se ha visto en Colombia, pues con la Ley 100 de 1993 y sus dos reformas (1122 de 2007 y 1438 de 2011) muchos actores se han resistido a cumplir. Por ejemplo, la Ley 100 indica que las Entidades Promotoras de la Salud (EPS) no deben prestar servicios de salud (lo que se conoce como integración vertical), situación que fue reforzada con la Ley 1122 en el 2007. 

Otro ejemplo es la adopción de la Atención Primaria para Colombia. Desde la Ley 1438 de 2011 y normas posteriores, EPS, hospitales y agremiaciones médicas, entre otros, se han resistido a adoptarla; y como último ejemplo, está la prohibición del constreñimiento o dádivas (beneficios) por parte del personal de salud para un procedimiento, paraclínico o medicamento, situación que a la fecha se continúa presentando.

Pero que la política este mal formulada no solo trae problemas en el sistema, sino que implica un doble fracaso. Al respecto, la reforma a la salud que se está discutiendo podría tener este riesgo, pues, como lo han expresado varios líderes de opinión, la mayoría de la población (55-70% de los colombianos no quiere que se eliminen las EPS), asociaciones de pacientes, agremiaciones científicas, académicos, EPS y partidos políticos no han sido incluidos en la discusión de la reforma y tampoco se han incorporado sus recomendaciones en los grupos de discusión. 

En ese orden de ideas, es importante que la ASN de Colombia incluya a diversidad de opiniones y actores (a favor o en contra) en esta etapa de formulación, para que el posible proyecto de reforma cumpla con los elementos del ciclo de una política de salud y no fracase tras enfrentarse a tantas batallas que ya ha venido encarando férreamente en el Congreso.

Referencias de la columna:Organización Panamericana de la Salud (OPS). La Salud Pública de las Américas. Nuevos Conceptos, Análisis del Desempeño y Bases para la Acción. Washington, DC: OPS; 2002

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