¿A quién beneficia verdaderamente la medición inteligente de energía?

Ramiro Rueda
Ingeniero eléctrico con MBA y 40 años de experiencia en el sector energético público y privado.
El Ministerio de Minas y Energía expidió el 29 de enero de 2018 la Resolución 40072, que fija como política pública obligatoria para las empresas de energía en Colombia el cambio de más de 13 millones de medidores al 2030, 95% en suscriptores urbanos y 50% rurales, determinando que los costos de la inversión y los gastos de Administración, Operación y Mantenimiento serán con cargo a la tarifa. La CREG ha sido y sigue siendo bastante proclive con su regulación pro-empresas ESP al respecto.
Esta decisión, que de acuerdo con experiencias en Italia, Chile y España tiene un costo promedio por medidor –incluidos equipos y sistemas de gestión– de USD $220-300, incrementará en $10-12 billones la Base de Remuneración de Activos (BRA) sobre la que se calculan algunos costos de tarifa.
Esto significará un incremento en las tarifas superior al 18% y en la factura superior al 25%, que pagaríamos todos los colombianos en el nuevo Costo Unitario del servicio y que será probablemente aplicable cada que existan equipos de mejor tecnología, lo cual se aprovechará mínimo cada cinco años en la revisión tarifaria, a pesar de que un medidor tiene técnicamente 20 años de vida útil. Esto se denomina la SOCIALIZACIÓN DE COSTOS.
En Chile en 2016, con distribución del mercado 70% no regulado y 30% regulado, se han realizado estudios por GTD Ingenieros Consultores que, ajustados a nuestra realidad por el autor, determinan el peso de los beneficios del proyecto, algunos falaces para nuestra infraestructura de redes y distribución de mercado, así:
• Gestionar el consumo, beneficio muy optimista para 10% suscriptores, 26%. (¿Ahorro del 3% de factura?).
• Mejorar la calidad servicio beneficiará 3% suscriptores, 1%.
• La reducción de las pérdidas no técnicas, fraude, beneficia esencialmente empresas, 13%.
• La disminución de costos operación, suspensión, corte, reconexión, lectura y facturación beneficia solo a las empresas, muy poco a suscriptores, porque la Ley obliga a compartir las eficiencias de las empresas con los clientes, pero a hoy no existe evidencia de su aplicación, 40%.
• Incremento de los ingresos por mayores ventas y menores compras de energía solo beneficia a las empresas, 20%.
Se puede, entonces, concluir que hay una concentración de beneficios reales en cinco empresas dueñas del 98% del mercado y un máximo potencial del 10% de suscriptores.
Hay que recordar que este sistema está implementado en el mercado no regulado colombiano hace 25 años y no ha logrado la libre competencia. No hay comercializadores puros con clientes en ese mercado; solo monopolios regionales y posiblemente un mercado colusivo. La competencia se logra eliminando la permisividad coexistente de negocios de comercialización con generación y distribución, que crea un gran poder de mercado.
Los recientes hechos de presunta corrupción en EMCALI involucran proyectos de esta naturaleza y develan la verdad más importante sobre los sibilinos propósitos detrás de la propuesta de ciudades inteligentes promovidas con tanto ahínco por ciertos turiferarios del sector y que avanzan silenciosamente detrás de un negocio de venta de más de 15 millones de medidores de energía eléctrica, y que se repetirá en otros servicios públicos domiciliarios, y muchos Giga pesos.
Haga la cuenta con 10 pesos de incremento en el costo unitario del kilovatio hora por 75000 Giga Vatios Hora de comercialización de energía al año. ¿Cuántos pesos de ingreso nuevo serán y de manera continua? Recaudos que se presentarán por mayores valores de las facturas de servicios públicos de energía por ahora anualmente y de forma vitalicia.
En conclusión, una vez más se evidencia el poder del mercado oligopólico en el sector de la energía eléctrica, CONCENTRANDO LOS BENEFICIOS en el 10% de los suscriptores (en mi experiencia no serán más del 1%) y en 5 empresas ESP y SOCIALIZANDO LOS COSTOS vía tarifa en el 100% de los clientes; incluso 10% de ellos pagará por algo que no recibirá.
Para hacer este modelo justo y equitativo y no oponerse a la evolución tecnológica, este cambio debe exigirse a suscriptores cuya relación B/C sea positiva, aquellos con consumo superior a 15.000 KWH/Año como en Alemania, o con capacidad instalada superior a 450 KW como en España, voluntariamente y/o por necesidades técnicas a auto generadores que deseen incursionar en la venta de micro excedentes de energía en el mercado oligopólico colombiano, aplicable con posterioridad a conocer el nuevo modelo tarifario horario en electricidad que existe parcialmente hace muchos años sin beneficios evidentes.
Además, debe ir acompañado de ajustes en la fórmula tarifaria que remunere exclusivamente los planes de pérdidas técnicas del 4% (PR=0), reconozca un WACC de carácter internacional (50% del reconocido en nuestro país), incorpore la vida útil y la depreciación de todos los equipos y exija una base de datos única nacional certificada BRA (Pass 55), como ocurre en el mundo de donde copiamos el AMI.
¿Por qué los Pro-AMI, sistema de medición inteligente, nunca se han comprometido cuantitativamente con una cifra de reducción de tarifa en ningún escenario donde se les pregunta? Será por aquello del pastorcito mentiroso.
¿Cuáles serán los verdaderos intereses detrás de estos proyectos promovidos por los reguladores, los ministerios y otros? Aquí hay suficientes argumentos para que cada uno concluya y actúe en consecuencia.