Garantizar el abastecimiento y el acceso a los energéticos necesarios para echar a andar el aparato económico y elevar el bienestar de los hogares es un asunto de seguridad nacional. No en vano abundan las confrontaciones políticas, económicas y bélicas atravesadas por la energía.

Por eso, alimentar la demanda por energía con producción nacional es una ventaja absoluta que los países con oferta propia aprovechan en beneficio de su población, lo que el actual gobierno nacional desdeña para acrecentar la subordinación a intereses foráneos, como cuando Ecopetrol solo producía el 15% del petróleo del país, por allá en los sesenta, o más grave, cuando la petrolera colombiana no existía.

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Al importar porciones significativas y de forma permanente de la energía u otros bienes estratégicos como los insumos para la industria y la maquinaria, las naciones se ven abocadas a pagar por esos enseres lo que digan los mercados que los venden físicamente o los tranzan financieramente, y a ser incapaces de establecer mecanismos de formación de precios que protejan y fomenten el desarrollo de las fuerzas productivas propias.

La fórmula es ni aislacionismo ni dependencia alta o total por energéticos extranjeros. El camino es el enfoque de seguridad nacional e independencia, como lo hacen Estados Unidos y China.

Con la autosuficiencia petrolera no se juega

Cuando se perdió la autosuficiencia petrolera y Colombia tuvo que importar crudo para atender la demanda interna, entre 1978 y 1985, el país se consumió los recursos de la bonanza cafetera, pasó de tener superávit en la cuenta corriente (0,2 – 1,6% del PIB) a tener déficit (-3,5 – 5,6% del PIB), y, entre 1979 y 1985 llevó la deuda externa del 16% al 32% del PIB.

En aquel momento, el choque externo generado por la política económica de EE.UU., que atravesaba por una estanflación, se llevó por delante la macroeconomía de América Latina.

En este período de crisis de deuda, que el Tesoro norteamericano, la banca internacional y multilateral cobraron con altos intereses y la apertura económica, Colombia no entró en cesación de pagos porque apareció el campo Caño Limón y se recuperó la autosuficiencia petrolera.

¿Qué se hizo para recuperarla? Explorar. Hoy, lamentablemente, Petro, Bonilla y Camacho prefieren gastar en importar que invertir en explorar para producir, autoabastecernos y exportar excedentes.

Desde 1985, el país ha logrado mantener la autosuficiencia petrolera, aunque el fantasma de su pérdida ha rondado al siglo XXI, durante el cual la relación entre reservas y producción siempre ha estado por debajo de 8,5 años (en 2022 se ubicó en 7,5 años), cuando se recomienda tener el indicador arriba de diez años. Recientemente, y gracias a la ideota de dejar enterrado el petróleo y no explorar, el espanto sale a “asustar” como las ánimas que van por las calles de Tamalameque.

El impacto del autoabastecimiento ha sido paradójico: como aspecto principal, desde los años noventa sostiene el modelo económico que sustrae ahorro nacional y mantiene al país dependiente del ahorro externo ‒variable de cierre de la inversión‒, de lo cual se reproducen el estructural déficit de la cuenta corriente (amplificado por los TLC con EE.UU. y la Unión Europea, principalmente) y el déficit fiscal, donde el pago al servicio de la deuda se come entre la cuarta y la tercera parte del gasto público.

Explorar, explorar y explorar

Colombia es un productor pequeño de petróleo (750-800 mil barriles diarios), de costos relativamente altos (40-50 dólares el barril), siempre abierto a la inversión extranjera, al manejo macroeconómico ortodoxo, riesgoso y de bonanzas cortas ‒lo que obliga a realizar descubrimiento en quinquenios para reducir el riesgo de importaciones‒ (Alicia Puyana, 2008). Sin exploración no aparecen las reservas, se pierde la autosuficiencia petrolera y empresas como Ecopetrol pierden valor.

En la base de la independencia está tener y ampliar las reservas, lo que no va a cambiar en las próximas dos décadas, aun con el escenario de la transición energética.

Esta es la única forma de mantener la rentabilidad de las empresas y de capturar los beneficios ordinarios y extraordinarios del crudo. Aquí el costo de descubrir es competitivo, y con el avance de la industria petrolera en los últimos ochenta años, la probabilidad de éxito ha sido creciente.

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Nuestra nación hace 63 pozos exploratorios por cada 10 mil kilómetros cuadrados ‒tasa inferior al promedio mundial‒ lo que mantiene un área importante de cuencas sedimentarias por explorar.

La tasa de éxito exploratorio es de alrededor del 44%, cercana al promedio mundial (47%). Sin embargo, la actividad sísmica exploratoria después de 2016, cuando se llegó a 39.770 km², prácticamente se abandonó. Entre 2017 y 2023 se contrataron promedio anual 1.740 km².

En pozos exploratorios se está en una tercera parte de lo que se hacía una década atrás, a pesar de que hay buenos precios internacionales. La independencia energética, la macroeconomía, Ecopetrol ‒ya afectada por la elevación de la tributación efectiva del 33% al 47%, el recorte del gasto exploratorio y los conflictos de interés en la junta directiva‒, las finanzas públicas, el crecimiento empresarial y el bienestar de los hogares están en riesgo por una lógica que habla de extractivismo, como si el capitalismo careciera de dialéctica o fuera igual al feudalismo, para eludir poner el ojo y la acción en el saqueo del ahorro nacional y la predominancia del dólar imperial.

Proteger una ventaja absoluta

Los países que venden petróleo y derivados, y que los seguirán vendiendo, celebran la decisión de dejar en el subsuelo el petróleo de las y los colombianos. Se les ampliaría un mercado que demanda 126 millones de barriles anuales de combustibles líquidos (5.282 millones de galones), de los cuales, en gasolina se importa el 40% del consumo interno.

En diésel hay autosuficiencia por la segunda expansión de la capacidad de Reficar hasta 210.000 barriles diarios, igualando a la Refinería de Barrancabermeja, cuya ampliación fue anunciada en 2011 más no ejecutada por Santos, Duque ni Petro.

La pérdida de la autosuficiencia nos pondría a importar crudo para refinarlo en gasolina, diésel y jet fuel, entre otros derivados, lo que se sumaría a las compras foráneas de gasolina, que se volvieron permanentes. Se perdería la ventaja absoluta de ser al tiempo país productor y refinador de crudo y se afectaría la seguridad nacional.

Bajo este contexto debe analizarse la decisión de aumentar el precio de los combustibles al consumidor final, tanto en diésel como en gasolina. Se están trasladando rentas de los consumidores y de la base económica al fisco nacional. Esto, junto con los recaudos de las reformas tributarias de 2021 y 2022, permite “sobrecumplir” la regla fiscal, en consonancia con los mandatos del FMI, con los cuales está alineado el gobierno Petro.

Precio Colombia para el ACPM

El diésel representa el 22,4% del consumo final de energía (UPME, 2022). Es el principal energético del país y es el que mueve al capital y al trabajo para el funcionamiento del agro, la industria, la construcción, el turismo y el comercio. Según el Gobierno, el precio del galón al consumidor final (transportadores y sectores productivos) debería ajustarse hasta alrededor de $16.000.

El precio de un galón de ACPM se compone de ingreso al productor (63%), costos logísticos (22%) e impuestos (15%). La parte que pretende elevarse es el ingreso al productor, de $5.872 a $9.530 (PPE de enero de 2024).

Con esto, además de aumentar las rentas públicas asociadas al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, se recaudarían $440.000 millones más por IVA. Sin embargo, a Ecopetrol (2023) le cuesta producir un galón de diésel entre $4.000-$5.000. Valga decir que la petrolera empieza a obtener utilidades operativas (breakeven de utilidad) a partir de un ingreso al productor de $3.083.

Las eficiencias operativas de la principal compañía del país, incluyendo las obtenidas por mejoras en la refinación, que en el caso de Reficar están llevando el costo de 9 a 4 dólares por barril, podrían trasladarse a la base económica y social.

Este sería un alivio posible de entregar si se decidiera avanzar hacia una política de precios de los combustibles autónoma ‒un precio Colombia para el ACPM‒ que aproveche la ventaja absoluta de ser autosuficientes en crudo y diésel.

¿La economía va bien?