Acuerdo de Escazú: Un hito para la justicia ambiental en medio de tensiones
El 28 de agosto de 2024, la Corte Constitucional de Colombia aprobó por unanimidad la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, una decisión que ha sido recibida con una mezcla de optimismo, críticas y preocupación por su implementación.
Este acuerdo internacional, adoptado en Escazú, Costa Rica, en 2018, tiene como objetivo garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
En Colombia, su aprobación a través de la Ley 2273 de 2022 y su ratificación por parte de la Corte Constitucional marcan un avance significativo hacia la protección de los derechos ambientales y de los defensores de la naturaleza.
La ponencia que llevó a la aprobación de la Corte fue liderada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Ibáñez, quien destacó que el proceso legislativo que culminó en la ratificación del acuerdo cumplió con todos los requisitos constitucionales.
La Corte también afirmó que para el trámite legislativo que surtió la ley aprobatoria del Acuerdo no era necesario realizar una consulta previa con las comunidades étnicas, ya que el tratado no afecta directamente sus derechos específicos.
Este detalle es crucial, pues muestra cómo la Corte considera que el Acuerdo de Escazú tiene un enfoque más amplio, dirigido a beneficiar a toda la ciudadanía colombiana en su conjunto, al establecer un marco seguro para la defensa del medio ambiente.
La aprobación del acuerdo ha sido celebrada por figuras políticas y organizaciones ambientales. El presidente Gustavo Petro destacó la importancia del tratado al afirmar que coloca a Colombia en el camino para convertirse en una «Potencia Mundial de la Vida».
Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que el acuerdo fortalecerá la participación ciudadana y la gobernanza ambiental en el país, y anunció la creación de una Comisión Interinstitucional y el lanzamiento del programa de control social «Alerta por mi ambiente» diseñado para promover la participación ciudadana en las decisiones ambientales.
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El Acuerdo de Escazú despierta tensiones en la implementación: Voces del sector minero
Sin embargo, la implementación del Acuerdo de Escazú ha generado debate y ha revelado tensiones entre diferentes sectores del país. Una de las críticas más importantes ha sido Ivonne González, presidenta de Asomineros, quien expresó su descontento durante el Congreso Nacional de Minería 2024 en Cartagena.
González acusó a la ministra Muhamad de no cumplir con las expectativas de los mineros y las comunidades ancestrales. Según González, aunque Muhamad ha sido una defensora activa del Acuerdo de Escazú, su gestión ha sido selectiva y excluyente, privilegiando a ciertos grupos activistas en detrimento de las comunidades mineras que han operado en la región por generaciones.
González argumentó que estas comunidades, que han trabajado en cumplimiento de la ley y en cooperación con las instituciones, ahora sienten que sus derechos no están siendo respetados bajo la nueva implementación del acuerdo.
Incoherencias del gobierno en la aplicación del Acuerdo de Escazú: El caso de la isla Gorgona
Este sentimiento de exclusión y desigualdad también ha sido compartido por otros sectores que ven con escepticismo la implementación del tratado. Andrés Pachón, coordinador del movimiento ambiental Magma, criticó duramente la coherencia del gobierno de Gustavo Petro en la aplicación del Acuerdo de Escazú.
Pachón señaló que, aunque el gobierno ha celebrado la aprobación del acuerdo, en la práctica ha ignorado algunos de sus principios fundamentales, como el derecho a la consulta previa. Un ejemplo de esta contradicción es la controvertida decisión del gobierno de permitir la construcción de una base militar en la isla Gorgona, un parque natural protegido, desconociendo la opinión de las comunidades étnicas afectadas.
Pachón subraya que el proyecto en Gorgona, financiado por el gobierno de Estados Unidos, fue inicialmente impulsado por administraciones anteriores, pero que la actual gestión de Petro ha continuado sin respetar completamente los derechos establecidos en el Acuerdo de Escazú.
La controversia sobre la isla Gorgona pone de manifiesto una preocupación mayor sobre la coherencia del gobierno en su compromiso con los principios del Acuerdo de Escazú. Aunque el tratado ha sido aplaudido como un avance en la protección de los derechos ambientales y humanos, su implementación hasta ahora ha sido vista como desigual y, en algunos casos, contradictoria.
Pachón y otros críticos sostienen que, si bien el gobierno promueve el acuerdo en su discurso, en la práctica sigue manteniendo dinámicas que lo contradicen, lo que pone en riesgo la efectividad del Tratado y la confianza en su aplicación.
El reto de hacer realidad el Acuerdo de Escazú
En contraste, organizaciones como la Alianza por el Acuerdo de Escazú han recibido con entusiasmo la decisión de la Corte Constitucional, subrayando que el acuerdo representa una herramienta crucial para mejorar la justicia ambiental en un país que, según el informe de Global Witness de 2023, tiene la tasa más alta de asesinatos de defensores ambientales en el mundo.
La Alianza ha hecho un llamado a la sociedad para que se involucre en la vigilancia de la implementación del acuerdo, destacando que solo con una aplicación rigurosa y equitativa de sus principios se podrá avanzar en la protección efectiva de los derechos ambientales y de los defensores de la naturaleza en Colombia.
La aprobación del Acuerdo de Escazú en Colombia es indudablemente un hito en la historia del país, pero también pone de relieve los desafíos y las tensiones inherentes a su implementación.
Las críticas a la falta de coherencia del gobierno reflejan una preocupación genuina sobre cómo se aplicará este tratado en la práctica y sobre si realmente cumplirá su promesa de proteger los derechos de todas las partes involucradas.
A medida que el país avance hacia la implementación del acuerdo, será crucial que el gobierno escuche y equilibre las diversas voces y necesidades para garantizar que el Acuerdo de Escazú no solo sea un marco legal, sino una realidad efectiva en la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos en Colombia.
