Nueva Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia: Un paso crucial hacia la justicia en el campo

Esta iniciativa de Jurisdicción Agraria y Rural, que representa una respuesta a las históricas demandas de las comunidades campesinas, fue presentada por los ministros de Agricultura, Martha Carvajalino; de Justicia, Ángela María Buitrago; y del Interior, Juan Fernando Cristo. 

De acuerdo con el Gobierno, este proyecto busca no solo saldar una deuda pendiente con la ruralidad colombiana, sino también ratificar el compromiso de cumplir con los mandatos del Acuerdo Final de Paz.

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¿De qué se trata la nueva Jurisdicción Agraria y Rural?

La Jurisdicción Agraria y Rural, creada a través del Acto Legislativo No. 03 de 2023, es un nuevo poder otorgado a jueces y magistrados especializados para resolver de manera exclusiva los conflictos agrarios y rurales en Colombia. 

El desarrollo de la Jurisdicción Agraria se suma a otras jurisdicciones existentes en la Rama Judicial, como la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz. El objetivo es garantizar que los conflictos en el campo se resuelvan de forma pacífica y rápida, promoviendo así el desarrollo rural y asegurando la armonía en las relaciones sociales y económicas del campo.

El proyecto de ley que entra a debate en el Congreso establece las bases para la implementación de esta nueva jurisdicción, incluyendo la creación y composición de los juzgados y tribunales agrarios y rurales, los principios que guiarán la actuación de las autoridades judiciales, y las competencias específicas que estos órganos tendrán.

La necesidad de una jurisdicción especializada

La creación de la Jurisdicción Agraria y Rural responde a la necesidad de una justicia especializada que entienda y aborde las particularidades de los conflictos en las zonas rurales del país. Estos conflictos pueden involucrar desde la tenencia y uso de la tierra hasta las relaciones de producción agropecuaria y los derechos de las comunidades campesinas y étnicas. Además, en muchos casos, los conflictos agrarios se han prolongado debido a la falta de un sistema judicial que pueda abordar estas disputas de manera eficiente y con un enfoque territorial.

En Colombia, la concentración de la propiedad de la tierra es alarmante. Un pequeño grupo de propietarios controla, de manera legal o ilegal, la mayoría de las tierras agrícolas, lo que restringe el acceso de los pequeños agricultores a terrenos adecuados y perpetúa la desigualdad en el acceso a recursos productivos. 

Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), el 42,5% del territorio colombiano está en manos de propietarios privados, incluidos grandes empresarios agroindustriales, latifundistas, y familias campesinas con títulos de propiedad. Además, el 25,3% del territorio está titulado a resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes, mientras que el 10% está protegido como áreas naturales, donde la intervención humana debería estar restringida.

Por otro lado, el Censo Nacional Agropecuario de 2014 reveló que el 70,4% de los agricultores posee menos de cinco hectáreas de tierra, representando solo el 2% del área rural dispersa. En contraste, el 0,2% de los propietarios controla más de 1.000 hectáreas, abarcando el 73,8% del área rural. Para el economista Miguel Angel Rodríguez, esta disparidad en la distribución de la tierra subraya la necesidad urgente de una reforma agraria efectiva que aborde estas desigualdades históricas.

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, enfatizó durante su intervención en Noticias Caracol la importancia de la Jurisdicción agraria para resolver los conflictos del campo. Según Carvajalino, “los conflictos agrarios se presentan, por ejemplo, en un lindero entre vecinos, en conflictos posesorios, en las relaciones de tenencia, y en los procesos de adjudicación de baldíos que aún están pendientes de resolución en la Agencia Nacional de Tierras”.

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Principios orientadores de la nueva Jurisdicción Agraria y Rural

El proyecto de ley de la nueva Jurisdicción Agraria y Rural no solo se enfoca en la creación de una estructura judicial, sino que también propone un conjunto de principios que guiarán las decisiones de los jueces y magistrados en esta jurisdicción. 

Entre estos principios destacan la justicia social agraria, la protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria, el bienestar y el buen vivir, la función social y ecológica de la propiedad, y la especial protección de la producción agrícola familiar.

Estos principios tienen un carácter profundamente social y buscan garantizar que las decisiones judiciales no solo resuelvan los conflictos inmediatos, sino que también contribuyan al desarrollo sostenible y equitativo del campo colombiano.

Controversia sobre el proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria

A pesar del avance que representaría esta nueva jurisdicción agraria, el proyecto de ley no ha estado exento de controversias. La representante Katherine Miranda, del partido Verde, ha alertado sobre una posible “expropiación exprés” incluida en el proyecto. 

Según Miranda, el numeral cuarto del artículo quinto indica que “las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social”, lo que, en su opinión, podría abrir la puerta a expropiaciones en terrenos fértiles que se alineen con los objetivos de la reforma agraria.

Miranda también expresó su preocupación por el papel asignado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la resolución de procedimientos especiales. Según la congresista, actualmente estas tareas están bajo la competencia de jueces, y trasladarlas a la ANT podría retrasar aún más los procesos judiciales, que ya suelen durar años en Colombia. “En el proyecto, el juez entra en un proceso posterior, cuando sabemos que los procesos judiciales en Colombia duran años ¡Inaudito!”, afirmó Miranda.

A pesar de las críticas, la ministra Carvajalino defendió el proyecto, subrayando que la nueva Jurisdicción Agraria y Rural es fundamental para eliminar las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las comunidades campesinas y étnicas. La ley garantizará, entre otras cosas, la defensa técnica gratuita para aquellos que no cuenten con los recursos necesarios, un proceso ágil y proactivo para la recolección de pruebas, y la libertad probatoria, permitiendo que diferentes medios de prueba sean utilizados para demostrar derechos en las relaciones agrarias.

Sin embargo, para el economista Rodríguez, teniendo en cuenta las dificultades presupuestales del gobierno “falta ver si se dota a esta jurisdicción de medios adecuados y se la blinda contra la corrupción. Pues si no es así, será tan lenta e ineficiente como las otras ramas de la justicia”.