Sin alimentación escolar en Colombia, casi un millón de estudiantes iniciaría clases sin PAE
Alerta nacional por fallas en el Programa de Alimentación Escolar en Colombia que pone en riesgo la asistencia y permanencia educativa.
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia emitió el 17 de enero de 2026 una alerta nacional ante el riesgo de que casi un millón de estudiantes inicien el año escolar sin acceso a la alimentación escolar en Colombia, un componente clave del derecho a la educación y la seguridad alimentaria.
La emergencia no se explica por falta de recursos a nivel nacional, sino por retrasos en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE Colombia) en varias regiones del país.
La falla en la implementación del PAE está asociada principalmente a procesos administrativos pendientes en Entidades Territoriales Certificadas (ETC), como la contratación de proveedores, y a decisiones presupuestales locales que redujeron la asignación de recursos.
Lea más: ¡Confirmado! Sí habrá Concurso Docente 2026 y estos son los cambios que debe conocer
Esta situación amenaza con profundizar la inequidad educativa y agravar la deserción escolar, sobre todo en territorios con alta pobreza y entre pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.
La crisis del PAE plantea interrogantes sobre el impacto real de la descentralización de políticas públicas en educación y derechos socioeconómicos, y sobre si los actuales mecanismos de gestión garantizan efectivamente la alimentación escolar en Colombia como derecho universal.
¿Qué está fallando en la alimentación escolar en Colombia?
Retrasos en las ETC y ejecución del PAE
El Ministerio de Educación identificó que al menos 17 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) no completaron a tiempo procesos esenciales relacionados con la alimentación escolar, como la selección y contratación de proveedores. Esto significa que, pese a que las transferencias nacionales para la alimentación escolar de Colombia están disponibles, no se ha podido garantizar la entrega de alimentos a las instituciones públicas.
Estos retrasos administrativos han dejado a más de 860.000 niñas, niños y jóvenes potencialmente sin acceso a los beneficios del PAE Colombia al inicio de clases. La cifra se acerca peligrosamente al umbral de un millón de estudiantes afectados si no se corrigen pronto las fallas en la ejecución territorial.
Recortes presupuestales y desfinanciación local
Además de los retrasos administrativos, el Ministerio reportó un descenso en los recursos asignados al PAE por parte de varias regiones. En comparación con 2024, al menos 30 entidades territoriales redujeron el presupuesto destinado al programa y otras 32 no hicieron el aumento exigido por la Ley 2167 de 2023.
El efecto conjunto de esas decisiones dejó un faltante cercano a los $342.000 millones que, en la práctica, no se invirtieron en garantizar la alimentación escolar en Colombia al inicio del calendario académico, pese a que se trata de un componente que impacta directamente la permanencia educativa y el derecho a la alimentación de niñas, niños y jóvenes.
Consecuencias educativas y sociales
Mayor riesgo de deserción e inasistencia escolar
La alimentación escolar en Colombia no es un complemento menor dentro del sistema educativo: investigaciones y autoridades educativas coinciden en que es un factor determinante para que las familias mantengan a sus hijos e hijas en la escuela. En regiones de alta pobreza, donde la inseguridad alimentaria es prevalente, el acceso a una comida diaria puede ser la diferencia entre asistir o abandonar las actividades escolares.
Sin alimentos garantizados, estudiantes y familias pueden enfrentar decisiones difíciles: priorizar trabajo informal para ingresos inmediatos o enfrentar largos periodos sin comida en casa mientras los niños asisten a la escuela. Este efecto tiene una directa relación con la deserción escolar y la reproducción de inequidad educativa en comunidades vulnerables.
Impacto desigual entre territorios
Los efectos de la crisis del PAE no son homogéneos. En algunos departamentos, como el Valle del Cauca, se logró garantizar la alimentación escolar en Colombia para más de 100.000 estudiantes, evidenciando que la falla no es del programa en sí, sino de su ejecución en ciertos territorios.
Por el contrario, medios regionales han reportado que en Antioquia, al menos nueve municipios iniciaron el año escolar sin alimentación escolar debido a demoras en la firma de contratos con proveedores. Esta fragmentación territorial en el acceso al PAE exacerba las diferencias entre regiones ya marcadas por desigualdades económicas, sociales y de acceso a servicios públicos.
Pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas: el impacto desproporcionado
Los datos oficiales del Ministerio de Educación indican que cerca de 199.880 estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras corren el riesgo de quedar sin alimentación escolar. Esto plantea un problema de equidad estructural, dado que estos grupos enfrentan históricamente mayores barreras a la educación y acceso a servicios básicos.
Lea más: Deuda externa 2026: por qué Colombia se está endeudando como nunca
La carencia de una comida diaria en el contexto escolar tiene implicaciones que van más allá de la nutrición: se traduce en mayores tasas de abandono, menor rendimiento académico y reproducciones de ciclos de pobreza intergeneracional. La alimentación escolar es un derecho que debe ser garantizado con especial atención a quienes han estado en desventaja por políticas públicas insuficientes o inequitativas.
Alimentación escolar como política pública de derechos
Organismos internacionales como la UNESCO han destacado que los programas de alimentación escolar contribuyen significativamente a la salud, la nutrición infantil, la asistencia continua a clases y la cohesión social. No son solo programas asistenciales, sino herramientas estratégicas para alcanzar metas de desarrollo sostenible, equidad y reducción de la pobreza.
El caso actual en Colombia evidencia que tener un marco legal robusto no es suficiente si las capacidades territoriales para implementarlo son débiles o si las decisiones presupuestales locales contradicen compromisos legales nacionales. La crisis por la alimentación escolar en Colombia muestra tensiones profundas entre la descentralización administrativa y la garantía de derechos socioeconómicos básicos.
