Aprobada la reforma al SGP: ¿qué viene para el financiamiento territorial?
La reforma al SGP, que será acompañada por la Ley de Competencias, se queda corta para resolver los problemas estructurales de financiamiento, autonomía fiscal y desarrollo productivo que enfrentan los territorios.
En diciembre se aprobó la Reforma al SGP (Sistema General de Participaciones), cuyo objetivo es redefinir y aumentar la asignación de recursos y competencias entre los niveles territoriales y la Nación, al elevar las transferencias del Gobierno Central del 20% actual al 39,5%.
Luego de que el Ministerio de Hacienda negara el aval fiscal, la reforma al SGP se condicionó a un proyecto de Ley de Competencias, que tendrá como propósito transferir funciones del Gobierno Central a los gobiernos territoriales.
El gobierno tiene dos años para presentar la ley de competencias que complementará la Reforma al SGP. Este plazo está establecido en el acto legislativo que aprobó la reforma, con el objetivo de que dicha ley permita transferir funciones claras a los entes territoriales, asegurando la sostenibilidad fiscal y un marco técnico adecuado para su implementación.
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Tras reforma al SGP, ley de competencias sería el próximo paso
Tras la aprobación de la reforma al SGP, el gobierno se enfrenta a la tarea de presentar una ley de competencias que complemente esta transformación. Este proyecto de ley buscará transferir funciones específicas a los entes territoriales, asegurando que cuenten con los recursos y capacidades necesarias para cumplirlas. Sin embargo, la sostenibilidad fiscal será un desafío central.
El Ministerio de Hacienda ya ha señalado que la ley de competencias deberá diseñarse cuidadosamente para evitar sobrecargar a los municipios y departamentos, muchos de los cuales tienen bajos niveles de autonomía fiscal. Según cálculos de Oscar Alfonso, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, el 91,4% de los municipios colombianos dependen en gran medida de las transferencias del gobierno central y no generan ingresos propios suficientes para sostener sus operaciones.
Este contexto plantea una pregunta crucial: ¿cómo garantizar que los entes territoriales logren un mayor nivel de autonomía fiscal en lugar de perpetuar su dependencia del gobierno central?
El reto de la reforma tributaria territorial y el impuesto predial
La autonomía fiscal de los municipios está íntimamente ligada a su capacidad de recaudar recursos propios, siendo el impuesto predial una herramienta clave. Sin embargo, la reciente propuesta del gobierno de limitar el incremento anual del impuesto predial ha generado preocupación, pues podría debilitar aún más los ingresos locales.
En Colombia, apenas el 12,6% de los municipios tiene su catastro actualizado, lo que limita significativamente su capacidad de recaudar impuestos de manera justa y eficiente. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la desactualización catastral cuesta al país cerca de $3 billones anuales. Si se lograra una actualización adecuada, el recaudo del impuesto predial podría aumentar del 0,78% del PIB actual a, al menos, un punto porcentual del PIB.
Además, las limitaciones propuestas en el aumento del predial, como el tope del 50% para propiedades con avalúos inferiores a 135 SMMLV, generan incentivos para mantener tierras improductivas y catastros desactualizados. Esto no solo afecta la capacidad fiscal de los municipios, sino que también contradice los objetivos de la autonomía regional y el desarrollo productivo.
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Una reforma agraria limitada y su impacto en el desarrollo productivo
La reforma agraria ha sido una promesa central del gobierno, pero los avances hasta ahora han sido modestos. Después de dos años, se han comprado solo 112.000 hectáreas, menos del 10% de la meta de 1,5 millones de hectáreas prometidas.
De acuerdo con el profesor Alfonso, si se estableciera que las propiedades de más de 15 Unidades Agrícolas Familiares (UAF) paguen el 85% de la tarifa máxima, y aquellas de más de 50 UAF paguen el 100%, los grandes propietarios tendrían incentivos para poner en producción sus tierras, arrendarlas o venderlas. Este tipo de medidas, además de estimular el desarrollo productivo, contribuirían a incrementar los ingresos fiscales de los municipios.
