Cerrar la brecha de género: la deuda pendiente de América Latina en el financiamiento del desarrollo
En 2021, el servicio total de la deuda externa en América Latina representó el 7,3% del PIB, una carga financiera que equivale al 31,4% de los ingresos y al 26,5% del gasto total de los Estados. Estas cifras superan ampliamente el 64% del gasto social destinado a salud, educación y protección social, revelando la magnitud del desvío de recursos públicos hacia el pago de obligaciones financieras.
Así lo advierte el informe “Financiamiento para el desarrollo: retos para las mujeres latinoamericanas”, publicado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), que denuncia cómo este modelo económico continúa restringiendo derechos, profundizando desigualdades y dejando a las mujeres —sobre todo las más pobres— al margen del desarrollo y ampliando la brecha de género.
Este camino revive el fantasma de la “década perdida” de 1980 y amenaza con frenar, e incluso revertir, los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Según la CEPAL, solo el 22% de las metas previstas para 2030 se alcanzarán, el 46% avanzan lentamente y un 32% no se cumplirán.
Un sistema tributario que perpetúa la desigualdad
Uno de los puntos centrales que destaca el informe es la estructura fiscal de la región, profundamente regresiva. América Latina y el Caribe muestran una presión fiscal promedio del 21.7% del PIB, muy inferior al promedio de la OCDE (34.1%). Además, el grueso de la recaudación proviene de impuestos indirectos sobre el consumo (10.8%), mientras que los impuestos sobre la renta y beneficios representan solo el 5.7% y las cotizaciones sociales un escaso 3.7%.
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Esto implica que quienes menos ganan, y en particular las mujeres que predominan en los hogares pobres y en el empleo informal (con una informalidad que ronda el 50%), terminan pagando proporcionalmente más impuestos. A la vez, reciben menos servicios públicos y deben asumir de forma invisible y gratuita las tareas de cuidado.
Los sistemas tributarios, al centrarse en impuestos indirectos y ofrecer exenciones y privilegios fiscales al capital, refuerzan la concentración de riqueza y agravan las brechas de género. Según el informe, las deducciones y exenciones a las ganancias de capital y a grandes empresas suelen beneficiar a hombres con mayores ingresos, mientras que las mujeres, mayoritariamente en micro y pequeñas empresas, quedan fuera de estas ventajas.
Sesgos de género presentes explícitos e implícitos
El informe detalla cómo el sistema fiscal latinoamericano presenta sesgos de género explícitos y, sobre todo, implícitos.
Los explícitos incluyen normativas que otorgan beneficios a los hombres en la tributación conjunta o en deducciones específicas. Los implícitos, más difíciles de detectar, derivan de convenciones sociales y estructuras económicas: por ejemplo, las deducciones fiscales en ganancias de capital benefician más a los hombres, mientras que las mujeres, con menos activos y menor propiedad, quedan excluidas.
Las diferencias de género en el empleo remunerado, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, el consumo y la propiedad de activos son claves para comprender por qué la carga fiscal impacta más en las mujeres. Ellas dedican más horas al cuidado y al trabajo doméstico no remunerado, una contribución fundamental a la economía valorada en cerca del 15% del PIB regional, pero invisibilizada y no compensada en el sistema fiscal.
Evasión, elusión y flujos financieros ilícitos el costo oculto
A estos problemas se suman la evasión y elusión fiscales, y los flujos financieros ilícitos (FFI). Según Latindadd, América Latina pierde aproximadamente 43 mil millones de dólares al año por abusos fiscales transfronterizos, equivalente al 20.4% de los presupuestos nacionales de salud pública.
Los FFI, que incluyen corrupción, crimen organizado, fraude fiscal y contrabando, representan alrededor del 6.2% del PIB regional. Esta sangría financiera limita el espacio fiscal para políticas públicas, promoviendo más impuestos regresivos y menos inversión social.
Además, los FFI facilitan la corrupción y minan la confianza ciudadana. El informe enfatiza que la evasión y elusión no son simples “fallas” del sistema, sino síntomas de una arquitectura fiscal internacional diseñada para beneficiar a las élites.
Financiamiento privado, una falsa promesa
Desde la Agenda de Acción de Addis Abeba en 2015, se ha promovido el financiamiento privado como solución a la escasez de recursos públicos. Sin embargo, Latindadd advierte que la Inversión Extranjera Directa (IED) y las Asociaciones Público-Privadas (APP) han tenido resultados decepcionantes.
Entre 2003 y 2013, la mayor parte de la IED en América Latina se dirigió a sectores extractivos y manufactureros intensivos en recursos, generando solo un empleo por cada millón de dólares invertidos en actividades extractivas, y dos en manufacturas. A menudo, estos empleos son precarios y feminizados, dependientes de la flexibilidad laboral y de la doble jornada femenina (productiva y reproductiva).
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Las APP, por su parte, no siempre han demostrado ser más eficientes ni sostenibles que la inversión pública directa. Un caso emblemático en Perú, el hospital Alberto Leonardo Barton, mostró que la APP terminó costando más al Estado, redujo la calidad de servicios y vulneró derechos laborales, afectando directamente la atención a mujeres.
Inclusión financiera y sobreendeudamiento: la trampa del crédito
Otra tendencia preocupante es el auge de la “inclusión financiera” enfocada en el crédito. Aunque se promueve como vía de empoderamiento, en realidad ha profundizado el endeudamiento femenino. Muchas mujeres recurren al crédito para financiar servicios de cuidado, salud o emprendimientos, generando dependencia y precariedad.
En América Latina, un 26% de las mujeres recurrió a préstamos familiares en 2021, y un 19% se endeudó por gastos de salud. Este patrón refleja la mercantilización del bienestar: el Estado se retira, y las mujeres llenan el vacío con deuda, soportando riesgos que antes deberían cubrirse con políticas públicas universales.
Un sistema que ignora el trabajo del cuidado
La arquitectura fiscal y de financiamiento actual no reconoce ni valora el trabajo de cuidados, que sostiene la reproducción social. Las reglas fiscales —presentes en la mayoría de los países desde hace 20 años— priorizan límites al gasto corriente y favorecen la inversión en infraestructura física.
Esto refleja una lógica patriarcal y economicista que considera “productivo” sólo aquello que genera renta inmediata, ignorando el valor social y económico del cuidado.
La brecha de género no cierra. Las mujeres asumen el 75% del trabajo no remunerado en la región, una carga que limita su participación económica y política, y profundiza su dependencia financiera y social.
Reformas urgentes un nuevo pacto fiscal y financiero
El informe propone una hoja de ruta clara: transformar el sistema tributario hacia un modelo progresivo y justo, que elimine privilegios fiscales regresivos, grave el capital de forma equitativa y reconozca el trabajo de cuidados como pilar económico. Además, urge frenar los flujos financieros ilícitos y avanzar hacia una gobernanza global democrática, bajo un organismo fiscal intergubernamental en la ONU.
La creación de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe (PTLAC), impulsada por Colombia, Brasil y Chile, y los avances recientes en la ONU hacia una convención marco sobre cooperación fiscal son pasos importantes, pero requieren voluntad política real y compromiso con la justicia social si se quiere cerrar la brecha de género.
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