Colombia no perderá sus límites marítimos en San Andrés y otras islas por fallo de La Haya
El 13 de julio de 2023, el tribunal de La Haya sorprendió al emitir su fallo a favor de Colombia. Tras décadas de disputa por límites marítimos que afectarían la zona del archipiélago de San Andrés y otros cayos y atolones, se declara que Colombia no perderá soberanía sobre la plataforma continental.
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Carlos Arévalo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana afirma que el fallo salvó a Colombia de un panorama realmente complejo.
¿Qué dice el fallo de La Haya sobre los límites marítimos de Colombia y Nicaragua?
En la mañana del 13 de julio, se inició la lectura del veredicto con una contextualización del litigio desde el origen de la disputa hasta la actualidad. Se expusieron los argumentos de las partes, se aclararon los aspectos a tener en cuenta ante la disputa por límites marítimos, y se nombraron casos similares que podrían tomarse por referencia.
La Corte destacó que se trataba de un caso de características que no se habían presentado previamente, y procedió a emitir el fallo que pone fin a una disputa originada en el 2001.
Tras declarar que los argumentos expuestos por la parte demandante carecían de fundamento, la Corte internacional de La Haya emitió un fallo a favor de Colombia y reafirmó sus derechos sobre la plataforma continental en disputa.
La jueza y presidenta del Tribunal, Joan Donoghue, manifestó que “La Corte, por 13 votos a 4, rechaza la petición de la República de Nicaragua”, en un momento histórico que superó las expectativas de los colombianos.
¿Qué quería Nicaragua?
Arévalo afirma que las pretensiones del país centroamericano parten de la premisa de que Nicaragua tenía derecho a una plataforma continental extendida. Hasta la fecha, los motivos reales detrás de la disputa se habían mantenido confidenciales.
La primera pretensión tiene que ver con la delimitación de la zona, con la que el gobierno nicaragüense buscaba límites marítimos extendidos. En otras palabras, Nicaragua se proponía trazar una línea equidistante entre su plataforma continental extendida y las 200 millas contadas desde la costa colombiana.
Para la Corte internacional, esta petición carecía de sustento legal, pues no se expuso ningún fundamento que dictamine que Nicaragua, o cualquier otro estado, pueda exigir que se le conceda una plataforma continental extendida que afecte el derecho de otros países sobre las 200 millas comprendidas en sus límites marítimos.
La segunda pretensión está relacionada con el archipiélago de San Andrés. Nicaragua afirmaba que tendría derechos marítimos sobre la zona, lo que habría dejado a Colombia con derechos sobre la zona comercial y a Nicaragua con derecho al uso del suelo y el subsuelo marítimo. Esta pretensión también fue denegada.
En el caso de la tercera pretensión, la Corte afirmó que las decisión tomada en el fallo del 2012 era reiterada y aclaró que no era necesario profundizar en el tema. Este fallo habría reafirmado y aclarado los límites marítimos de ambos países, entendiendo que alcanzan las 200 millas a partir de la zona costera.
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¿Qué significa el fallo para Colombia?
El histórico fallo reafirma los derechos de Colombia sobre la plataforma continental, así como la línea que traza los límites marítimos. Es decir, Colombia tiene derecho no solo a la explotación y administración de los recursos disponibles en las 200 millas que le corresponden, sino que se confirma su soberanía sobre el suelo y subsuelo del área.
Esto significa, según Arévalo, que el país conserva todos los derechos sobre la plataforma continental.
Aunque la demanda emitida por el país centroamericano no ponía en riesgo la zona que comprende la explotación y administración de recursos naturales, ni tampoco el área para la investigación científica, de haberse concedido la demanda a Nicaragua, expertos afirman que Colombia habría tenido que enfrentarse a desafíos gigantescos.
En caso de que el fallo hubiera sido contrario, Nicaragua tendría derecho sobre el suelo y el subsuelo al que podría acceder únicamente a través del mar colombiano, lo que los expertos califican como un escenario propenso a tensiones políticas.
Antecedentes históricos
La disputa protagonizada por el país centroamericano y Colombia se remonta al 2001, año en el que la República de Nicaragua interpuso una demanda ante el tribunal internacional con motivo de la reclamación de un área marítima de más de 50.000 kilómetros cuadrados.
Dichos límites marítimos comprendían la isla de San Andrés y varios islotes y atolones cercanos como Santander, Rocoso y Acuario.
En respuesta a esta primera demanda, Colombia presentó excepciones preliminares a la espera de un fallo a favor.
A finales del 2007, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque el gobierno nicaragüense decidió seguir en disputa.
El pleito por límites marítimos tomó otro rumbo cuando el 19 de noviembre del 2012 se llevó a cabo la lectura de un fallo en el que el tribunal internacional se inclinó a favor de Nicaragua. En el fallo se ordenaba a Colombia ceder alrededor de 75 mil kilómetros cuadrados de soberanía en el mar Caribe a la República de Nicaragua.
Tras el fallo del 2012, el entonces presidente Juan Manuel Santos respondió que Colombia acataría la decisión sin implementarla realmente, apoyado en la normativa constitucional que regula el establecimiento de fronteras marítimas y terrestres (según el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia de 1991).
Cabe destacar que el fallo emitido por La Haya este 13 de julio es de naturaleza concluyente, por lo que el país centroamericano no podrá presentar ninguna apelación. Por lo tanto, se trata del fin de la disputa por límites marítimos entre los dos países.
Arévalo, afirma que el fallo “finiquita totalmente esa posibilidad de que Nicaragua pueda tener derechos en el suelo y en el subsuelo marino más allá de lo reconocido en el fallo del 2012, así que es un fallo muy importante para nuestro país que demuestra la eficacia de tener una política de Estado en materia internacional”.
