Cómo cambió la UAF, la unidad con la que se adjudicaría la tierra

A propósito del Acuerdo para la compra directa de 3 millones de hectáreas de tierras, firmado por el gobierno nacional y Fedegán, le contamos los cambios más recientes en la metodología que calcula las unidades de tierra a adjudicar entre la población campesina, indígena y pueblos afros rurales.

El Acuerdo, firmado el pasado 6 de octubre, estipula una serie de requisitos que deben cumplir los predios para ser adquiridos. Así, las tierras deben ser acreditadas como propiedad privada; no deben tener en curso ningún proceso agrario ni tener medidas de protección (ley 387 de 1197); no deben estar cuestionadas por la institucionalidad de restitución; los predios deben estar saneados en términos fiscales y deben estar en posesión de sus propietarios. 

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Además de lo anterior, el Acuerdo busca que las 3 millones de hectáreas entren a alimentar el Fondo Nacional de Tierras, creado en la Reforma Rural Integral “para avanzar en la asignación de derechos en el marco del cumplimiento del Acuerdo Final y del compromiso del Gobierno Nacional con la democratización de la tierra y el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas”, de acuerdo con el portal Ámbito Jurídico.

Según explica la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), las fuentes que alimentan el Fondo son “tierras baldías, tierras que tuvieron proceso de extinción de dominio, tierras que se puedan comprar a privados con el subsidio integral y recursos monetarios”.

En este contexto, y tras la firma del Acuerdo con Fedegán, las tierras obtenidas serán adjudicadas a la población rural que las ha venido reclamando. 

En un diálogo entre Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y el diario El Colombiano, Vega señaló que “en la agencia hay 142.000 solicitudes represadas de gente que ha dicho que no tiene tierra o que la que tiene no le alcanza. De ellas, ya se han estudiado 72.000 solicitudes y hay otras 70.000 que están pendientes de revisión”.

De acuerdo con el diario antioqueño, para calcular cuántas hectáreas serían entregadas a cada familia el gobierno nacional apelará a la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

¿Qué son las Unidades Agrícolas Familiares?

Según un documento técnico de la UPRA, la Unidad Agrícola Familiar (UAF) se refiere a una empresa familiar básica para la producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal. La extensión de la UAF debe permitirles a sus ocupantes recibir una remuneración por su trabajo y disponer de un excedente capitalizable para la formación de su patrimonio. A su vez, el predio no debe ser “tan amplio como para obligar a la familia a contratar mano de obra adicional para aprovechar el área otorgada”.

La metodología tradicional para calcular las UAF se implementaba a nivel departamental y, para la UPRA, esta no reflejaba “las condiciones actuales de productividad y desarrollo del país”. Por su parte, la ANT ha señalado que esta no respondía “a las necesidades de gestión del ordenamiento social de la propiedad que adelanta la ANT a nivel municipal”. 

Cambió la metodología para calcular las UAF

El 2 de junio de 2021, el gobierno nacional expidió el Acuerdo 167 de 2021, que estableció una nueva metodología para calcular las Unidades Agrícolas Familiares por Unidades Físicas Homogéneas (UFH). El objetivo de esto fue “inferir las condiciones productivas y económicas de un conjunto reducido de predios de un municipio, a fin de contar con un instrumento actualizado para desarrollar los procesos de acceso a tierras”, señala la UPRA.

De acuerdo con Felipe Fonseca, director general de la UPRA, la actualización en la metodología para calcular las UAF es importante para los programas de reforma agraria. “La propuesta metodológica de cálculo por unidades físicas homogéneas […] aporta a la mejora continua de los programas de acceso a tierras, de manera que sean ágiles y contribuyan al acceso a la tierra por parte de la población rural, y a menor costo para el Estado”, asegura.

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A diferencia de la estrategia anterior para calcular las UAF, la nueva metodología busca analizar y comprender las condiciones productivas y económicas de un conjunto reducido de predios de un municipio. Como unidad de análisis estadística, las UFH son el resultado de dividir el territorio nacional en unidades submunicipales que sean homogéneas en términos del clima y de las características del suelo. 

De esta forma, la inclusión de la UFH pretende lograr un cálculo más preciso de las UAF a escala municipal, con lo que se lograría que la distribución del suelo sea más equitativa, asegura la ANT.

De acuerdo con la UPRA, el cambio de metodología contribuirá a solucionar los problemas que se venían presentando. En diciembre de 2021, la entidad señaló que “Cerca del 81% de los predios rurales del país se encuentran por debajo de la UAF vigente, que fue calculada hace 24 años y no refleja las condiciones actuales de productividad y desarrollo del país. Esto ha conducido a que la mayor parte de la adjudicación de tierras, cerca del 92%, se haya dado por vía excepción de la UAF”.

Cómo se calcula una Unidad Agrícola Familiar con la nueva metodología 

Estas son las fases mediante las cuales se calcula la UAF, según la UPRA:

• Fase 0. Alistamiento: Reconocimiento del contexto municipal.
• Fase 1. Análisis a partir de Unidades Físicas Homogéneas (UFH) a escala municipal.
• Fase 2. Análisis de mercados agropecuarios.
• Fase 3. Portafolio de sistemas predominantes por UFH.
• Fase 4. Modelación Financiera del área productiva.
• Fase 5. Análisis de factores especiales.
• Fase 6. Aplicación de estándares territoriales para áreas complementarias.
• Fase 7. Verificación de la condición de adjudicabilidad.

Con base en lo anterior, las entidades gubernamentales calculan la UAF para los programas de acceso a tierras mediante “adjudicación de baldíos, bienes fiscales patrimoniales, baldíos reservados destinados a programas de dotación de tierras y Subsidio de Acceso a Tierras (SIAT)”, señala la UPRA.

La concentración de tierras sigue siendo un problema en Colombia

Sobre el tema, lo primero que se debe señalar es que la Constitución Política de 1991 incluyó la función social de la propiedad. Además, el Estado tiene el deber de garantizarle a la población agraria el acceso a la propiedad de la tierra. 

Así lo señala la Constitución en el artículo 64: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educacion [sic], salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.

A pesar de esta realidad, la concentración de la tierra es una realidad en el país. Cálculos de Oxfam revelan que el 1% de las fincas de mayor tamaño tiene en su poder cerca del 81% de la tierra colombiana, mientras que el 19% restante de la tierra se distribuye en el 99% de las fincas.

En 2018, esta ONG internacional señaló: “resulta evidente que en las últimas dos décadas la ampliación en la superficie productiva se ha concentrado en las UPAs [Unidades de Producción Agropecuaria] de mayor tamaño. Las explotaciones de más de 500 hectáreas se han mantenido en torno al 0,4%-0,5% del total. Sin embargo la superficie que ocupan se ha ampliado enormemente, pasando de 5 millones de hectáreas en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014, (el 68%). […] Su tamaño promedio también ha aumentado significativamente, pasando de menos de 1000 hectáreas en 1960 a 5000 hectáreas en 2014”.

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