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viernes, 30 de enero de 2026
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Cómo va la economía de Bogotá

Juan Pablo Fernández, Columnista, Más Colombia

Juan Pablo Fernández

Economista. Analista económico, de políticas públicas y problemáticas sociales. Twitter: @FernandezMJP

Los indicadores económicos nacionales dan cuenta del lamentable aterrizaje en una nueva crisis. Seguramente durante el segundo trimestre de 2023 el PIB tendrá una variación negativa o apenas por encima de cero por ciento, desnudando el espejismo del crecimiento positivo de los primeros tres meses del año impulsado por las actividades financieras de seguros y los juegos de azar. 

La ilusión óptica ocultó durante poco tiempo el hambre y el desempleo crecientes, la alta desconfianza, el desplome del ahorro nacional, la mayor incapacidad de la población para adquirir bienes durables como la vivienda, un ingreso por habitante a la baja, una inflación todavía alta (con fuerzas que contienen su reducción, en especial en la subyacente y la de energéticos). 


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Esta ilusión ocultó también deudas cuyos pagos se comen casi el 40% del ingreso disponible de los hogares y reducen la caja y la capacidad de inversión empresarial, y una tasa de cambio revaluada que ayuda a las importaciones. Esto pasa a nivel nacional y Bogotá, ¿cómo va?

Arrastrada por la tendencia nacional, la capital de Colombia pasa por una fase descendente del ciclo económico del cual aún no hay certeza del momento cuándo tocará el piso. La economía de Bogotá cayó abruptamente en 2020, rebotó en 2021 y entre 2022 y 2023 ha bajado de nuevo. En Bogotá la carestía también ha puesto a la gente a consumir menos. La ciudad pasó de la llamada reactivación a la desaceleración-caída.

En 2021, el 99,3% de la economía de Bogotá crecía, pero para el 2022 la situación cambió: mientras el 33% de la economía se aceleraba, el 67% de la economía se desaceleraba, y al cuarto trimestre del 2022 el 81% del PIB capitalino reducía abruptamente la tasa de crecimiento. 

En el primer trimestre del 2022, el PIB total subió 11% y en el de 2023 la tasa bajó al 3%, cuatro veces menos. Esta situación no mejorará en el corto plazo ante el escenario económico nacional, en el que los comportamientos negativos son la regla, un ancla para la economía de Bogotá.


Sectores como la industria manufacturera, el comercio al por menor y al por mayor, y las actividades profesionales ya perdieron el dinamismo alcanzado un año atrás. En relación con la construcción y la industria, dos actividades que aportan el 12% de la economía y del empleo, los comportamientos negativos prevalecen. 

En la construcción cae la demanda por cemento e insumos importados y el personal ocupado es 40% menor al de 2019. En la industria, la producción y las ventas reales, entre enero y febrero de este año, cayeron -1,6% y -0,7%, respectivamente. Durante todo el 2022, la industria se fue desacelerando y en 2023 ha entrado en el terreno negativo, anticipando una reducción en el empleo industrial.

La carestía, la caída del crecimiento, el menor dinamismo en el empleo y el mayor número de desempleados dejan en evidencia los estragos de la estanflación nacional. La gravedad del desempleo no es mayor porque hay personas que se cansan de buscar trabajo, por la informalidad y por la migración al extranjero buscando mejores oportunidades. 

La capital alcanzó el podio de los departamentos más receptores de remesas enviadas desde el extranjero. Entre septiembre de 2022 y abril de 2023, el número de desempleados de la capital aumentó en 80 mil personas, mientras un año atrás bajaba en número. En marzo el gasto real de los y las bogotanas bajó en -2,82% y, si se comparan los primeros tres meses de este año con los últimos tres meses de 2022, el gasto se redujo en -11,8%. Y para mayo, el gasto de los hogares continuó cayendo, ese mes bajó en -2,56% (Raddar).

El 32% de los habitantes de la capital (DANE) come menos de tres comidas al día (2.528.529), cuando a mitad del año pasado este flagelo lo padecían el 26% de los capitalinos (2.054.425). En seis meses las personas con hambre aumentaron en 474.104 personas. La comida sigue cara, así como los servicios públicos de gas, electricidad y aseo (todos privatizados).

Entre febrero de 2022 y abril de 2023 aumentaron las tarifas por metro cúbico de gas 33,4% y entre enero de 2020 y mayo de 2023 el kilovatio hora de electricidad en 37%, situación que le ha generado pingües ganancias a las multinacionales Vanti y Enel, compañías con rentabilidades patrimoniales promedio entre 2015 y 2021 de 70,34% y 38,12% y utilidades acumuladas de 2,7 y 7,7 billones de pesos, respectivamente. 

Entre 2018 y febrero pasado, el costo del aseo (grupos económicos Fanalca, Pescarmona y Torres-Barona, Hidalgo & Hidalgo, Mendoza y Caicedo ‒exsuperservicios‒, y Sacyr de España) ponderado para todas las localidades aumentó en 77%, 3,11 veces más que la inflación. 


Las mayores tarifas en los servicios públicos domiciliarios han empujado el gasto real de los hogares urbanos y rurales, donde este subió entre 2017 y 2021 en 17,3% y 119,8%, respectivamente. También aumentan los precios de la gasolina, el pasaje de Transmilenio y los arriendos, lo que diezma la capacidad adquisitiva de los hogares.

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En el mercado laboral la informalidad volvió a crecer entre finales del 2022 e inicios del 2023 y la generación de empleo se desacelera, reflejo del comportamiento general de la economía de Bogotá, donde el golpe más duro lo reciben las mujeres y los habitantes de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Kennedy, zonas donde este flagelo es muy fuerte con la juventud. 

Si el desempleo no aumenta con mayor fuerza es por la informalidad creciente desde octubre pasado y por las remesas, que llevan o mantienen a un grupo de personas en la inactividad económica. El empleo formal se estanca y el informal sube.

En materia empresarial, aunque crecen el número de unidades con matrícula activa en la Cámara de Comercio, las que tienen más de tres años sin renovar el registro mercantil completan cuatro de crecimiento permanente. Entre marzo de 2022 y marzo de 2023 subieron en 44%, al pasar de 95 mil a 137 mil. Eso es 9,5 veces más de lo que aumentaron el número total de empresas registradas en la ciudad. 

Hay un núcleo creciente de empresas bogotanas incapaces de pagar todas sus obligaciones legales, donde cuentan entre las razones que el costo del registro mercantil en Colombia es el más caro de América Latina, es muy regresivo ‒golpeando más duro a la micro y pequeñas que a las de mayor tamaño‒ y todos los años debe renovarse por un valor igual al de la inscripción, cosa que no sucede en ningún otro país de América Latina (Conpes 3956).

Bogotá sufre por un modelo económico que le limita las capacidades de creación de riqueza y aumenta la restricción presupuestal pública y privada. En las dos últimas décadas, por ejemplo, la capital ha pasado por un retroceso manufacturero en una ciudad que no logró consolidar su aparato industrial. 


Además, por el libre comercio son cada vez más los bienes consumidos de origen importado que desplazan a la producción interna y evitan la expansión de la base económica o dejan sin perspectiva de creación a actividades económicas estratégicas para la ciudad y la Sabana.

Los efectos de la mayor inversión en obras públicas de parte de la Alcaldía, que tuvo un impacto positivo en 2022, en 2023, 2024 y 2025 ya no se sentirá de la misma manera porque la administración distrital no tiene cómo sostener el ritmo de aumento de la inversión pública, en razón de que ya tiene al tope su capacidad de endeudamiento y los contribuyentes tienen una caja muy apretada. 

Además, se necesita que la Administración abra o amplíe frentes de gasto público que reduzcan el desempleo e impacten al consumo de los hogares que a la formación de capital ‒como sucede con las grandes obras de infraestructura‒.

La capital necesita que los TLC con Estados Unidos y la Unión Europa se renegocien en serio. Es necesario que, en frentes como la gasolina, la electricidad y el gas los precios dejen de subir y que los servicios públicos en general y el transporte público sean más accesibles, situación que para materializarse seguramente llevará a ampliar la base de transferencias públicas. 

También sería positivo replantear los contratos o sociedades público-privadas mediante las cuales agentes extranjeros capturan en exceso las rentas de esas actividades, haciendo todo más caro para la ciudadanía y diezmando la competitividad de la empresa no monopólica ni financiera. Y, ante todo, que el modelo económico nacional cambie de verdad y que en la Alcaldía de Bogotá se supere, mediante una especie de contrapeso de poderes, esa insana costumbre de ser caja de resonancia de las malas políticas económicas nacionales.