Compra de hoja de coca: una estrategia que podría agravar la crisis de los cultivos ilícitos
La compra de hoja de coca por parte del gobierno podría resultar peor que la enfermedad. Las hectáreas dedicadas a este cultivo han aumentado y la lucha contra los cultivos ilícitos parece no dar tregua.
El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la posible compra de hoja de coca. El pasado viernes 18 de octubre, durante la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario, el mandatario afirmó que: “En El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Nos van a caer rayos y centellas”.
El anuncio se produjo luego de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia y del Derecho entregaron los últimos resultados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI, que ponen en evidencia el fracaso de la política del Gobierno Petro, denominada “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”.
De acuerdo con el informe, la superficie dedicada al cultivo de hoja de coca en el país aumentó un 10% en el último año, mientras que el potencial de producción de cocaína creció un 53%, un fenómeno impulsado por el crecimiento de la demanda mundial en un 20% en la última década, entre otros factores internos. Sin embargo, por segundo año consecutivo se presenta una desaceleración en la tendencia de crecimiento que se registra desde el año 2014.
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En contraste con las cifras de producción agrícola legal los datos son alarmantes. El cultivo de la hoja de coca supera en área cultivada a productos de exportación como el banano o el aguacate; y de consumo interno como la papa o el tomate. De hecho, por cada hectárea sembrada de banano, hay casi tres de coca; por cada hectárea sembrada de aguacate, hay dos de coca; por cada hectárea sembrada de papa hay 1 y media.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó que la nueva Política de Drogas incluye herramientas clave para intervenir en los territorios. Esta política se enfoca en ocho ejes de trabajo que buscan generar oportunidades, impulsar alternativas de desarrollo económico local y combatir los eslabones del narcotráfico en todo el país, especialmente en las áreas donde persisten los cultivos, según el informe.
Críticas al programa de compra de hoja de coca
La propuesta de Petro de la compra de hoja de coca ha suscitado un intenso debate en la opinión pública nacional. En el Congreso de la República, las posiciones que respaldan al gobierno, como la del Representante Alejandro Ocampo, argumentan que la iniciativa es una oportunidad que merece ser explorada, mientras que opositores, como Diógenes Quintero, esta medida podría convertirse en un incentivo perverso que fomente la expansión de las actividades ilícitas.
Por otra parte, el jefe para Colombia de monitoreo en la Oficina de la ONU para la droga y el delito, Leonardo Correa, señaló que podría ser un incentivo en las zonas de cultivo, por lo que es un riesgo que se debe medir.
El último diagnóstico de la UNDOC sobre el estado de los cultivos de hoja de coca en el país muestra que cerca de la mitad (48%) se localiza en zonas de manejo especial: 20% comunidades negras, 14% reservas forestales, 10% resguardos indígenas y 4% Parques Nacionales Naturales.
Estas zonas, caracterizadas por su vulnerabilidad y pobreza, suelen estar fuera del control efectivo del Estado, lo que facilita su apropiación por actores armados ilegales. La falta de presencia estatal en términos de institucionalidad, seguridad y desarrollo sostenible ha permitido que estos territorios se conviertan en epicentros del cultivo de coca, exacerbando las tensiones sociales y ambientales.
Ante esta realidad, la propuesta de compra estatal de la hoja de coca corre el riesgo de incentivar aún más la expansión de los cultivos, sin abordar los problemas estructurales que perpetúan el narcotráfico y la violencia en estas regiones.
En este sentido, por las condiciones de Colombia y el estado de las negociaciones de paz y tras el fracaso del “Acuerdo Nacional”, los recursos públicos pueden terminar financiando actividades ilegales.
Las cuentas no dan para la compra de hoja de coca
Las cuentas económicas de la propuesta para la compra de la hoja de coca tampoco cuadran. De acuerdo con el portal Agronegocios, un kilo de hoja de coca está, aproximadamente, en $1.600. Mientras que el kilo de papa, por ejemplo, llega a $6.800; el de aguacate está en $6.300, y el de banano está casi en $4.560.
Por lo tanto, el valor de la hoja de coca es considerablemente inferior al de otros productos agrícolas tradicionales. Si el Estado decide comprar la hoja de coca a los campesinos a precios competitivos, tendría que destinar enormes recursos para cubrir una producción que sigue en aumento, mientras que los incentivos para cambiar a cultivos legales serían mínimos.
Además, al no existir una cadena de valor legal desarrollada para la hoja de coca, los costos de almacenamiento, procesamiento y transformación para su uso en productos lícitos resultarían insostenibles, haciendo que la propuesta sea financieramente inviable a largo plazo.
Fomentar la producción de coca no es el mejor negocio. De hecho, si un campesino quisiera ganarse el salario mínimo, con el kilo de hoja de coca a $1.600, tendría que cultivar por lo menos 812 kg al mes.
El 88% de los encuestados afirma haber realizado cuatro cosechas en promedio en el último año a su cultivo de coca. De manera que, si un campesino produce cuatro cosechas al año, necesitaría que cada una de ellas generara al menos 2,436 kg de hoja de coca solo para alcanzar el salario mínimo anual. Esto sin contar los costos asociados a la siembra, mantenimiento, y posibles pérdidas.
Por lo tanto, el incentivo económico para los campesinos es bajo en comparación con otros cultivos, y el impacto financiero para el gobierno sería insostenible si busca comprar toda la producción a precios que justifiquen abandonar los usos ilícitos.
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Dificultades presupuestales de la compra de hoja de coca
Si se evalúa la propuesta desde el lado de las finanzas del Estado, la propuesta no tiene sustento financiero. De acuerdo con las cifras de UNDOC y de Agronegocios, la producción de hoja de coca de El Plateado costaría unos $153.000 millones, correspondiente a 13.000 hectáreas. Y si se compra la hoja de coca cosechada en todas las hectáreas sembradas en el país, es decir, unas 253.000, la suma llega a $3 billones, una cuarta parte del objetivo de recaudo de la “Ley de Financiamiento”, la nueva Reforma Tributaria, que espera coordinadores ponentes en el Congreso para arrancar trámite.
Lllama la atención que en medio de las dificultades presupuestales actuales el gobierno ofrezca disponer de los recursos necesarios. Especialmente teniendo en cuenta que el ministerio de agricultura tuvo un fuerte recorte en el proyecto de presupuesto del 2025 por cuenta de la mala ejecución del último año, como afirma Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación.
Comercialización: la economía ilegal sobre la legal
Otra de las críticas se centra en el potencial de esta actividad económica como motor de desarrollo de las economías locales más afectadas por las economías ilegales. En primer lugar, porque las posibilidades de comercialización en los mercados internacionales enfrenta barreras que no se pueden superar en el corto plazo y sin grandes inversiones públicas y privadas.
Aunque la hoja de coca ha estado tradicionalmente ligada al narcotráfico, su potencial va mucho más allá de su uso ilícito. En las culturas indígenas andinas, se utiliza desde tiempos ancestrales como un estimulante natural para combatir el hambre, el cansancio y el mal de altura. Además, existen usos gastronómicos emergentes en Colombia, como la harina de coca que se emplea en la cocina tradicional y como complemento alimenticio.
También, sectores como la industria cosmética y farmacéutica han comenzado a explorar sus propiedades antioxidantes y analgésicas, lo que podría abrir nuevas oportunidades para su comercialización legal. Sin embargo, el estigma y la regulación internacional sobre esta planta siguen siendo los mayores desafíos para aprovechar su potencial de forma sostenible.
Un ejemplo de estas barreras se evidenció en el inicio de la COP 16, realizada en Cali por estos días. Para Gloria Crispin, “para la legislación colombiana importa que la hoja de coca esté excluida de la Convención de 1961”, puesto que es una barrera para que la hoja de coca y sus derivados sean de fácil comercialización.
Además, la producción actual emplea insumos altamente contaminantes en el terreno de fertilizantes, pesticidas, fungicidas y otros productos que lo excluyen de las medidas de promoción de producción orgánica, como el Pacto Verde.
Mala señal para los agricultores colombianos
Lo más llamativo es que el gobierno proponga comprar la producción de hoja de coca cuando se ha negado a comprar la sobreproducción de productos como leche, arroz, papa, maíz, entre otros.
Uno de los limitantes para la adopción de este tipo de medidas en la economía legal son los Tratados de Libre Comercio, que consideran que esta es una práctica anticompetitiva que altera las condiciones del libre mercado, por lo que es objeto de litigios o sanciones derivados de las estipulaciones de los tratados.
