Consulta popular Vs. reforma laboral liberal: la pugna política por las reformas sociales en Colombia

Ante el bloqueo legislativo que han enfrentado las principales reformas del gobierno de Gustavo Petro, el mandatario ha decidido apostar por una consulta popular como mecanismo para legitimar sus propuestas en salud y trabajo en un texto que está en elaboración. Esta jugada busca trasladar al electorado la decisión sobre algunas reformas que, en el Congreso, no han logrado avanzar. Sin embargo,  el Partido Liberal ha irrumpido con una «mini reforma laboral» que complica aún más el panorama preelectoral y el futuro de las propuestas sociales del gobierno.

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El referendo, la apuesta de Petro ante el bloqueo legislativo

La consulta popular pretende someter a votación ciudadana las reformas laboral y de salud que el presidente Petro ha defendido desde el inicio de su mandato. Según el Gobierno, estas reformas buscan combatir la desigualdad, limitar el poder de las aseguradoras privadas en el sistema de salud y garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores.  pero tiene el obstáculo de que la consulta debe tener una unidad temática

El umbral para que esta consulta popular sea válida es alto: al menos 13,5 millones de colombianos deben participar y, de estos, 6,8 millones deben votar afirmativamente para que las reformas queden aprobadas. Esta fórmula refleja la ambición del Ejecutivo por dotar a sus reformas de legitimidad popular ante la falta de respaldo en el Congreso.

Pero las dificultades procedimentales, el alto umbral requerido y el lanzamiento de la propuesta sin suficiente preparación, según muchos analistas parece una preparación de la próxima contienda electoral.

Una reforma costosa en medio de tensiones presupuestales

La iniciativa presidencial no ha estado exenta de críticas. Uno de los puntos más cuestionados es el elevado costo de la consulta popular, que podría oscilar entre 500.000 y 700.000 millones de pesos. Esta cifra duplica el gasto que implicó la Consulta Anticorrupción de 2018, y cubriría aspectos como logística electoral, capacitación de jurados, transporte e impresión de material.

En un contexto de restricciones fiscales, varios sectores han señalado que dichos recursos podrían destinarse a áreas más urgentes, como el fortalecimiento del sistema de salud o la infraestructura del sector defensa. La crítica no solo apunta al gasto, sino también a la necesidad de claridad en el diseño de la consulta. Expertos como el ex registrador Alfonso Portela han advertido que las preguntas del referendo deben ser accesibles, precisas y comprensibles para evitar una eventual anulación o confusión en el voto.

El Partido Liberal se adelanta con su propia reforma laboral

En un giro inesperado, el Partido Liberal presentó una «mini reforma laboral» en el Senado. La iniciativa incluye elementos coincidentes con la propuesta original del Gobierno, como la ampliación del horario nocturno y el incremento del recargo por trabajo en domingos y festivos. Sin embargo, la movida ha sido interpretada como un intento de ganar protagonismo político y adelantarse a la consulta popular, pero dejaría sin piso la consulta popular ya que estos dos temas serían centrales  en ella según el ministro del Trabajo.

El Pacto Histórico, bancada oficialista que respalda al presidente, ha rechazado de manera categórica esta propuesta. La representante María Fernanda Carrascal calificó la reforma liberal como “populista y oportunista”, mientras que la senadora Martha Peralta cuestionó la falta de consenso y diálogo, advirtiendo que el ambiente en el Congreso podría llevar incluso al retiro de las propuestas originales del Ejecutivo.

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Un panorama fragmentado y confuso

La coexistencia de dos propuestas —la reforma laboral del Partido Liberal y la que impulsa el Gobierno a través de la consulta popular— está generando un escenario complejo. En primer lugar, existe una pugna por el liderazgo en  la agenda política, lo que podría traducirse en una confusión para la ciudadanía sobre cuál propuesta será finalmente implementada. En segundo lugar, esta dualidad dificulta la construcción de un enfoque común que facilite el debate público y el diseño de la consulta.

La reforma laboral del liberalismo, aunque contiene puntos similares a la del Gobierno, representa un enfoque menos ambicioso y más limitado. Esto podría dividir al electorado entre quienes prefieren una solución pragmática aprobada en el Congreso y quienes aparentemente apuestan por una transformación más de fondo respaldada directamente por el voto popular, pero que no es fácil de explicar en forma sencilla y que podría contener aspectos muy polémicos.

Además, la estrategia del Partido Liberal pone en entredicho la necesidad misma de la consulta popular. Si el Congreso aprueba una versión moderada de la reforma, ¿seguirá teniendo sentido gastar más de medio billón de pesos en una votación nacional? Esta pregunta se convierte en un nuevo frente de debate político.

De caerse la propuesta de consulta ya sea en el Congreso o en la Corte Suprema o en la eventual votación sería un duro revés para el gobierno.